Casos Indira y “Alito” salpican de ilegalidades a partidos en el Congreso local

Colima, México, Avanzada (30/06/2022).- Este miércoles los partidos políticos representados en el Congreso del Estado se lanzaron acusaciones cruzadas de delitos electorales, a partir de la violación de la veda electoral cometida por la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva, y los audios del presidente nacional del PRI, Alejandro (“Alito”) Moreno Cárdenas, donde existen indicios de ilegalidades en el manejo de los recursos públicos destinados a campañas políticas.

Por una parte, la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado presentó el dictamen relativo a las infracciones cometidas por la mandataria, luego de que la Sala Regional del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  (TEPJF) le ordenó determinar “lo que corresponda” en torno a esos hechos.

Por mayoría de votos, los de Morena y sus partidos aliados, el Congreso determinó que fueron infracciones “leves (no graves)” las de Indira Vizcaíno y únicamente le enviaron un exhorto para que se conduzca conforme a la ley.

La Sala Regional había determinado que Vizcaíno violó la ley al participar en un desplegado difundido el 12 de marzo en redes sociales, firmado por gobernadores y gobernadoras en el que dieron su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador ante una resolución del Parlamento Europeo, así como una publicación difundida el 10 de febrero en redes sociales por parte de la gobernadora en la que anuncia la visita a Colima del titular de la Secretaría de Marina, José Rafael Ojeda Durán, así como una reunión de trabajo en la que se llevaron a cabo acciones de coordinación en materia de seguridad.

Ante el dictamen de la Comisión de Responsabilidades que prácticamente exoneró a la gobernadora al no aplicarle ninguna sanción, los diputados del PRI y del PAN votaron en contra, con la abstención de Hilda Lizzette Moreno Ceballos.

En su intervención, el diputado priista Héctor Magaña Lara calificó al dictamen como “bastante improvisado”, que “no cumple con lo ordenado por la autoridad electoral”, pues “la Sala Regional fue clara y tajante en el sentido de que la violación a la ley estaba acreditada”.

Señaló que es un dictamen “mal hecho, sin fundamento legal, que no sanciona y busca exonerar a la gobernadora”, pero “aunque este Congreso trate de limpiar su imagen, su nombre ya está inscrito en el catálogo de sujetos sancionados por la Sala Regional como infractora por haber hecho difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido”.

En otro momento de la sesión del Congreso, los diputados morenistas y sus aliados arremetieron contra el PRI al aprobar con su mayoría un punto de acuerdo con un exhorto para que “se lleven a cabo las investigaciones pertinentes a fin de aclarar hechos, deslindar responsabilidades y en su caso, formular las denuncias correspondientes por los posibles hechos de corrupción, lavado de dinero y la posible comisión de delitos electorales a cargo de Alejandro Moreno Cárdenas y de Carlos Arturo Noriega García”. 

Leído en la tribuna por la diputada Yommira Jockimber Carrillo Barreto, el punto de acuerdo señala que el martes por la noche “la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, nos brindó una nueva joya que representa una fotografía de cuerpo entero de ese fósil corrupto que es el PRI, pero que, además, nos da unas pistas interesantes sobre la forma de proceder de ciertos actores políticos locales”.

Se refirió al presunto mal manejo de recursos entregados al PRI para la campaña política de 2021, de los que se realizaron pagos en efectivo para evitar dejar rastro de las operaciones financieras, y se enviaron a Colima al menos un millón de pesos en efectivo para la campaña por la alcaldía de Colima, que habría sido recogido por el exsecretario de Finanzas del gobierno estatal y actual diputado priista Carlos Arturo Noriega García.

Por lo anterior, el Congreso local dio vista a la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, de la Fiscalía General de la República, y a la Unidad Especializada en Delitos Electorales, de la Fiscalía General del Estado de Colima para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, lleven a cabo las investigaciones pertinentes a fin de aclarar hechos.

Dicho documento fue sometido a consideración de la asamblea por parte de las y los diputados de Morena, del Partido Verde Ecologista de México, de Movimiento Ciudadano, así como del partido Nueva Alianza y del Partido del Trabajo.