Diputados cargan a los colimenses el desfalco en Pensiones

Colima, México, Avanzada (29/11/2025).- El Congreso del Estado aprobó este viernes la creación de un fideicomiso destinado a cubrir la deuda que el Gobierno estatal mantiene con el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima (IPECOL). La decisión, respaldada por unanimidad, implica que recursos públicos derivados del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores serán utilizados como garantía para saldar un adeudo que supera los 640 millones de pesos, originado por años de desorden administrativo y anomalías que permanecen en total impunidad.

La medida contrasta con los hallazgos de la Auditoría Excepcional realizada en 2018 por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG), la cual documentó omisiones graves y presuntas irregularidades cometidas entre 2011 y 2016 por la extinta Dirección de Pensiones. A pesar de los señalamientos —como créditos no cobrados por más de mil 400 millones de pesos, erogaciones sin sustento, pagos duplicados y gastos injustificados— ningún funcionario ha enfrentado consecuencias administrativas o penales.

En su comunicado oficial, el Congreso local informó que la reforma aprobada este viernes al Artículo Transitorio Segundo del Decreto 494 permitirá enviar la recaudación del impuesto vehicular a un fideicomiso irrevocable de administración y pago. Este instrumento seguirá vigente hasta que el Gobierno liquide por completo los adeudos con el IPECOL.

Según el dictamen leído por la diputada Andrea Naranjo Alcaraz, la medida “asegura la protección de los derechos adquiridos de los trabajadores y la estabilidad financiera del sistema de pensiones”. No obstante, con esta decisión el costo del quebranto documentado por el OSAFIG recaerá nuevamente en los contribuyentes, sin que exista una sola responsabilidad deslindada por el desfalco.

Los antecedentes muestran un patrón de omisiones sin seguimiento. El OSAFIG reportó en 2018 que la Dirección de Pensiones dejó de cobrar créditos por mil 400 millones de pesos; no entregó actas, contratos ni comprobantes de erogaciones millonarias; pagó más del doble de lo presupuestado en honorarios médicos; gastó 69 millones en la llamada “Cuenta Hospitalización”; y autorizó compras insólitas, como un reloj de escritorio de 100 mil pesos. También registró transferencias por un millón 500 mil pesos a cuentas no identificadas y pagos con tarjeta American Express sin autorización del Consejo.

Pese a ello, en siete años no se ha recuperado un solo peso ni se ha iniciado proceso alguno contra los responsables. En cambio, el Gobierno estatal incumplió el convenio de pago firmado en 2019 con Pensiones, lo que llevó al actual planteamiento de trasladar la deuda a los ingresos públicos.

La reforma establece que el Ejecutivo deberá incluir cada año, en el Presupuesto de Egresos, el monto necesario para cubrir las obligaciones derivadas del nuevo convenio, además de constituir un fondo de reserva equivalente al promedio mensual de amortizaciones. También ordena que, en un plazo de 60 días hábiles tras la publicación del decreto, se firme un nuevo instrumento jurídico entre el Gobierno estatal y el IPECOL.

Mientras la auditoría de 2018 continúa archivada y los responsables permanecen sin sanción, la decisión legislativa asegura que serán los colimenses quienes absorban el costo del desfalco que inició hace más de una década.