Destapan red de “aviadores” en el Edomex: desviaron más de 96 mdp con maestros fantasma

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México logró la vinculación a proceso de 26 personas señaladas de operar, desde 2021, una red de plazas laborales falsas en dependencias estatales, con la cual habrían desviado más de 96 millones de pesos entre enero de 2025 y febrero de 2026.

Ciudad de México, Avanzada (04/07/2026).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó la vinculación a proceso de 26 personas señaladas como presuntas responsables de un entramado dedicado a la manipulación de plazas laborales dentro de distintas dependencias del Gobierno estatal, mecanismo que habría permitido el desvío de más de 96 millones de pesos entre enero de 2025 y febrero de 2026.

El caso involucra a un total de 33 personas entre exfuncionarios, servidores públicos en activo y particulares. De ellas, una continúa a la espera de que se resuelva su situación jurídica, mientras que otras cinco optaron por promover juicios de amparo.

De acuerdo con la institución, la operación habría comenzado desde 2021 a través de la asignación de plazas a individuos que jamás cumplieron las funciones para las que, en teoría, fueron contratados, o que simplemente cobraban un sueldo sin prestar servicio alguno, práctica conocida coloquialmente como esquema de “aviadores”.

Entre los señalados se encuentran dos exsubsecretarios, dos exdirectores generales, además de coordinadores, delegados administrativos, directores de área, subdirectores y personal operativo adscrito a las secretarías de Finanzas, Educación y Seguridad, así como a la Oficialía Mayor y a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI). Las pesquisas se abrieron luego de que el propio Gobierno mexiquense presentara una denuncia por 459 altas de personal docente cuyos titulares no acudían a los planteles donde, supuestamente, laboraban.

Las diligencias permitieron detectar diversas irregularidades documentales, así como un intercambio indebido de claves de acceso al Sistema Integral para la Gestión Administrativa de Personal (SIGAP), además del registro de docentes adscritos a escuelas que se encontraban inactivas.

Según explicó la Fiscalía, la red operaba mediante “reclutadores” que incorporaban principalmente a familiares o personas de su círculo cercano, quienes accedían a prestar sus datos personales para ser dados de alta en la nómina gubernamental. Una vez concretado el registro, terceros se quedaban con las tarjetas bancarias correspondientes y se encargaban de repartir el dinero obtenido entre los distintos integrantes de la estructura.

La dependencia detalló que la distribución del dinero era marcadamente desigual: por cada 200 mil pesos que ingresaban por concepto de sueldo, quienes fungían como “falsos docentes” apenas recibían 6 mil pesos, en tanto que el resto del monto se repartía entre quienes operaban el esquema.

Como parte de las evidencias recabadas, la Fiscalía incorporó al expediente una serie de mensajes en los que, presuntamente, se orientaba a los beneficiarios a cancelar sus cuentas bancarias y a negar cualquier vínculo laboral con el gobierno estatal en cuanto arrancaran las auditorías correspondientes. En uno de esos mensajes, los involucrados se comprometían a “negar absolutamente todo” ante cualquier señalamiento sobre su relación con la administración pública.

El expediente de la investigación está conformado por 30 tomos y alrededor de 12 mil fojas, que incluyen entrevistas, peritajes e inspecciones, material que sirvió de sustento tanto para solicitar las órdenes de aprehensión como para lograr las vinculaciones a proceso ya obtenidas.

Los imputados enfrentan actualmente cargos por los delitos de fraude y abuso de autoridad, derivado de que, según la Fiscalía, habrían simulado contrataciones de personal docente con el fin de desviar recursos públicos, ocasionando con ello un perjuicio patrimonial al Gobierno del Estado de México.