Un Fobaproa para los colimenses

Autor: Mario Alberto Solís Espinosa.

Malas Compañías

La propaganda que difunde profusamente la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, con motivo de su cuarto informe, afirma que la disciplina financiera es símbolo de la presente administración y esa práctica la diferencia de sus antecesores; sin embargo, los últimos acontecimientos evidencian una realidad muy diferente.

El millonario adeudo con el Instituto de Pensiones de Colima (IPECOL); el aumento del 50 por ciento el Impuesto Sobre la Nómina y la revelación de que el gobierno de Colima ha recibido devoluciones superiores a los mil 800 millones de pesos por concepto de ISR sin que se conozca su destino, generan razonables dudas sobre los dichos de la mandataria.

Como sucedió hace dos años, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), encabezado por Martín Flores Castañeda, emprendió varias acciones de presión para lograr que se solvente la deuda del Poder Ejecutivo con el IPECOL. En ese afán, el líder sindical evidenció el desorden patronal en materia de aportaciones al órgano pensionario.

De esa manera se conoció que el gobierno de Colima tiene una deuda histórica con el IPECOL por 675 millones de pesos, misma que se generó por lo menos desde el gobierno de Silverio Cavazos Ceballos y hasta el 2018, cuando se reformó por completo la legislación en materia de pensiones.

Pero además, Ignacio Peralta Sánchez incrementó ese pasivo en 520 millones de pesos en solamente tres años, toda vez que no reportó al Instituto de Pensiones la aportación patronal, ni tampoco las retenciones que sí se hicieron a los trabajadores, lo que generó denuncias penales por parte del Sindicato.

En tanto que Indira Vizcaíno, quien presume del orden de las finanzas en su administración e incluso de ahorros por el buen manejo del dinero público, le sumó al adeudo casi 400 millones de pesos, según las cuentas proporcionadas hace unos días por el dirigente Martín Flores Castañeda.

Todo lo anterior representa una deuda casi mil 600 millones de pesos del Poder Ejecutivo con el IPECOL, acumulada durante los tres últimos gobiernos del prianato, pero también en el régimen de Morena, mismo que en esta práctica tampoco se diferencia mucho de sus antecesores.

Ante la exigencia de pago que esgrimieron recientemente los burócratas, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva tomó una sencilla decisión: utilizar uno de los impuestos locales, el correspondiente al pago por la transmisión de vehículos nuevos y usados, para abonarle a la millonaria deuda, cada año, más de 40 millones de pesos.

Es decir que le corresponderá a los colimenses pagar, con ese impuesto, el dinero que dejaron de aportar Silverio Cavazos Ceballos, Mario Anguiano Moreno, Ignacio Peralta Sánchez y la propia Indira Vizcaíno Silva; se trata de un rescate financiero a cuenta de los colimenses, una especie de Fobaproa local, pues todos pagaremos la deuda de unos cuantos.

Tan grave medida debería acompañarse, por lo menos de algunas explicaciones. Por ejemplo, las autoridades y los diputados que aprobaron este rescate tendrían que aclarar dónde están esos mil 600 millones que los gobernadores y la gobernadora debieron aportar al IPECOL, pues se trata de recursos que ya estaban presupuestados.

Igualmente debería explicar el actual gobierno por qué no ha procedido la demanda penal que el STSGE interpuso contra Ignacio Peralta Sánchez, por no enterar más de 500 millones de pesos por aportaciones y retenciones de los trabajadores. No solo ha librado cualquier sanción el exmandatario, sino que ahora se determinó que los colimenses paguen sus deudas.

Además, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva tendrá que aclarar el uso y destino de los mil 832 millones que le ha regresado la Federación, por concepto de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que aplicó a los trabajadores, tal como lo evidenció Martín Flores Castañeda, quien seguramente tiene a la mano los números exactos.

Tal suma era desconocida, la mandataria colimense nunca la reportó públicamente, por lo tanto ese dinero se utilizó de manera completamente discrecional, con la complicidad del gobierno federal, quien no exige ninguna transparencia en el uso de dichas devoluciones.

¿Cómo si durante su gestión aumentó la deuda con el IPECOL en 400 millones de pesos, además de que ejerció en la opacidad mil 800 millones de pesos que había descontado a los salarios, prestaciones y aguinaldos de los trabajadores estatales, la gobernadora presume de la disciplina financiera de su gobierno?.

Por su no fuera suficiente, Indira Vizcaíno y los diputados locales aprobaron un aumento del 50 por ciento al Impuesto Sobre la Nómina que pagan los empresarios, azotados por la extorsión y el cobro de piso que en total impunidad cometen los delincuentes.

Si las finanzas están sanas, ¿para qué quiere el gobierno estatal 446 millones de pesos adicionales por Impuesto Sobre la Nómina?, a sabiendas de que muchos empresarios apenas sobreviven en un contexto de pérdidas y nulo crecimiento por la inseguridad y la violencia.

Tal parece que con motivo del cuarto informe de Indira Vizcaíno, el gobierno de Colima pretendió construir una ficción que pronto se estrelló con la realidad, pues al menos en materia de finanzas, los hechos reflejan tanto desorden e irregularidades como las que se cometieron en el pasado.