EDITORIAL Alcaldesa bajo ataque político

El lamentable secuestro y asesinato de Mayra Jazmín, una estilista de 19 años de edad, fue utilizado por los adversarios políticos de la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, para atacarla y tratar de desacreditarla, únicamente por la presunción de que los victimarios de la joven habrían sido elementos de la Policía Municipal de Manzanillo.

Llama la atención que no pasó mucho tiempo después del hallazgo del cuerpo de la víctima para que algunos medios ya estuvieran manejando la información en ese sentido, con datos que, de ser ciertos, sólo parecerían haber sido extraídos de la carpeta de investigación del caso, documento que se encuentra bajo reguardo de la Fiscalía General del Estado (FGE).

No es un secreto el enfrentamiento que ha mantenido la alcaldesa con la FGE, sobre todo después del atentado sufrido por la edil, que no ha sido resuelto por la instancia investigadora. Griselda Martínez ha sido además una funcionaria que no se ha plegado frente al gobernador priista saliente, José Ignacio Peralta Sánchez, ante quien ha defendido la autonomía del municipio que gobierna y para el que fue reelecta por tres años más.

También, la presidenta municipal durante su ejercicio gubernamental ha desafiado a los poderes fácticos que por mucho tiempo han sacado provecho de un municipio tan dinámico en lo económico como Manzanillo.

Sin embargo, quienes quisieron utilizar políticamente el caso de Mayra Jazmín para atacar políticamente a la alcaldesa recibieron la tarde de este martes una respuesta contundente, que prácticamente los dejó sin argumentos.

Mediante un mensaje difundido a través de un video en las redes sociales, Griselda Martínez se comprometió a no solapar a nadie y exigir todo el peso de la ley, en caso de que las autoridades declaren culpables a los policías de Manzanillo.

Aunque aclaró que la FGE no le había informado sobre la probable responsabilidad de los agentes, ni tendría por qué hacerlo, la edil insistió en su disposición para colaborar totalmente con la Fiscalía para que se llame a cuentas a los responsables de esos hechos que “no ofenden a una sola familia, sino a toda la sociedad”, porque “no podemos permitir que un servidor público, como es un policía, que se le entrena para defender a la gente, para usar un arma, para defender la vida de los demás, vaya en contra de lo que se le instruyó, se le capacitó y para lo que se le paga”.

Además, Griselda Martínez ofreció ponerse al servicio y a las órdenes de la familia afectada para “dar seguimiento a este tema y no vaya a quedar impune”. 

Dio a conocer que, a riesgo de su propia vida, a lo largo de su administración ha efectuado una seria depuración de la corporación policiaca, que “estaba muy contaminada”, por lo que han sido dados de baja más de cien policías.

Pero no fue todo, pues también precisó que todos los elementos policiacos de la entidad son calificados y evaluados por personal que depende directamente del secretario general de Gobierno, ante lo que cuestionó las razones por las que se sigue acreditando a elementos que terminan cometiendo delitos contra la propia población a la que deben servir.

De esta manera, la alcaldesa se desmarcó con argumentos sólidos de las versiones endebles que pretendieron descalificarla a partir de actos en los que ella no tiene responsabilidad alguna.