Políticas sociales municipales: entre la insuficiencia y la opacidad

Durante las últimas décadas, los gobiernos municipales han ampliado la oferta gubernamental para atender problemas relacionados con la pobreza y el desarrollo social. Esto es que, además de buscar proveer a la población de los servicios básicos que les mandata la Constitución, año con año despliegan múltiples programas y acciones orientadas a enfrentar y satisfacer las necesidades y demandas sociales. Idealmente, cada una de esas intervenciones debería responder a un problema concreto –adecuadamente definido— y contar con las capacidades suficientes (técnicas, presupuestarias y operativas) para lograr sus propósitos. Y, dado que dichas intervenciones son financiadas con gasto público, la población en general (y sus beneficiarios) debería poder conocer con precisión las razones que los justifican, así como sus características y resultados.

El problema es que la abundancia de programas y acciones de desarrollo social municipales no es sinónimo de intervenciones bien diseñadas capaces de transformar las condiciones de vida de la población ni son ejemplo tampoco de rendición de cuentas. De suyo, ya la ausencia de transparencia y rendición de cuentas representa una alerta sobre la idoneidad y pertinencia de las intervenciones. Visto de otra manera, la “pedacería” existente de programas y acciones de desarrollos social municipal tiene altas probabilidades de representar un gasto gubernamental opaco, discrecional e insuficiente. ¿Qué nos dice la información disponible sobre los programas y acciones de desarrollo social municipal en el estado de Colima?

De acuerdo con el Inventario Municipal de Coneval, en 2020 los municipios colimenses ejecutaron más de 80 programas y acciones de desarrollo social. Manzanillo fue el municipio con mayor número de intervenciones (21), mientras que Cuauhtémoc fue el segundo que contó con el menor número (1) —Minatitlán tuvo cero intervenciones—. Dicha información indica que los municipios del estado de Colima son activos en la materia. De hecho, tienen más intervenciones sociales que las desarrolladas por municipios de estados con mayor población como son Quintana Roo (19), Tamaulipas (42), Morelos (43), Zacatecas (45), Sinaloa (46), San Luis Potosí (58) y Durango (70). Sin embargo, un mayor número de programas tampoco es sinónimo de calidad de la intervención, ya que un amplio número de intervenciones puede significar la fragmentación del gasto público.

Gráfica 1. Programas y acciones de desarrollo social municipales en el estado de Colima, 2020

Además, en materia de presupuesto, el 76 % de las 81 intervenciones sociales municipales no proporciona información sobre sus recursos asignados, por lo que solo es posible conocer el presupuesto del 26 % (24).  Y de esas 24, solo 7 tienen un presupuesto que supera el millón de pesos. De nuevo, el presupuesto asignado a los programas y acciones de desarrollo social ya da indicios sobre una posible insuficiencia de las intervenciones para lograr resolver los problemas sociales y garantizar el ejercicio pleno de derechos. 

Gráfica 2. Disponibilidad de información sobre el presupuesto de los programas y acciones de desarrollo social municipal, 2020

Los municipios tienen un amplio potencial para contribuir al bienestar de la población si son capaces de distribuir sus recursos para cumplir plausiblemente con los mandatos que les otorga la Constitución. Existen también enormes retos para que las autoridades (de todos los niveles) sean capaces de brindar explicaciones claras a la población sobre las razones y motivos de las intervenciones que diseñan y ejecutan, así como de los resultados que arrojan. Solo de esa manera será posible mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y fortalecer la acción gubernamental para la resolución de problemas públicos.