Avanza la extinción de siete organismos autónomos

México, Avanzada (06/11/2024).- La Cámara de Diputados de México ha dado un paso clave hacia la extinción de siete organismos autónomos mediante la declaratoria de publicidad de un proyecto de reformas constitucionales. La propuesta implica la eliminación de instituciones que, hasta ahora, operaban de manera independiente del Poder Ejecutivo, en un movimiento justificado en términos de austeridad y racionalización de recursos.

Las reformas impactan diversos artículos de la Constitución Política, incluyendo el 3°, 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116, 123 y 134, y buscan redistribuir las funciones de los organismos autónomos entre otras dependencias federales. La propuesta prevé la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Entre los cambios previstos, el Instituto Nacional Electoral (INE) asumirá las responsabilidades en materia de acceso a la información y protección de datos personales en lo relativo a los partidos políticos. Además, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se encargará de supervisar el acceso a la información en sindicatos y de los recursos de revisión en estos casos.

En el ámbito de desarrollo social, las competencias del CONEVAL serán absorbidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que tomará la tarea de medir la pobreza y evaluar los programas sociales. En el área económica, las funciones de la Cofece se transferirán al Ejecutivo Federal, que centralizará la regulación en materia de libre competencia.

Asimismo, las tareas de regulación en telecomunicaciones y radiodifusión, antes en manos del IFT, serán también asumidas por el Ejecutivo, que gestionará la emisión y revocación de concesiones y el monitoreo de la infraestructura nacional.

La reforma incluye disposiciones sobre el uso eficiente de los recursos públicos. El ahorro generado por la extinción de estos organismos será destinado al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Además, se establece que los derechos laborales de los trabajadores de estos organismos serán respetados, de acuerdo con la legislación vigente.

El artículo 134 reformado impulsa la llamada “austeridad republicana”, y pide que las estructuras organizacionales del sector público se ajusten para evitar duplicidades y maximizar la eficiencia en la administración pública.

En los estados, la reforma plantea la eliminación de los organismos autónomos garantes del derecho de acceso a la información y protección de datos personales. Las constituciones estatales definirán los órganos de control que asuman estas competencias.

Los congresos locales tendrán un plazo de 90 días para adaptar su legislación a los cambios federales, mientras que el Congreso de la Unión deberá modificar las leyes que correspondan en el mismo periodo.

La propuesta ha generado un intenso debate sobre la concentración de poder en el Ejecutivo y los posibles impactos en la transparencia y rendición de cuentas en el país. Sin embargo, sus impulsores argumentan que las reformas buscan reducir gastos y mejorar la eficiencia administrativa sin afectar la protección de derechos fundamentales.