Indira Vizcaíno, el previsible camino de la impunidad electoral

Colima, México, Avanzada (28/06/2022).- A pesar de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Congreso del Estado sancionar a la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva, por haber cometido una violación a la veda electoral durante el proceso de la consulta de revocación de mandato, los antecedentes de esta naturaleza de las últimas dos décadas apuntan a que su delito podría quedar impune.

Hay por lo menos tres casos en los que a dos exgobernadores y un expresidente municipal, a quienes se les demostró haber intervenido en procesos electorales, no se les castigó.

El primer caso que se recuerda es el del exmandatario Fernando Moreno Peña, quien provocó la primera anulación de una elección de gobernador, en el proceso electoral de 2003, cuando a causa de su intervención ilegal en la elección, a favor del candidato de su partido, el TEPJF determinó anular los resultados y fu necesario realizar un nuevo proceso y nombrar mientras tanto un gobernador interino.

Pese a lo anterior, Moreno Peña quedó impune y el Congreso, entonces de mayoría priista ni siquiera le instauró un juicio político, como lo pidió un grupo de ciudadanos a través de una demanda formal.

En 2015 se anuló por segunda vez una elección de gobernador en Colima, cuando el entonces secretario de Desarrollo Social, Rigoberto Salazar Velasco, aceptó que por órdenes superiores dio indicaciones a personal bajo su mando de apoyar al candidato priista a la gubernatura, José Ignacio Peralta Sánchez.

Aunque el TEPJF consideró acreditada la intervención del Ejecutivo en el proceso electoral a través de un candidato, tampoco hubo sanción para nadie. Lo único que ocurrió fue la renuncia anticipada de Salazar Velasco a su puesto y acudió a rendir una declaración, pero jamás fue condenado a pagar una sanción como autor del hecho, y mucho menos fue castigado el entonces gobernador, Mario Anguiano Moreno.

En la elección extraordinaria derivada de esa anulación, el alcalde de Cuauhtémoc con licencia, Rafael Mendoza Godínez, fue sorprendido promoviendo el voto a favor del candidato panista Jorge Luis Preciado Rodríguez, utilizando su investidura como alcalde, por lo que el TEPJF consideró de igual manera que violó la ley y después de un largo proceso se le ordenó al Congreso del Estado sancionarlo, lo que implicaría la pérdida de su cargo, pero de igual manera la justicia electoral nunca se aplicó.

Recientemente, el Congreso del Estado fue notificado de la resolución de la Sala Superior del TEPJF, qye ratificó la sentencia de la sala regional, que determinó que 17 gobernadores violaron la ley electoral, incluida Indira Vizcaíno Silva, al firmar un pronunciamiento en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al respecto, el diputado Armando Reyna Magaña, coordinador de la fracción de Morena, anunció que este miércoles el Congreso del Estado, controlado por el partido oficial y sus aliados, se tomará la decisión sobre si se sanciona o no a la gobernadora.