Participaron 651 personas en la consulta sobre la ampliación del puerto: la mayoría se opone

Manzanillo, México, Avanzada (04/10/2025).– En condiciones poco dignas, las autoridades recibieron el jueves 2 de octubre a 651 participantes en la Reunión Pública de Información sobre el proyecto “Desarrollo del Puerto Nuevo Manzanillo, en el Vaso II de la Laguna de Cuyutlán”, convocada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El encuentro se llevó a cabo en medio de tensiones y reclamos, en las instalaciones del Club de Leones de Manzanillo, luego de que colectivos de pescadores, salineros y organizaciones civiles presionaran para que no quedara en una mera consulta en línea.

La sesión, que empezó a las ocho de la mañana y concluyó después de las cinco de la tarde, se realizó en un salón de techo de lámina metálica, con ventiladores deteriorados y agua estancada en los alrededores que despedía olores desagradables.

A través de un comunicado, la organización Defensores del Medio Ambiente y Recursos del Mañana (Demarem) describió que a pesar del calor extremo y de una sola pausa de quince minutos, los asistentes permanecieron firmes, entre ellos pescadores y salineros de la laguna de Cuyutlán que saldrán afectados por el proyecto, así como activistas y ciudadanos preocupados por la conservación de los ecosistemas.

Ese contraste entre la resistencia ciudadana y la indiferencia institucional reflejó de qué lado está el compromiso, señaló la organización.

Al recinto llegaron funcionarios de todos los niveles, entre ellos representantes de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), directores de ecología de los ayuntamientos de Manzanillo, Armería y Tecomán, además de funcionarios estatales de turismo, desarrollo económico y desarrollo rural, además de que por parte de la Semarnatacudieron directores de evaluación, participación social y proyectos portuarios.

Sin embargo, el despliegue de nombres y cargos se redujo a la participación de apenas cuatro ponentes. La mayoría de los presentes apenas figuraron en la mesa, sin intervenir ni responder las inquietudes de los ciudadanos. El caso más comentado fue el de Angélica Lizeth Jiménez, directora del Imades Colima, quien abandonó la reunión a la mitad sin haber dirigido una sola palabra.

Demarem A.C. ubicó como uno de los momentos más tensos cuando líderes pesqueros denunciaron públicamente amenazas por parte de personal de la Secretaría de Marina. Según relataron, días antes fueron citados en oficinas de la Asipona, donde les habría retirado los teléfonos celulares y presionado para que firmaran documentos en los que aceptaban apoyos económicos y camionetas a cambio de no protestar contra la expansión portuaria.

Para las organizaciones, se trata de un intento de soborno y coacción que podría encuadrar en delitos como cohecho, abuso de autoridad y violación a derechos humanos, por lo que exigieron que las autoridades investiguen y sancionen estos hechos, pues —aseguraron— constituyen una clara muestra de cómo se pretende silenciar la oposición al proyecto.

Otro punto que generó fuertes cuestionamientos fue el arranque anticipado de trabajos de dragado en el Vaso II de la laguna, realizados desde enero sin contar con permisos ni una Manifestación de Impacto Ambiental aprobada. La propia autoridad municipal lo documentó en comunicados oficiales.

El estudio ambiental presentado ahora tampoco convenció. Fue elaborado en apenas dos meses por el consultor Aramis Olivos Ortiz, único firmante del documento. Aunque aseguró que participaron 18 investigadores de la Universidad de Colima, ninguno de ellos aparece en la MIA, lo que levantó dudas sobre la seriedad del informe.

Académicos presentes señalaron además que la propuesta de destinar 9 millones de pesos a medidas de mitigación resulta irrisoria frente al valor de las actividades productivas en riesgo. Una sola cooperativa de salineros, dijeron, requiere créditos de hasta 100 millones de pesos por temporada para sostener su operación.

Demarem A.C. subrayó en su boletín que pescadores y salineros reiteraron que la convivencia de la actividad portuaria con la pesca artesanal y la producción de sal es inviable, ya que ambas dependen del equilibrio ecológico de la Laguna de Cuyutlán. Advirtieron que la ampliación traería consigo contaminación, pérdida de biodiversidad y el deterioro de un patrimonio cultural y productivo que da identidad a Colima.

También fueron planteadas inquietudes sobre los impactos sociales, como el cuestionamiento sobre ¿dónde vivirán los miles de trabajadores que lleguen de otros estados?, ¿qué pasará con el suministro de agua y el aumento de la basura?, ¿cómo enfrentarán la saturación vial, la inseguridad y la falta de escuelas y servicios? Ninguna de esas preguntas fue respondida por las autoridades presentes.

Durante la reunión también se observó la llegada de grupos de trabajadores portuarios con el rostro cubierto, que portaban carteles a favor del proyecto. Según asistentes, fueron llevados bajo amenazas de perder sus empleos o a cambio de dádivas menores. No intervinieron en la discusión y apenas un joven alcanzó a justificar su presencia con un escueto “porque hay trabajo”.

La entrada de estos grupos coincidió con el momento en que pescadores y académicos comenzaron a exponer sus críticas, lo que generó suspicacias entre los presentes. Afortunadamente, la situación no derivó en enfrentamientos.

Paralelamente, sigue abierta hasta el 8 de octubre una consulta pública en línea sobre el proyecto. Sin embargo, colectivos como Demarem y el movimiento ciudadano Salvemos Cuyutlán, Laguna Viva denunciaron que este mecanismo es excluyente, ya que gran parte de la población afectada no tiene acceso a internet o carece de conocimientos técnicos para participar.

Por ello exigieron una consulta presencial, con vigilancia ciudadana y reglas claras que garanticen transparencia.

Al cierre de la jornada, la ciudadanía coincidió en un mensaje: no aceptarán que la expansión del puerto se imponga a costa del medio ambiente y de sus actividades productivas. Recordaron que Manzanillo ya enfrenta colapso urbano, contaminación e inseguridad derivados de la primera ampliación, y que repetir la historia sería condenar a la ciudad a un deterioro aún mayor.

“Nos quieren convencer con promesas que no cumplen y con amenazas que no aceptamos. La laguna, la pesca y la sal no están en venta”, resumieron los colectivos, quienes responsabilizaron a la Semarnat, a la Secretaría de Marina y a Asipona de cualquier acto violento contra la comunidad que se manifieste en defensa de Cuyutlán.