Colima, México, Avanzada (15/07/2021).- Aunque en teoría los diputados locales son los representantes del pueblo, en la práctica las cosas son muy diferentes, por lo menos en el estado de Colima. Desde el pasado 12 y hasta el 23 de julio, los 25 legisladores se encuentran de vacaciones, mientras la población y diversos colectivos organizan marchas, elaboran pronunciamientos y exigen a las autoridades garantizarles la seguridad ante el incremento de feminicidios, transfeminicidios y desapariciones de personas.
Pese a la crisis de seguridad por la que atraviesa el estado y el incremento de los feminicidios, en el Congreso del Estado, hasta el momento no existe ninguna reunión de trabajo programada con el gobernador, Ignacio Peralta Sánchez, el Fiscal General, Gabriel Verduzco y el resto de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad a los colimenses para conocer las acciones que están implementando con la finalidad de garantizarle la seguridad a los colimenses.
La falta de un pronunciamiento del Poder Legislativo ante los hechos violentos se debe a que los diputados aprobaron un acuerdo parlamentario para suspender las labores entre el 12 y hasta el 23 de julio a pesar de que el 40 por ciento de ellos solicitó licencia durante la campaña política y regresó a las actividades legislativas el pasado mes de junio.
Actualmente en el Poder Legislativo existen 220 iniciativas de ley que no han sido dictaminadas por las comisiones respectivas y llevadas al pleno para su aprobación; tampoco se presentó la reforma a la Ley Orgánica del Congreso con la finalidad de profesionalizar la labor legislativa y castigar económicamente a aquellos legisladores faltistas.
Los diputados integrantes de la actual legislatura concluirán sus labores legislativas el próximo 30 de septiembre, es decir, prácticamente en dos meses. Cada uno de los 25 diputados locales tiene una dieta mensual de 77 mil 476 pesos, además reciben cada mes: 29 mil 493 pesos por presidir una comisión dentro del Poder Legislativo; en esta partida se incluyó lo que antes se les pagaba para celular y gasolina, percepciones mismas que no desaparecieron sólo cambiaron de nombre.
El pasado fin de semana se realizaron dos marchas ciudadanas para exigir el esclarecimiento de los asesinatos de Martha, una menor de 16 años de edad, y Valeria, una mujer trans.
Así también, el Centro de Apoyo a la Mujer alertó sobre la emergencia estatal que vive Colima por el incremento de los feminicidios y documentó que de mayo a la fecha, nueve mujeres fueron víctimas. El mismo CAM solicitó al Poder Legislativo darle seguimiento a los casos y garantizar que no existan más feminicidios, pero también, acabar con la impunidad.