Colima, México, Avanzada (24/06/2022).- El miércoles, un juez federal vinculó a proceso a Ismael Ramos Flores, exsecretario de Finanzas en Coahuila en el sexenio del priista Ruben Moreira, por suscribir contratos indebidos por 475 millones de pesos para financiar las campañas del PRI a través de un esquema parecido a la “Operación Safiro”, en la que presuntamente participó el gobierno de Colima durante la administración de Ignacio Peralta Sánchez, pero a diferencia de lo que sucede en el estado del norte, en la entidad no existe ninguna investigación abierta por este tema.
En noviembre de 2017, la organización Mexicanos contra la Corrupción documentó que siete gobernadores priistas, entre ellos, Ignacio Peralta Sánchez participaron en un desvío de recursos para financiar las campañas del PRI.
De acuerdo a la información de Mexicanos Contra la Corrupción, en el 2016 el gobierno de Colima desvío 15 millones de pesos a cuatro empresas fantasma relacionadas con el PRI nacional, durante ese periodo el titular del Ejecutivo era Ignacio Peralta Sánchez y el secretario de Finanzas, Carlos Arturo Noriega García, actual diputado plurinominal del PRI.
El primer movimiento se realizó el 26 de mayo de 2016, cuando la secretaría de Finanzas estatal autorizó dos transferencias por 3 millones 163 mil 896 pesos a la cuenta 413881595 de Banorte, a nombre de la empresa SINNAX, considerada como fantasma por Mexicanos contra la Corrupción.
Ese mismo 26 de mayo, el gobierno colimense envío otros 2 millones 174 mil pesos a la cuenta 413881607 del mismo banco, a nombre de la empresa: SISAS.
SINNAX tenía como accionista a un ex policía del Estado de México (detenido por robo) y la segunda, SISAS, a la hija del policía, con domicilio en una casa de la colonia San Pedro Xalpa, en Azcapotzalco. Ambas firmas han sido señaladas por el SAT por operaciones simuladas.
La organización civil también documentó que Novanight S.A. de C.V recibió del Gobierno de Colima cuatro transferencias en marzo de 2016 por un total de 9 millones 803 mil pesos.
Como administradora de la empresa aparecía Sandibel Gallardo, pariente del policía, y residente en el barrio San Antonio Xahuento, en el municipio de Tultepec, Estado de México.
La investigación periodística reveló que los desvíos de recursos públicos para financiar las campañas del PRI se hicieron a través de 12 empresas fantasmas y participaron los gobiernos de los estados de Chihuahua, Durango, Sonora, Morelos, Colima, Estado de México y la delegación Milpa Alta.
Ayer, el periodista Juan Omar Fierro a través de Aristegui Noticias informó que un juez federal de control vinculó a proceso al ex secretario de Finanzas del Gobierno de Coahuila, Ismael Eugenio Ramos Flores, por la suscripción indebida de 18 contratos públicos por un monto de 475 millones de pesos que fueron asignados a una red de empresas que compitieron entre sí durante procesos de licitación restringida.
Los 18 contratos bajo investigación fueron firmados por Ramos Flores entre febrero y marzo del 2016 por conceptos de asesoría y análisis en diversos rubros y se pagaron con recursos federales provenientes del ramo 23.
Menciona también que previamente, se firmaron dos convenios entre el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto con el gobierno de Coahuila a través de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), cuyo titular era el asesinado Isaac Gamboa Lozano, relacionado con la “Operación Safiro” para el financiamiento de campañas electorales del PRI en 2016 y 2017.
En el caso de Colima no existen denuncias penales por este hecho ni en la Fiscalía General del Estado ni en la Fiscalía Anticorrupción y tampoco se ha informado si los recursos públicos que el gobierno de Colima envió a empresas fantasmas eran federales o estatales.