EDITORIAL. La prueba de fuego para Indira

El tema del despido de los 229 trabajadores que habían sido basificados al final de la administración del exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez, así como las denuncias presentadas contra los presuntos responsables de irregularidades, se convierten en la primera prueba de fuego para la actual gobernadora, Indira Vizcaíno Silva, pues podría ser la primera muestra que revelará si en verdad existe voluntad de la morenista de ajustar cuentas con el pasado o si únicamente se trata de una farsa.

La presentación de las denuncias contra el exmandatario y titulares de secretarías y organismos descentralizados, por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con hechos de corrupción, en el tema de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, falsedad de los servidores públicos, tráfico de influencias y los que resulten, comprometen seriamente a la jefa del Ejecutivo.

Aquí se verá si existe realmente voluntad de ir a fondo en este primer asunto que se lleva a tribunales o si sólo se trató de una maniobra de Vizcaíno para hacer a un lado de la nómina burocrática a los amigos de José Ignacio Peralta para colocar a los suyos, que por lo visto tiene muchos y parece que le van a faltar espacios para acomodarlos a todos en su gobierno.

Evidentemente, es un asunto de suma gravedad que Peralta haya otorgado bases a diestra y siniestra sólo para pagar compromisos políticos sin que presupuestalmente haya existido sustento ni soporte, además de que “el proceso a partir del cual fueron otorgadas estuvo plagado de vicios y de irregularidades, toda vez que las personas no reunían las condiciones, ni los requisitos para entrar en un esquema de basificación”, según dijo el subsecretario de Administración, Víctor Manuel Torrero Enríquez.

El funcionario afirmó que “las personas que estuvieron en este esquema de basificación, en su gran mayoría eran allegadas al gobierno anterior; y allegadas me refiero a situaciones incluso hasta de complicidades, situaciones de actos contrarios a lo que es el ejercicio del servicio público y en ese sentido no podíamos nosotros dejar pasar por alto esta situación”.

Resulta escandaloso lo dado a conocer en el sentido de que entre el personal basificado había 5 personas que no contaban ni con un año de antigüedad, 9 que apenas tenían un año, 13 con 2 años, 18 con 3 años, 20 personas con cuatro años y 28 con 5 años, cuando se tenía un gran espectro de personas que pudieron haber tenido más merecimientos por contar con una antigüedad mucho mayor.

En suma, los beneficiados con una base eran gente que más bien “tenía una relación de parentescos, había amiguismo, había compadrazgos, había diversas situaciones que no eran las que se deben de tomar en cuenta para otorgar una base a una trabajadora o a un trabajador”.

Todo lo anterior debe ser sancionado y lo más sano es que la sociedad se mantenga vigilante de que así ocurra, para evitar un manejo político o convenenciero de los actos de corrupción del pasado para cometer abusos de poder en el presente.

Es indignante darse cuenta de que la gran mayoría de las personas basificadas se desempeñaban como secretarios particulares, directivos e incluso uno de ellos como secretario de estado y otros cargos eminentemente de confianza, que de un día para otro ya aparecieron como si estuvieran de base.

En un caso como éste no basta que se rompa la relación laboral con los basificados de manera injustificada y se sancione a los responsables, sino que de ahora en adelante todos los movimientos en ese sentido se realicen con pleno apego a las leyes.