Ignacio Peralta, el primer paso hacia la impunidad

Colima, México, Avanzada (27/10/2021).- Todavía no concluye su sexenio y el gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, ya logró dar un primer paso rumbo a una no descartable impunidad, luego de que la Comisión de Responsabilidades del Congreso del estado desechó por tres votos contra dos la demanda de juicio político en su contra y de su exsecretario de Planeación y Finanzas, Carlos Arturo Noriega García.

La querella había sido presentada por la fracción de Morena el último día en funciones de la LIX Legislatura, 30 de septiembre anterior, en la que Peralta y Noriega fueron acusados del quebranto de las finanzas públicas de Colima, situación que llevó al gobierno a no poder pagar ni siquiera el sueldo de miles de trabajadores.

Según la exdiputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, la demanda fue desechada en una sesión de la Comisión mencionada con los votos a favor de los diputados Héctor Magaña Lara, del PRI; Rigoberto García Negrete, del PES; y Priscila García Delgado, del PAN, con la oposición de Andrea Naranjo Alcaraz, de Morena, y Kathia Zared Castillo Hernández, del PES.

A través de su cuenta en Facebook, la exlegisladora morenista dijo que la decisión de la mayoría en la Comisión de Responsabilidades constituye “una clara maniobra que busca dejar impune la corrupción del sexenio peraltista”, pues “de manera arbitraria” se consideró que la denuncia no estaba apoyada en elementos probatorios suficientes.

Ese argumento, indicó Aguirre, resulta insostenible, pues pasa por alto que, tanto las cuentas públicas como los decretos respectivos en los que se apoyan el cúmulo de irregularidades cometidas por los denunciados, además de ser hechos notorios, están publicados en el Periódico Oficial y hacen prueba plena en contra de los señalados, por lo que debieron continuar con el trámite de la denuncia presentada.

Los diputados y la diputada que votaron a favor de esa decisión, consideró la exlegisladora morenista, evidenciaron “su indolencia y su complicidad con el régimen actual, al que buscan proteger a toda costa”, aun conociendo “las irregularidades que tienen a nuestro estado sumido en la peor crisis de su historia”. 

Sin embargo, manifestó Aguirre que la lucha no va a detenerse por “este tipo de argucias legaloides; ya estamos buscando los medios para combatir esta decisión ilegal, adoptada por tres personajes corruptos, que forman parte de la misma mafia que ha saqueado al erario en los últimos años”.

También a través de Facebook, el diputado priista Héctor Magaña se quejó de los “infundios” publicados en su contra y aseguró que la demanda fue desechada porque “nos oponemos a ser comparsas de una serie de concertacesiones que se han venido consumando entre algunos exdiputados con el gobierno estatal que está pronto a fenecer, y que tiene que ver con la extraña presentación de un documento de juicio político plagado de irregularidades a escasas horas del término legal de la anterior legislatura”.

En su contraataque para tratar de justificar el rechazo a la demanda de juicio político, Magaña aseveró que su posición es firme respecto a “cero impunidad”, por lo que desde la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado “nos pronunciamos en contra de respaldar un documento de juicio político que esté viciado de origen y que se convierta en un artilugio legal que fomente la impunidad de los presuntos implicados”. 

Aunque con la decisión que tomaron él y sus compañeros beneficiaron a Peralta Sánchez y Noriega García, el diputado priista dijo reafirmar su compromiso por el combate a la corrupción y de llegar al fondo del asunto de la grave situación financiera que atraviesa nuestro estado, “sin importar caiga quien caiga”.

No obstante, esa demanda de juicio político es hasta ahora sólo una de las querellas existentes contra el exgobernador en diversas instancias, tanto dentro de la vía civil como penal y administrativa, por lo que en los próximos meses podrá verse el camino que sigue la justicia en este sentido y se evidenciará si existe o no voluntad del gobierno de Indira Vizcaíno de ajustar cuentas legales con su antecesor, su expatrón.