Durante décadas, el sector público local —en todos sus niveles— ha mostrado ineficiencia, insuficiencia e ineficacia para resolver los problemas públicos y atender las necesidades de la población colimense. La acción gubernamental ha estado caracterizada por la discrecionalidad y la opacidad en el manejo de los recursos públicos, la operación cotidiana con base en rutinas e inercias burocráticas contrarias a los propósitos originales de la función pública, el predominio de la ocurrencia y la improvisación en el diseño de políticas públicas, así como la ausencia de un proyecto de mediano y largo plazo que articule y oriente las acciones y programas de gobierno. En consecuencia, las instituciones públicas han sido incapaces, en gran medida, de cumplir con las expectativas sociales y alcanzar los propósitos para las que fueron creadas.
También durante décadas, la solución a esos problemas administrativos, financieros y técnicos del sector público local ha querido ser encontrada, principalmente, en los mecanismos de accesoal poder. Las esperanzas de cambio —de gobiernos funcionales, honestos y competentes— se renuevan en las elecciones cada tres o seis años. Ahora sí, la alternancia o la o el candidato impulsará los cambios necesarios para mejorar la calidad gubernamental y acabar con la opacidad y la corrupción. Lamentablemente, más pronto que tarde, la ciudadanía es testigo como esas esperanzas comienzan a desmoronarse cuando los gobernantes entrantes se apropian de las instituciones para repartir, con base en sus criterios y preferencias, los cargos y recursos públicos. O cuando muestran incapacidad para articular, presentar, justificar y discutir con la población las políticas públicas que habrán de ser diseñadas e implementadas para resolver los problemas y atender las necesidades de la población. Volvemos, otra vez, a las condiciones (la opacidad, la discrecionalidad, la falta de profesionalización, etc.) que originan la ineficiencia e ineficacia gubernamental.
Parte importante del problema es que, enfocados en los “grandes” momentos de acceso al poder (la elección, la alternancia, la revocación, etc.), los momentos cotidianos del ejercicio del poder han pasado desapercibidos. Con ello me refiero a que las causas que lastiman y merman el desempeño del sector público pueden ser atendidas mediante reglas y mecanismos orientados a robustecer y mejorar la calidad gubernamental. El asunto no es menor, la inexistencia de estos mecanismos y reglas genera las condiciones para que la ciudadanía pueda aspirar, en el mejor de los casos, a buenos gobiernos solo de manera intermitente y esporádica. Por ello, el desafío consiste en generar las condiciones y capacidades necesarias para asegurar que los gobiernos manejen los recursos con criterios de transparencia y rendición de cuentas; integren funcionarios capaces, especializados y profesionales; diseñen políticas públicas exitosas; y que exista estabilidad en la implementación de proyectos de mediano y largo plazo.
Así, a la apropiación, mediante la opacidad y la discrecionalidad, de los recursos públicos deben oponerse reglas claras de transparencia y rendición de cuentas; a la selección de servidores públicos con base en criterios políticos y afinidades personales deben oponerse criterios claros y explícitos, basados en el mérito y la profesionalización, para ingresar y permanecer en el servicio público; a la ocurrencia e improvisación en las políticas públicas deben oponerse criterios técnicos en el diseño de programas, así como mecanismos claros y funcionales de monitoreo y evaluación; y a la rotación de personal (que vulnera las capacidades de los proyectos de largo alcance) deben generarse condiciones de estabilidad y especialización.
A poco más de seis meses de ocurrir la primera alternancia política en el gobierno del estado y de la renovación (o ratificación, en caso de reelección) de los H. Ayuntamientos y del poder legislativo, ningún gobierno local muestra acciones para atender las condiciones que favorecen y reproducen los problemas administrativos, financieros y técnicos del sector público local —es claro que son mínimos los incentivos que tienen para hacerlo—. Por ello, resulta necesario abrir y ampliar espacios ciudadanos para discutir a profundidad los problemas de la gestión gubernamental local. El reto es consolidar gobiernos locales competentes, transparentes y democráticos.