Colima, México, Avanzada (27/05/2026).- A casi cinco años de que fue clasificada como reservada, la información relacionada con el número de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública comisionados como guardaespaldas o en labores de vigilancia para funcionarios y exfuncionarios del estado continúa fuera del alcance de la ciudadanía.
La reserva fue determinada desde el 21 de noviembre de 2021, durante el gobierno de Ignacio Peralta Sánchez, justo cuando restaba un año para concluir el sexenio; sin embargo, actualmente en la administración de Indira Vizcaíno Silva la información permanece clasificada y no podrá ser consultada públicamente hasta el 21 de noviembre de 2026.
De acuerdo con documentación de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que se decidió mantener bajo reserva es la totalidad de la información referente al “personal operativo de seguridad pública comisionado para brindar seguridad a los servidores públicos, ex servidores públicos, sus familias y sus viudas”.
La clasificación de la información fue determinada por el Comité de Transparencia, luego de que se presentara una solicitud de acceso a la información pública para conocer cuántos policías son utilizados en estas tareas de protección y vigilancia.
Según el argumento oficial, la decisión de no transparentar esos datos tiene como propósito “evitar poner en riesgo la seguridad pública y personal de los funcionarios y/o ex funcionarios o servidores públicos, su vida o salud, como los son los ex gobernadores del Estado y sus familias”.
La reserva alcanza no solo el número de elementos asignados, sino también los esquemas de protección implementados para exmandatarios y otros servidores públicos. Pero no es el único tema relacionado con seguridad pública que continúa bajo llave: tanto el gobierno anterior como la actual administración estatal mantienen también como reservada la información referente a la fecha de la última compra de chalecos antibalas, así como la cantidad adquirida por parte de la Secretaría de Seguridad Pública.
En este caso, la autoridad argumentó igualmente motivos de seguridad para impedir la difusión de los datos, bajo el criterio de que hacer pública la capacidad operativa y el equipamiento de las corporaciones podría comprometer las estrategias de seguridad. La clasificación de esta información permanecerá vigente hasta 2028.