Editorial
En el México y en el Colima del siglo XXI, el bienestar de niñas, niños y adolescentes sigue siendo una deuda pendiente cuando se trata de la protección de sus vínculos afectivos tras la separación de sus padres. La manifestación convocada para este jueves por la asociación civil No Más Hijos Rehenes, frente al Palacio de Justicia y el Congreso del Estado de Colima, vuelve a poner sobre la mesa una problemática que crece en silencio y que como sociedad ha sidonormalizada, esto es, la obstrucción parental.
Este fenómeno, que ocurre cuando uno de los progenitores impide sin justificación legal que el otro mantenga contacto con sus hijos, es una forma de violencia poco visibilizada, pero profundamente lesiva, no solo para el padre o la madre afectados, sino principalmente para los menores, quienes resultan víctimas de una manipulación emocional que puede dejar secuelas de largo plazo.
Felipe Cruz Barragán, delegado de la organización en Colima, lo define como una “epidemia jurídica nociva” y responsabiliza tanto a las instituciones como a un aparato judicial que, en su opinión, ha interpretado la perspectiva de género de forma errónea, privilegiando automáticamente las denuncias de las madres y criminalizando sin pruebas a los padres.
Las cifras que ofrece la organización son alarmantes, pues en 80 por ciento de las separaciones habría obstrucción parental, y en 95 por ciento de los casos serían las madres quienes la ejercen. Más allá de cuestionar estas proporciones, que sin duda requieren mayor respaldo estadístico, lo cierto es que hay un patrón que debe preocupar, pues los procesos judiciales duran años, abundan acusaciones sin sustento, hay convivencias supervisadas bajo medidas cautelares eternizadas, y lo más grave, niños atrapados en un conflicto adulto que los daña en lo más esencial, su derecho a vivir una infancia libre, segura y con acceso equitativo al afecto de ambos padres.
Pero tampoco se debe ignorar que esta problemática va de la mano con otra igualmente frecuente y dolorosa, que es el incumplimiento de la obligación alimentaria. En múltiples casos, uno de los progenitores deja de proporcionar los recursos necesarios para la manutención de los hijos, y ante ello, el otro, casi siempre la madre, decide impedir el contacto con los menores. Así, se crea un círculo de revanchismo y castigo que instrumentaliza a los hijos como moneda de cambio, olvidando el principio fundamental que debería regir cualquier decisión legal o emocional, el interés superior de la niñez.
Es necesario decir con todas sus letras que ni el incumplimiento alimentario justifica la obstrucción parental, ni la obstrucción parental debe invisibilizarse bajo el pretexto de la protección de los menores cuando no existe riesgo comprobado. En ambos casos, los únicos que pierden son los niños y adolescentes, víctimas de una doble vulneración, la afectiva y la material.
El testimonio de Cruz Barragán ilustra el drama humano detrás de los expedientes. Padres separados de sus hijos por años, acusaciones infundadas que tardan meses en esclarecerse, centros de convivencia en condiciones inadecuadas o incluso bajo un enfoque que presume culpabilidad en lugar de neutralidad. “Nos vigilan como criminales”, dice. “La alienación parental también es violencia, aunque nadie la nombre”.
El tema requiere sin duda una revisión seria por parte de los poderes legislativo y judicial, tanto a nivel local como federal. Se necesita una legislación que tipifique la obstrucción parental como una conducta lesiva para los derechos del menor, que garantice procesos expeditos para su resolución, y que sancione, de forma proporcional, tanto la violencia institucional como el incumplimiento de deberes parentales.
Pero más allá de las reformas legales, urge un cambio cultural. Dejar de ver a los hijos como propiedad, como botín en una guerra emocional. Dejar de usar la perspectiva de género como un arma en lugar de una herramienta para la equidad. Y, sobre todo, dejar de invisibilizar el dolor de quienes crecen con la mitad de su identidad cortada, confundidos, manipulados o simplemente privados de amar.
La manifestación de este jueves no es solo un acto de protesta: es también un grito por la infancia. Escuchémoslo, porque cuando los hijos se convierten en rehenes del rencor, lo que fracasa no es solo una relación de pareja. Lo que fracasa es el Estado, el sistema de justicia y la sociedad entera. Y ese es un precio demasiado alto para que lo sigan pagando los más inocentes.