Burocracia revictimiza a padre: un año sin recuperar a sus hijas pese a tener la custodia legal

Colima, México, Avanzada (28/07/2025).- Desde agosto de 2024, Edgar Rodríguez Ávila vive un auténtico calvario institucional. A pesar de contar con la guarda y custodia legal de sus hijas, Hadassa Sinaí, de 11 años, y Sharon Noemí, de 7, ambas fueron sustraídas con violencia de su domicilio en Manzanillo por su madre, Gloria Beltrán Cuevas. Hoy, casi un año después, las niñas permanecen en Baja California, mientras la justicia avanza a paso lento, obstaculizada por omisiones, burocracia y desinterés institucional.

Rodríguez ha denunciado en múltiples ocasiones ante la Fiscalía General del Estado que sus hijas no sólo fueron ilegalmente extraídas de su hogar, sino que las autoridades han sido omisas en su búsqueda. Aunque la desaparición se registró en agosto de 2024, fue hasta el 11 de julio de 2025 que se activó la Alerta Amber a nivel nacional, y sólo por instrucción directa de una jueza de control.

“Las autoridades no hicieron nada por meses. Fue hasta que un juez los obligó que activaron la Alerta Amber como debía ser, a nivel nacional”, lamentó Rodríguez.

El padre asegura que la Fiscalía no ha emitido los oficios necesarios para la localización de las menores, y denuncia que incluso las vacaciones de la titular de la Mesa 1 han detenido toda acción. “Si ella no está, nadie hace nada. Ni la asistente, ni la titular de la Mesa 2. Todo se detiene, y mis hijas siguen lejos. Ya regresa de vacaciones este lunes”, afirmó.

A lo largo de este año, Edgar ha reunido constancias legales, pruebas periciales, denuncias por violencia intrafamiliar, valoraciones psicológicas del DIF y la Fiscalía, además de declaraciones en juzgados familiares. También asegura que sus hijas no están inscritas en ninguna escuela, reprobaron el ciclo escolar y viven en condiciones que vulneran su bienestar.

En febrero de 2025 se intentó ejecutar una diligencia judicial en Ensenada, Baja California, para reintegrar a las menores con su padre. Sin embargo, Edgar sostiene que las autoridades locales actuaron con malas prácticas: el actuario entrevistó a las niñas en presencia de la pareja de la madre, lo que contraviene los protocolos para preservar la libre expresión de los menores. “Me dijeron que las niñas no querían regresar conmigo. ¿Cómo iban a hablar con libertad si estaban rodeadas de personas que las manipulan?”, relató.

Rodríguez también denunció que perdió su trabajo en la Aduana de Manzanillo tras nueve años de servicio, por haber participado en una protesta en mayo de este año en la que exigía condiciones laborales dignas ante jornadas abusivas derivadas de la militarización del puerto.

La cadena de agravios continúa. Rodríguez afirma que el director de Prevención al Delito y Atención a Víctimas, Fernando Gómez Verduzco —miembro del Comité Estatal de Alerta Amber— tardó meses en activar la alerta, y cuando lo hizo, fue únicamente a nivel estatal, incumpliendo los lineamientos que exigen su difusión nacional.

El Juzgado Segundo de lo Familiar de Manzanillo otorgó la guarda y custodia a Edgar tres días después de la sustracción, pese a que las niñas vivían con él desde enero de 2021 y que había solicitado formalmente la custodia desde ese mismo año. Durante ese tiempo, y aunque las menores estaban bajo su cuidado, el secretario de acuerdos del juzgado autorizó que el padre pagara pensión alimenticia a la madre, generando un doble agravio.

“Me he enfrentado a trabas, omisiones, negligencia. Estos meses han sido de angustia, de desesperación. He hecho todo por la vía legal, pero las instituciones no me han respondido”, dijo con la voz quebrada.

Las Alertas Amber siguen vigentes. Las niñas continúan lejos de su padre. “Solo quiero que mis hijas regresen conmigo. Quiero que estén seguras, en su casa, con su papá”, concluyó.