Ladrón mata ladrón vs Guardia Nacional

Escrito por: Federico López Ramírez
   Se necesita un asesino para controlar a los asesinos; un ladrón para controlar a los ladrones; un violador para controlar a los psicópatas sexuales; y así sucesivamente… fue la política aplicada desde hace tres sexenios de gobernadores priistas  y lo que va del presente –interinos incluidos en el mismo paquete- y los resultados ya los tenemos a la vista: la sociedad colimense fracturada por la violencia de todo tipo. Ya han aflorado, literalmente, 69 cadáveres, de las fosas descubiertas en Santa Rosa, municipio de Tecomán, Colima. 

   Toda causa tiene un efecto. En el sexenio de Fernando Moreno Peña se apostó por un régimen de terror como una forma de control de la delincuencia común y del crimen organizado y los efectos inmediatos los vivimos en su sexenio y el daño estructural está emergiendo de las fosas clandestinas que nos informan del tamaño del problema que se administró por medio del miedo, la represión soterrada y la tortura, que provocó el haber colocado en el mando de la Procuraduría de Justicia del estado a un asesino del tamaño de José Antonio Sam López (miembro destacadísimo de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad) y que en los sucesivos gobiernos priistas dejaría al mando a sus alumnos más avanzados desde el breve gobierno de Gustavo Vázquez hasta Peralta Sánchez, pasado por  Silverio Cavazos y Mario Anguiano Moreno.

   Pedro Zamora Briseño en su libro El dedo en la herida, documenta –parte de este periodo- como estos gobiernos tuvieron como denominador común la violación de los derechos humanos, por parte de las autoridades encargadas de cumplir y hacer cumplir la ley, en algunas de sus manifestaciones más indignantes y dolorosas: homicidios, tortura, violencia psicológica y denegación de justicia.

   No por algo, el recientemente fallecido licenciado Guillermo Ruelas Ocampo, repetía una y otra vez que Sam López no era un procurador sino un policía –con pésima reputación-.

    El desastre en el que nos encontramos responde a los 22 años en que Colima ha carecido de verdaderos procuradores y que en su lugar se han puesto policías con las prácticas antes mencionadas.

   El pri para redondear su faena, con su gobernador en turno, creó la policía estatal para tener el control absoluto de la seguridad en Colima. Los panistas que se encontraban en las presidencias municipales entonces fueron incapaces de articular una política de seguridad coherente y consistente que contrarrestara el monopolio autoritario priista. Con la honrosa excepción de Jesús Dueñas en el municipio de Villa de Álvarez, que algo intentó y articuló. Los panistas de esa época, hoy dan pena, pues hay que recordar que entre el año 2000 y el 2012 tuvieron en sus manos la presidencia de la República y, ni así, fueron capaces de articular una acción política en materia de seguridad pública. La historia de lo inmediato ya los puso en su lugar.

   Hoy en día esos mismos, que fueron incapaces de articular políticas de seguridad que contuvieran a la delincuencia común y al crimen organizado, se desgarran las vestiduras para que el actual presidente de la República ponga en acción un cuerpo policiaco denominado Guardia Nacional. Y están haciendo todo lo posible para bloquear la implementación este órgano argumentando el carácter militarizado en su operación y mandos. La verdad es que ellos fracasaron y el cuidado de los derechos humanos nunca fue su prioridad pues desde el año dos mil a la fecha los derechos humanos han sido pisoteados por cada uno de los gobiernos de Fox, Calderón y Peña.

   ¿Por qué urge la Guardia Nacional?, porque el país y Colima están seriamente amenazados por la elevada violencia. Porque Colima se encuentra entre los estados con altos índices de violencia: muertos, violaciones y feminicidios y desaparecidos cada día en aumento. Un estado tan chico como Colima contabiliza hoy 600 desaparecidos y 69 muertos encontrados en fosas clandestinas.

   El actual gobierno federal necesita pacificar al país porque los ciudadanos así lo demandan y éste ha iniciado una estrategia que contempla: erradicar la corrupción; garantizar empleos, salud y educativas; respeto a los derechos humanos; regeneración ética y moral de la sociedad; replanteamiento del combate a las drogas despenalizando el consumo; reconstrucción de la paz con base en la verdad, la justicia y la reconciliación; recuperación y dignificación de las cárceles; y la creación de la Guardia Nacional.

   La Guardia Nacional será el instrumento de la prevención del delito; otro eje será la recuperación de los espacios públicos y; finalmente, robo, extorción, secuestro, homicidio, feminicidio y el tráfico de personas, entre otros, serán los delitos a los que se avocará a combatir en forma inmediata.

   La Guardia Nacional será el instrumento coercitivo con el que pretende el gobierno federal pacificar el país. Está claro, a estas alturas del partido, que la vía debe ser la pacificación por medio del convencimiento y la reconstrucción del tejido social, pero el Ejecutivo Federal debe contar con un aparato policiaco que disuada a los criminales y en caso necesario aplicar la fuerza legítima del Estado.

   Cuando Calderón y Peña usaron al ejército en labores policiacas la comentocracia aplaudió como foca (cuando su uso tuvo una frágil fundamentación legal). Hoy se desgarran las vestiduras y están luchando por evitar la creación de la Guardia Nacional. Su objetivo es claro buscan el fracaso del go bierno  a cualquier costo. Las víctimas y el desmantelamiento del país es lo que menos les importa.

   El sentido del humor de los memes lo ilustra muy elocuentemente: si AMLO iniciara una lucha contra el dengue la oposición estaría a favor de los mosquitos. Ya los imagino intelectualizando estupideces como la protección de mosquito para evitar el desequilibrio ecológico (no importando los humanos que murieran) pues ante todo el mosquito tiene sus derechos. Los humanos –dirían con una gravedad solemne- “son daños colaterales”. 

   La decisiones, tomadas en Colima hace 22 años, nos alcanzaron y aquellas políticas de seguridad que fueron muy efectivas a corto plazo por brutales, horrorosas, macabras y excesivas, pero resultaron catastróficas en el mediano y largo plazos.

   En los albores del siglo XXI el diputado Jaime Sotelo García en su posicionamiento como miembro de la fracción parlamentaria del PRD le dijo al entonces gobernador Fernando Moreno Peña “Sr. Gobernador: Armando Guízar, Manuel Gonzáles, Miguel Macías, José Ma. Ávila Guízar, Alejandro Martínez, Jesús Gonzalez y Martín Rivera, algunos nunca se vieron, ni se conocieron, pero tienen algo en común, hoy están muertos: fueron asesinados en un estado tan seguro como Colima, donde de acuerdo a informaciones periodísticas, los narcotraficantes sostienen enfrentamientos a plena luz del día. En Colima, se hizo cierta la premisa de Jesús Blancornelas de que a las ciudades primero llegan los capitales bajo sospecha y después los muertos. Aquí ya llegaron los muertos. En Colima ya experimentamos lo que es la politización de la procuración de la justicia…”

   ¿Dónde estarán los antes mencionados?, no lo sé, pero no recuerdo explicaciones convincentes de sus desapariciones.

   Muchos años después descubrimos que la paz, de aquellos tiempos, eran tan cierta como el control operativo y político que tenían de las instituciones de seguridad y tan verdadera como el chayote que repartían a los dueños de la prensa.

   Y todavía se atreven a frenar la aprobación de la Guardia Nacional.

   Los ciudadanos requerimos seguridad y que los políticos se dejen ya de lucrar con la tranquilidad de los ciudadanos.