EDITORIAL
Los negocios establecidos en el cruce del Tercer Anillo Periférico y la avenida Venustiano Carranza, en la ciudad de Colima, atraviesan una etapa sumamente crítica. La construcción del Arco Norte, una obra vial que el gobierno promueve como un proyecto estratégico para mejorar la movilidad vehicular, se ha convertido para ellos en un obstáculo que amenaza su supervivencia.
No se trata solo de que las ventas hayan caído de manera drástica por la dificultad de acceder a la zona, por la falta de visibilidad y por la disminución en el flujo de peatones y automovilistas. Lo más grave es que, en muchos casos, los comerciantes ya no tienen margen de resistencia. Son negocios pequeños, familiares, con finanzas frágiles y sin grandes reservas para soportar meses de incertidumbre.
El gobierno ha intentado compensar con ciertos apoyos a los afectados. Sin embargo, lo que se ha ofrecido no pasa de ser un paliativo, insuficiente frente a la magnitud de las pérdidas. Una quita temporal de impuestos o un programa de promoción no puede evitar que las deudas no se paguen, que la nómina no se cubra o que la renta y los servicios sigan corriendo mes con mes.
En otras palabras, estamos ante negocios heridos de muerte por haber estado en el lugar y el momento equivocados: justo al lado de una obra pública de gran envergadura. Y aunque es indudable que a mediano y largo plazo el Arco Norte será de beneficio para la ciudad en su conjunto, no puede ignorarse el costo inmediato que pagan quienes tienen la mala fortuna de estar en el trayecto de la construcción.
El problema de fondo es la falta de previsión y de sensibilidad gubernamental. Resulta indispensable que los programas anuales de obra pública se den a conocer con oportunidad y transparencia. Si los empresarios supieran con antelación en qué calles o avenidas se realizarán trabajos de largo alcance, podrían tomar mejores decisiones: retrasar una inversión, buscar otra ubicación o al menos planear medidas de contingencia. Pero en la práctica, la mayoría de las veces se enteran cuando ya es demasiado tarde, cuando las máquinas llegan y los accesos quedan bloqueados.
No se trata de oponerse al desarrollo urbano ni de pedir que no se hagan obras necesarias. Se trata, más bien, de que las autoridades actúen con mayor consideración hacia quienes, con su esfuerzo cotidiano, generan empleo, pagan impuestos y contribuyen a la economía local. La planeación urbana no puede seguir divorciada de la realidad de los comerciantes.
Si el costo de una obra que beneficiará a miles implica la quiebra de decenas de negocios, habría que preguntarse si en verdad se está actuando en favor de la sociedad en su conjunto. La ciudad pierde cuando se pierden comercios, cuando se apagan cortinas metálicas y se cancelan empleos. Por ello, el llamado es a que se reconsidere el enfoque de estas políticas: no basta con pensar en el tránsito de vehículos, también hay que pensar en el tránsito de vidas humanas y proyectos de trabajo que se quedan en el camino.
En suma, el Arco Norte es una obra que promete beneficios, pero que también deja víctimas colaterales. La obligación del gobierno es que esas víctimas no se multipliquen. Para eso se requiere previsión, transparencia y un verdadero compromiso con quienes sostienen la economía local desde sus negocios de todos los días.