Por fallas detectadas, Morena plantea ajustes a elección judicial

La propuesta busca elevar los requisitos técnicos de aspirantes, reducir la politización del proceso y fortalecer los mecanismos de evaluación del desempeño judicial.

Ciudad de México, Avanzada (22/04/2026).- Legisladores de Morena impulsan una iniciativa de reforma constitucional con la intención de corregir deficiencias identificadas en la primera elección judicial realizada en 2025, particularmente en lo relacionado con la preparación de los candidatos y la influencia de factores políticos en el proceso.

El proyecto contempla que quienes aspiren a cargos dentro del Poder Judicial deban acreditar una certificación de competencias expedida por la Escuela Nacional de Formación Judicial. Esta medida sustituiría la revisión de calificaciones académicas, al considerar que no son un indicador suficiente de las capacidades profesionales. En su lugar, se prevé la aplicación de evaluaciones técnicas estandarizadas.

La propuesta se presenta luego de diversas críticas hacia perfiles electos el año pasado, algunos de los cuales han sido señalados por no dominar plenamente sus responsabilidades. Ante este escenario, los legisladores promotores consideran indispensable reforzar los criterios de selección.

Uno de los puntos clave de la iniciativa es separar la elección judicial de otros comicios. Según se argumenta, la coincidencia de procesos puede generar desinformación entre los votantes, sobrecarga en la agenda electoral y una mayor politización de las candidaturas, además de presiones adicionales para las autoridades encargadas de organizar las elecciones.

En materia de supervisión, se propone la creación de un Observatorio Ciudadano que dé seguimiento al desempeño de jueces y magistrados, con base en principios de transparencia, objetividad y rendición de cuentas. Este organismo también tendría como objetivo facilitar el acceso a la información y fortalecer la confianza pública en las instituciones judiciales.

El documento está suscrito por Alfonso Ramírez Cuéllar, Mariana Benítez, Olga Sánchez Cordero, Alfredo Vázquez Vázquez, Javier Corral y Susana Harp, todos integrantes de Morena. Al tratarse de una reforma constitucional, su aprobación requerirá mayoría calificada en el Congreso de la Unión y el aval de la mayoría de los congresos estatales.

Dentro de los cambios planteados, se establece que al menos cinco de los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberán contar con trayectoria previa en el Poder Judicial, mientras que los cuatro restantes podrán provenir de otros ámbitos.

También se propone que las resoluciones de la Corte solo tengan carácter obligatorio general cuando sean respaldadas por al menos seis votos y se formalicen mediante una tesis.

En cuanto al proceso de selección, se plantea desaparecer los tres comités actuales —correspondientes a cada poder— para concentrar esta función en un solo órgano integrado de manera equilibrada por representantes de los tres poderes.

Asimismo, se modificaría el acto protocolario de toma de protesta de los funcionarios judiciales electos, que dejaría de realizarse en el Senado para llevarse a cabo en la Suprema Corte.

Con estos cambios, Morena busca afinar el modelo de elección judicial aprobado al final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y posteriormente ajustado durante la administración de Claudia Sheinbaum, con el objetivo de fortalecer la preparación técnica y la autonomía del Poder Judicial.