EDITORIAL: La fallida obra de un gobierno fallido

La fallida remodelación de la Calzada Galván quedará como una evidencia irrefutable de un gobierno fallido, que a la mitad del sexenio está haciendo agua, con un gobernador ausente, preocupado más por los negocios de las concesiones y privatizaciones que por conducir al estado por una ruta benéfica para la población.

Después de anunciar con bombo y platillo la obra de la Galván, en cuya primera etapa se informó un gasto de 40 millones de pesos, el gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez se ve obligado a recular, sin más opción que aceptar los errores cometidos en una de las principales vialidades de la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez.

Se trató de una obra impuesta por el capricho gubernamental, sin escuchar las voces de diversos sectores de la sociedad que desde un principio mostraron su descontento y advirtieron las inconveniencias de realizar una obra de esa manera, que únicamente se ha convertido en un cuello de botella para miles de vehículos que diariamente circulan por esa vialidad.

Ni siquiera ha pasado un año de que fue entregada la primera etapa de la remodelación y ya fueron anunciadas modificaciones derivadas de las fallas del diseño del proyecto, situación que necesariamente tendrá un impacto en el erario de la entidad.

Ante este panorama, es indispensable que los diputados locales —como ya algunos de ellos lo han anunciado— ordenen una investigación encaminada a deslindar responsabilidades y castigar a los responsables, así se trate del mismo gobernador José Ignacio Peralta como último responsable de lo que hacen sus subalternos, porque nadie podrá negar que se cometieron anomalías de las que lo menos que se puede decir es que hubo daño a la hacienda pública.

Sin embargo, este caso apesta a corrupción, por lo que en primera instancia tendría que indagarse la posibilidad de que los recursos públicos que se anunciaron como inversión realmente se hayan aplicado de manera cabal a esta obra y si no fue así, esclarecer el destino del dinero que haga falta y aplicar las leyes por el delito de peculado o lo que resulte.

Pero esto no sería todo, porque aún en el caso de que los cuarenta millones de pesos hayan sido gastados realmente en la obra, tendría que investigarse quiénes fueron los proveedores y si realmente se seleccionó a quienes garantizaban la mejor calidad y el mejor precio de los insumos y materiales.

Y si de lo anterior hay cuentas impecables, faltaría todavía determinar la responsabilidad en la falla del proyecto que ahora es necesario corregir. Tendría que determinarse la responsabilidad en la que incurrieron los autores materiales del proyecto, si realmente cumplían el perfil para ese trabajo, y también sería necesario establecer la responsabilidad de quienes lo aprobaron, desde funcionarios menores hasta la cúpula gubernamental.

No hay que perder de vista que la ineptitud, la incapacidad, la negligencia y la omisión también son formas de corrupción que no deben ser toleradas en una sociedad que está despertando, que vigila cada vez con mayor rigor a los servidores públicos.

Si no pueden con el puesto que están desempeñando, mejor renuncien y no sigan causando daño a la sociedad colimense.