Gobierno intenta justificar la protección al exgobernador MAM por el cobro de 515 MDP

Colima, México, Avanzada (03/09/2020).- La secretaría de Planeación y Finanzas argumentó que su negativa para entregar información sobre el crédito fiscal por 515 millones de pesos que le debe cobrar al ex gobernador Mario Anguiano Moreno,  se debe a que se “afectaría el debido proceso” y se vulneraría el procedimiento en tanto no haya causado estado.

Sin embargo, el juicio en contra del ex mandatario colimense ya concluyó y el Tribunal Colegiado Trigésimo Segundo de Distrito ratificó la sentencia en contra del ex gobernador, por lo tanto, la secretaría de Planeación y Finanzas a cargo de Carlos Noriega García sólo debe cobrar los 515 millones de pesos al exmandatario colimense.

De acuerdo a la sentencia del Tribunal Colegiado, la justicia federal negó el amparo que promovió el exgobernador, Mario Anguiano Moreno para combatir las sanciones que le impuso el Congreso del Estado y quedó firme la inhabilitación para ocupar cargos públicos hasta por 14 años y la sanción económica por 515 millones 174 mil 928 pesos.

El pasado 16 de agosto, a través de una solicitud de Transparencia se pidió a la secretaría de Finanzas las fechas de pago que acordó con el ex mandatario colimense para cubrir los 515 millones de pesos, sin embargo, la secretaria estatal sentenció que la información se clasificó como confidencial y sólo podría tener acceso a ella, el propio ex mandatario o sus representantes.

En tanto, en un boletín de prensa la secretaría de Finanzas señaló que el procedimiento administrativo de ejecución de la multa de 515 millones de pesos contra el ex gobernador Mario Anguiano Moreno debe reservarse, pues de entregarse la información se violaría el debido proceso para el sancionado, informa la Secretaría de Planeación y Finanzas (Seplafin).

El mismo comunicado refiere que la divulgación de la información a terceros, relacionada con el procedimiento administrativo de ejecución instaurado por la Seplafin generaría un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo para el interés público, siendo el riesgo de entregar la información mayor que las ventajas de su difusión, afectando los derechos del debido proceso y vulnerando la conducción de este procedimiento en tanto no haya causado estado.

Después argumenta que se debe proteger los datos personales. Sin embargo, la secretaría de Finanzas está obliga a elaborar una versión pública sobre la información donde se protejan los datos personales, según el Consejo Nacional del Sistema de Transparencia y Acceso a la Información Pública.