Colima, México, Avanzada (05/12/2025).- La Fiscalía General del Estado pidió al Congreso de Colima una prórroga de 180 días hábiles para cumplir con la armonización que exige la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual obliga a las fiscalías estatales a modificar su estructura orgánica y crear nuevas áreas mínimas de operación antes de enero de 2026.
En una iniciativa enviada al Poder Legislativo, el fiscal estatal Bryant Alejandro García Ramírez solicitó tiempo extra para realizar todos los ajustes que marca la legislación federal, publicada el 16 de julio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación. La petición se deriva del Acuerdo 01/III/2025 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que mandató a las 32 entidades del país a crear, formalizar y operar las unidades requeridas a más tardar el último día hábil de enero de 2026, y garantizar que cuenten con personal especializado e infraestructura adecuada.
Entre los cambios obligatorios destaca la creación de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Alto Impacto, un órgano desconcentrado con autonomía técnica y operativa, encargado de indagar delitos como privación de la libertad, secuestro, extorsión, homicidio doloso, delitos contra la salud, feminicidio y desaparición de personas. Aunque en Colima ya existen fiscalías especializadas en feminicidio y desaparición, la nueva estructura deberá integrar además unidades específicas para secuestro, extorsión, homicidio y narcomenudeo.
La Fiscalía también reconoce que no cumple con las condiciones mínimas para operar un Instituto de Capacitación y Formación Profesional, otra exigencia de la Ley General. El modelo federal establece que estos institutos deben contar con aulas, dormitorios, comedor, sala de juicios orales, stand de tiro, pista de entrenamiento, área médica, aula de cómputo y espacios de práctica vehicular, entre otros 12 requisitos obligatorios.
La Fiscalía argumenta que es imposible contar con toda esta infraestructura antes de enero, por lo que propone crear formalmente el instituto pero solicita un plazo de cinco años para construirlo y equiparlo. Mientras tanto, plantea operar con el personal y recursos de la actual Dirección de Capacitación y apoyarse en el Instituto de Formación Policial del Gobierno del Estado.
La iniciativa también propone modificar la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición de Personas, así como armonizar el Código Penal de Colima en materia de desaparición y secuestro. El documento señala que estos delitos son de competencia federal para su tipificación, por lo que pide eliminar artículos desfasados (del 157 al 161) y sustituirlos por una remisión directa a las Leyes Generales correspondientes, en cumplimiento del artículo 73 constitucional. El proyecto permanece pendiente de dictamen en el Congreso local.
*En la fotografía, el Fiscal General del Estado de Colima, Bryant Alejandro Garcia Ramírez.