La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reportó incrementos patrimoniales injustificados superiores a los 7.2 y 6.5 millones de pesos en dos casos distintos, mientras el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso inhabilitaciones de hasta 20 años a exservidores públicos del centro tecnológico.
Ciudad de México, Avanzada (04/07/2026).- Dos exfuncionarios federales fueron vinculados a proceso penal por su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito, luego de que investigaciones sobre la evolución de su patrimonio revelaran incrementos que no lograron justificar, informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
El primero de los casos corresponde a Ramón “N”, quien ocupó el cargo de subdirector en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), en Baja California. Según la dependencia, la revisión patrimonial en su contra documentó un crecimiento injustificado de 7 millones 268 mil 750 pesos, registrado entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de abril de 2017. Con base en esos hallazgos, la Secretaría presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República, y un juez de Control con sede en Ensenada resolvió vincularlo a proceso.
El segundo caso es el de Armando “N”, quien se desempeñó como jefe de departamento en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De acuerdo con la dependencia, la investigación detectó un incremento patrimonial no justificado por 6 millones 500 mil 496 pesos, ocurrido entre el 1 de enero de 2010 y el 15 de mayo de 2017. Tras la denuncia presentada por la Secretaría, un juez de Control con sede en la Ciudad de México determinó vincularlo a proceso y le impuso como medida cautelar la presentación periódica ante la autoridad correspondiente.
La dependencia subrayó que ambos exfuncionarios conservan la presunción de inocencia que marca la ley, por lo que los procesos judiciales continuarán su curso conforme al debido proceso, con la presentación de pruebas y alegatos por parte de las partes involucradas.
En el marco de las acciones de combate a la corrupción, la Secretaría dio a conocer además que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) sancionó a dos exservidores públicos del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec) por incurrir en faltas administrativas graves.
Carlos R., quien se desempeñaba como gerente de Consultoría de Negocio, fue inhabilitado por 20 años para ejercer cargos públicos y recibió una sanción económica de 10 millones 909 mil 784 pesos. Por su parte, Hilda M., quien fungía como directora adjunta de Administración, fue inhabilitada por 10 años y sancionada con el mismo monto económico.
De acuerdo con la Secretaría, ambos fueron encontrados responsables de abuso de funciones y de la realización de actos indebidos relacionados con la asignación de recursos financieros dentro de la institución. La dependencia recordó que, como parte de sus derechos, las personas sancionadas pueden impugnar la resolución ante las instancias correspondientes.