Irregularidades millonarias en Colima sin castigo para responsables

Colima, México, Avanzada (06/08/2018).- Pese a que en Colima cada año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hace señalamientos al gobierno del Estado por el uso irregular de recursos federales, no existe un informe público que permita conocer cuánto dinero se recuperó y qué tipo de sanción se aplicó para los presuntos responsables.

Peor aún, en la PGR entre el 2014 y 2015 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso ocho denuncias en contra del gobierno de Colima por la simulación de reintegros de recursos federales, pero ninguna de ellas ha prosperado y a los presuntos responsables no se les fincó ninguna sanción.

Lo anterior a pesar de que el Gobierno de Colima deberá reintegrar a la federación 798 millones de pesos; la mayoría de esos recursos, más de 678 millones de pesos, corresponden al Fondo de Aportaciones a la Educación Básica (FAEB), que fueron ejercidos por la Secretaría de Educación de Colima, durante el tiempo que estuvo al frente de la dependencia, Guillermo Rangel Lozano.

En tanto que por el uso indebido de recursos por parte de la Secretaría de Salud, el gobierno estatal debe reintegrar a la Federación 115 millones 638 mil pesos; las irregularidades se cometieron durante el periodo de Agustín Lara Esqueda.

Ninguno de los dos funcionarios del sexenio de Mario Anguiano Moreno, es decir, Guillermo Rangel Lozano y Agustín Lara Esqueda tienen procedimientos abiertos, ni por la Contraloría del Estado, ni el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG).

Debido a la ausencia de castigo, el Instituto Mexicano para la Competitividad propuso otorgarle a la ASF autonomía y facultades para que pueda interponer denuncias, darle seguimiento y promover recursos en caso de que exista dilación de la justicia.

Además, el IMCO señaló que era urgente destinar mayores recursos a la ASF para que pudiera tener representación en los estados, y para que no dependa de las Contralorías de los Gobiernos estatales, quienes muchas veces, actúan por voluntad política en la recuperación de los recursos económicos y la promoción de sanciones.

Hasta la fecha los diputados federales no han tomado en cuenta la petición del IMCO.