Colima, México, Avanzada (20/02/2026).- En Colima, la violencia contra las mujeres no se limita a los homicidios. También se manifiesta en delitos sexuales que vulneran su integridad física, emocional y su derecho a vivir sin miedo. Entre ellos, la violación se mantiene como uno de los ilícitos más graves y persistentes, con cifras que colocan a la entidad entre las de mayor incidencia en el país.
De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), basadas en denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado de Colima, durante 2025 se iniciaron 169 carpetas de investigación por violación en contra de mujeres. Esta cifra ubicó al estado en el lugar 11 a nivel nacional, con una tasa de 22.03 víctimas por cada 100 mil mujeres, lo que refleja la dimensión de un delito que afecta directamente la seguridad y libertad de las colimenses.
La violación simple se configura cuando una persona es obligada a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento mediante el uso de violencia física o moral. En tanto, la violación equiparada incluye casos en los que la víctima no puede oponerse o comprender el acto, como cuando se trata de menores de edad, personas inconscientes o con alguna discapacidad. Ambos delitos constituyen graves violaciones a los derechos humanos y dejan secuelas físicas y psicológicas que pueden extenderse por años.
Las cifras oficiales también evidencian que la violencia sexual forma parte de un entorno más amplio de agresiones contra mujeres, niñas y adolescentes. Colima se ubicó además en el lugar 10 nacional en el delito de corrupción de menores, lo que confirma la vulnerabilidad de este sector de la población frente a distintas formas de violencia.
Organizaciones civiles han advertido que la violación es uno de los delitos con mayor cifra negra, es decir, con menor nivel de denuncia. El miedo a represalias, la vergüenza, la desconfianza en las autoridades y el hecho de que el agresor sea, en muchos casos, una persona cercana, provocan que numerosas víctimas no acudan a presentar una denuncia. Esto significa que la dimensión real del problema podría ser considerablemente mayor que la registrada en las estadísticas oficiales.
Especialistas señalan que este delito no sólo afecta a la víctima directa, sino que impacta su entorno familiar y social, limita su desarrollo personal y genera consecuencias duraderas en su salud mental.