Inacción ante la complicidad de la policía y el crimen organizado

Colima, México, Avanzada (04/10/2022).- A pesar de que en las últimas dos décadas han brotado casos de colusión de agentes policiacos colimenses con la delincuencia organizada, hasta la fecha no existen evidencias de que los titulares del Poder Ejecutivo hayan tomado medidas efectivas para limpiar las corporaciones estatales.

Apenas el pasado 28 de septiembre, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva informó que más de cuarenta 40 elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) han sido dados de baja tras descubrirse que tenían vínculos con la delincuencia.

Como consecuencia de lo anterior, señaló, existen procesos iniciados de diferente índole, aunque no todos son de carácter penal, pues algunos son de tipo administrativo.

Según la mandataria, desde antes del arranque de la actual administración sabía “hay evidencia que la corrupción y la descomposición política provocó la operación impune de diversos grupos delincuenciales que se sentían amos y señores” y en el mejor de los casos esa situación se generó como resultado de omisiones de la autoridad, mientras que en el peor de los casos fue “con complicidades de las autoridades del pasado”.

Luego de lo anterior, dijo, también se revisará el funcionamiento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Sin embargo, hasta ahora no existen resultados de esa acción anunciada por la gobernadora Indira Vizcaíno Silva.

Y precisamente en relación con la complicidad de corporaciones policiacas y crimen organizado, en su rueda de prensa matutina de este lunes 3 de octubre el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló:

“Lo que se recomienda, pero no tenemos nosotros facultades, es que las autoridades locales procuren tener buenos secretarios de Seguridad Pública, y en su caso también buenos fiscales. Y esto significa gente íntegra: mujeres, hombres incorruptibles, que no se vinculen a la delincuencia, que sepan pintar su raya, la frontera entre delincuencia y autoridad, porque cuando ya hay contubernios y acuerdos ya no se garantiza la tranquilidad y la paz. Entonces, eso es lo que se recomienda nada más, que sean buenos funcionarios; sí es muy importante quiénes ocupan esos cargos, de Seguridad Pública y de Fiscalía”.

En 2013, durante el sexenio de Mario Anguiano Moreno, la entonces procuradora general de Justicia, Yolanda Verduzco Guzmán, entregó más de cuarenta agentes de la Policía de Procuración de Justicia a la Secretaría de Marina, que a su vez los canalizó a la Procuraduría General de la República (PGR), con el argumento de que se encontraban implicados con el crimen organizado.

Sin embargo, con el paso del tiempo, casi todos los agentes fueron puestos en libertad, porque no se respetó el debido proceso y las confesiones les fueron arrancadas bajo tortura. Por lo tanto, no se investigaron los señalamientos de manera seria, legal y profesional.

En 2005, mientras tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 09/2005, sobre el caso de la desaparición forzada de Alejandro Martínez Dueñas, José de Jesús González Medina y Gabriel Sánchez Sánchez.

En esa recomendación, el organismo humanitario evidenció que en la desaparición de las víctimas participaron agentes de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en complicidad con miembros de una organización del crimen organizado que operaba en la región de Michoacán y Colima.

A pesar de que la CNDH recomendó a las autoridades colimenses y a la PGR investigar a fondo el asunto, éste quedó en la impunidad.