Cereso, universidad del crimen que no garantiza la reinserción social de los internos 

Colima, México, Avanzada (17/03/2022).- Fundado hace poco más de cuatro décadas con el propósito de “readaptar” a las personas responsables de cometer actos contra la ley y la sociedad, el Centro de Readaptación Social (Cereso, ahora renombrado como Centro de Reinserción Social) vive condiciones que impiden el desarrollo de una vida digna para sus internos y, por lo tanto, no garantiza la “readaptación” de las personas.

Por el contrario, las circunstancias que enfrenta el Cereso de esta ciudad favorecen más la posibilidad de que sus internos lo asuman como una “universidad del crimen”, donde tras haber ingresado por un delito menor egresan con conocimientos y contactos para incursionar en los delitos de mayor impacto.

El hacinamiento, la falta de clasificación y separación de presos por delito cometido, la alimentación indigna, el autogobierno y las frecuentes riñas entre internos que generan incertidumbre y un ambiente de inestabilidad son algunos de los factores que impiden la readaptación de los internos.

Las condiciones inhumanas que se viven en el Cereso fueron reconocidas por el propio presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, cuando el pasado 25 de febrero en su visita a Colima anunció una inversión de 200 millones de pesos para reforzar, reparar y mejorar las condiciones del reclusorio, donde un mes antes había ocurrido un enfrentamiento que derivó en la muerte de 9 presos y las lesiones de siete más, lo que motivó la ola de violencia que empezó el 7 de febrero y hasta la fecha no ha podido ser controlada.

En la conferencia mañanera de ese día el presidente mostró algunas imágenes del interior del centro penitenciario que, según definió, presenta “condiciones inhumanas y además de inseguridad”, por lo que se aplicarán recursos provenientes del adelanto de participaciones federales.

Al respecto, la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva, comentó en esa ocasión que a pesar de las condiciones en que se encontraba el Cereso, en el último año de la anterior administración estatal se invirtió menos de un millón de pesos en el mantenimiento de la infraestructura.

Antes, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) solicitó a las autoridades penitenciarias fortalecer las condiciones de operatividad en el Cereso, “eliminando los factores de riesgo, entre otros, de sobrepoblación, hacinamiento y autogobierno, que generen ambientes de violencia, tomando como base las observaciones contenidas en los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria”.

Tras el asesinato de los nueve presos el organismo emitió la medida cautelar 01/2022 dirigida al director general del Sistema Estatal Penitenciario, al secretario de Seguridad Pública del Estado y al director del Cereso de Colima, en la que demandó que se realicen las acciones urgentes e inmediatas, con los más altos estándares en materia de derechos humanos, a fin de preservar y salvaguardar la vida e integridad física, seguridad personal, dignidad humana, así como el proteger y garantizar las necesidades básicas de la población penitenciaria.

La medida cautelar requirió que se lleven a cabo las acciones necesarias para que las autoridades penitenciarias recobren el total control y la gobernabilidad en dicho centro penitenciario, se realice la clasificación penitenciaria con base en los criterios establecidos tanto en la normatividad nacional como instrumentos internacionales.

El organismo pidió también que se realicen las gestiones necesarias para que a la brevedad se dote al centro de reclusión del equipo y tecnología que permita la detección de objetos prohibidos, además de que se asigne a personal de seguridad y custodia en número suficiente y capacitado en materia de derechos humanos y control de disturbios, riñas, motines y otros hechos violentos al interior del centro. 

La medida cautelar contempló implementar mecanismos preventivos encaminados a privilegiar acciones de diálogo, mediación y concertación con la población penitenciaria que lleven a la mejor atención y solución de las problemáticas planteadas, así como efectuar acciones inmediatas para informar de manera adecuada, clara y precisa a los familiares de las personas internas sobre su estado de salud y/o situación jurídica.

Así también, a partir de los incidentes ocurridos en los últimos años, algunos de ellos menores y la mayoría graves, se determinó que el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Colima se encuentra hundido en la ingobernabilidad.

Enfrentamientos de presos a pedradas, riñas a golpes, agresiones con armas blancas que han arrojado el saldo de una gran cantidad de heridos y algunos muertos, así como atentados y homicidios contra custodios en el exterior hasta llegar a la ejecución de directivos, primero el subdirector jurídico y ahora el director del Cereso, son hechos que hablar de un descontrol del centro penitenciario por parte del gobierno estatal.

Y en el centro de esa ingobernabilidad, además de la incapacidad oficial para manejar el principal reclusorio de la entidad, se encuentra el poder creciente de los cárteles del narcotráfico, que se disputan el control del Cereso.

A lo anterior se sumó la desatención del gobierno estatal a una estancia digna de la población carcelaria en la entidad, lo que quedó de manifiesto en la recomendación emitida en julio pasado por la CDHEC al gobernador para que se corrigiera una serie de deficiencias en lo relativo a la alimentación de los presos, que se determinó como insuficiente, sin variedad y de mala calidad.

El descontento que generaba esta situación entre los internos se suma al clima de incertidumbre y violencia generado por los enfrentamientos frecuentes de presos pertenecientes a grupos delictivos rivales, como lo han reconocido las propias autoridades.

Uno de los hechos de mayor gravedad ocurridos al interior del reclusorio se registró el 12 de mayo de 2020, con un motín en el que murieron tres presos y quince resultados con heridas de leves a graves.

La SSP atribuyó el móvil de los hechos a la probable inconformidad de los presos por las restricciones a las visitas de sus familiares a causa de la pandemia del covid-19, aunque reconoció que en el marco de los hechos violentos hubo también agresiones entre grupos contrarios de internos, que ocasionaron incendios y daños en el área de enfermería, quema de basura y colchones, así como agresiones a custodios e intentos de fuga.

En otro hecho, un preso murió y siete más resultaron heridos durante una riña entre reos provenientes de grupos delictivos rivales.

En octubre de 2019 habían sido encontrados los cuerpos de dos reos semienterrados en el exterior de uno de los dormitorios del Cereso. En febrero de 2020 diez internos y un custodio resultaron heridos en una riña entre dos grupos antagónicos.

En otro brote violento, resultaron ocho reos heridos, uno de ellos de gravedad, la mayoría por impactos de piedras.

El asesinato del director del Cereso y su escolta, ocurridos la madrugada del jueves 14 de octubre, en un hecho donde también resultó herida la esposa del funcionario y fue abatido por el escolta uno de los sicarios participantes en el atentado.

Y el hecho de mayor impacto hasta ahora fue el asesinato de nueve reos y las lesiones de siete más, durante un enfrentamiento ocurrido el 25 de enero pasado.