La derecha y el crimen organizado

Columna

El puercoespín 

“El Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa se están disputando los estados, pero no solo el control territorial, sino el de las policías municipales, el manejo de las fiscalías estatales, y el manejo del sistema penitenciario”, explica David Saucedo.

El ataque al penal de Ciudad Juárez se inscribe en las estrategias del crimen organizado que busca imponer su hegemonía mediante los pasos antes señalados.

Maru Campos fue impuesta como candidata, por Marko Cortés,  a pesar que, desde entonces, se le acusó de corrupción y tener nexos con el ex gobernador César Duarte, incluso de estar en la nómina, por ello le defendíó de Javier Corral ya instalada en la gubernatura. 

El ataque al penal inició a las seis de la mañana con medidas distractoras y a las siete atacaron directamente el penal con un saldo de 10 muertos y 24 fugados, entre ellos,  Alfredo Piñón de la Cruz alias el Neto, líder de los Mexicle. 

Javier Corral ex gobernador de Chihuahua tuiteó: “El narco más duro y desalmado del grupo criminal de los Mexicle, El Neto, sustituto de El Lalo, se fugó hoy del Cereso auxiliado por un comando armado. Ha sido uno de los generadores de mayor violencia en la ciudad desde el penal, y ahora vuelve a las calles”.

El titular de la Sedena también reveló que se encontraron 84 dispositivos móviles, 10 armas largas, 4 armas cortas y 82 cartuchos de diferente calibres, los cuales quedaron a disposición de las autoridades correspondientes. De igual forma, se aseguraron 20 kilogramos de diversas drogas: 285 bolsas de cristal (con un peso de cuatro kilos), 38 dosis de cocaína (40 gramos), 68 de marihuana (16 kilos), 69 de heroína (un kilo y medio), 8 pastillas de fentanilo y otros paquetes con 50 bolsas de cristal.

Por fuera, las autoridades decomisaron un aditamento de lanzagranadas, 17 armas largas, cinco cortas, ocho chalecos tácticos y cuatro vehículos que habrían sido utilizados como distractores mientras se efectuaba la fuga. Cabe señalar que las autoridades federales han recalcado que el Cereso 3 es una cárcel estatal de cuyas condiciones debe responder la gubernatura de Chihuahua, encabezada por la panista María Eugenia Campos Galván.

El panista y ex gobernador del estado Javier Corral,  ha señalado a Maru Campos de tener a antiguos colaboradores del gobernador César Duarte (PRI) “controlando los penales de Chihuahua” y ha mencionado a Eduardo Guerrero Durán, director de prisiones en la Administración de Duarte, un hombre con un pasado de acusaciones de corrupción. 

Los escenarios cambian los actos son los mismos. No se trata de errores sino de maneras irresponsable de ejercer el poder. Lo que está sucediendo en Chihuahua parece una calca al carbón de lo pasado en Colima. Así inicio el año 2022 en Colima y todavía la pesadilla no termina.

Las similitudes son impresionantes. Colima y Chihuahua padecen dos gobiernos que parecen gemelos, pues ambas gobernadoras han sido acusadas de nexos, participar y colaborar con el PRI, de tener nexos laborales con gobiernos priistas, de tener antecedes de corrupción y haber quedado impune, de conservar la plantilla de mandos medios y altos en el gabinete. 

Hoy le toco al gobierno de Chihuahua y la historia parece repetirse. 

Indira Vizcaíno ha hecho hasta lo imposible por sostener la impunidad en el caso del ex gobernador Ignacio Peralta, como Maru Campos lo hace con el ex gobernador César Duarte.

Los casos de Colima y Chihuahua no son errores sino colaboraciones, o mejor dicho, complicidades con los gobiernos anteriores.

El asalto al Cereso 3 de Chihuahua parece que será el prólogo de lo que viene para esa entidad federativa. Los crímenes de alto impacto volverán a las calles de ese gran estado. 

En ambos casos parece que el asunto es muy claro, las gobernadoras no hacen su tarea en la Fiscalía ni con la Policía estatal, permitiendo la operación impune y franca del crimen organizado.

Está claro que la federación debe cambiar su estrategia de actuación en el sentido de no permitirles a estas gobernadoras –como son estos dos casos– de  actuar y ceder la fiscalía y las policías estatales a los criminales.

La revocación de mandato debe ser un instrumento para que los ciudadanos podamos actuar y expulsar de los puestos públicos que ocupan porque, no solo son negligentes e ineptas, sino francamente cómplices del crimen organizado, pues en ambas entidades –como en muchas más– se está dando la hegemonía criminal mediante tres vías: uno, con la participación en las campañas políticas vía el financiamiento; dos, negocian entre grupos criminales para el control territorial; y tres, finalmente, inician una vía armada que siembra de cadáveres la zona.

Colima y Chihuahua no tiene políticas en sus respectivas gubernaturas, tienen vulgares politiqueras que solo ambicionan el poder y el dinero, dejando a la población expuesta a la violencia del crimen organizado.

Son copia al carbón ¿Casualidad?, solo son de partidos diferentes.