Colima, México, Avanzada (13/05/2021).- Las deudas para los colimenses generadas por el Gobierno del Estado no paran. Además del crédito por hasta 410 millones de pesos que deberán pagar durante los próximo 20 años, se suma el pasivo por 740 millones de pesos que solicitó el gobernador y que pagarán los habitantes de Colima desde este año y hasta el 2040.
Tanto en el crédito bancario de 410 millones de pesos que ejerció la administración de Ignacio Peralta Sánchez entre el 2018 y 2019 y el crédito de por 740 millones de pesos que utilizó entre diciembre de 2020 y lo que va de este 2021 no se ha transparentado en qué se utilizó el recurso y en el caso del primer empréstito, hay una investigación abierta por parte del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG)
El pasado 13 de junio se publicó en el Periódico Oficial el Estado de Colima, el decreto 286, donde se establece que 15 diputados locales autorizaron que el gobernador, Ignacio Peralta Sánchez contratara uno o varios créditos bancarios hasta por 740 millones de pesos que terminarán de pagar los colimenses en el 2040.
En el decreto 286, los 15 legisladores que avalaron el último empréstito no propusieron medidas de fiscalización adicionales a las ya establecidas en la ley, a pesar de que el gobierno del Estado se encuentra sujeto a una investigación en el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) por el uso inadecuado del crédito de 410 millones de pesos que el 26 de septiembre de 2018, aprobaron la mayoría de los diputados de la anterior legislatura.
El documento establece que de los 740 millones de pesos autorizados, 500 millones serán para infraestructura y el equipamiento en seguridad (C5i), en tanto, 176 millones de pesos serán para el sector Salud, aunque es no se señala en qué rubros de la salud tendrán que invertirse estos recursos.
Mientras que 46 millones se invertirán en la infraestructura en cultura, concretamente en la remodelación de Palacio de Gobierno, proyecto que inició el 26 de febrero de 2019 y que originalmente costaría 30 millones de pesos, de los cuales, el 50 por ciento los pondría la Federación y el 50 por ciento restante, el gobierno del Estado.
El decreto de la deuda también contempla que el gobierno estatal dispondrá de 18 millones de pesos para cubrir los gastos y costos de la contratación del crédito o de los créditos.
De igual forma, el decreto establece que en 15 días naturales, el Gobierno deberá informar al Congreso la institución con la que contraerán el empréstito, así como los plazos y los calendarios de las ministraciones que estarán recibiendo, sin embargo, aunque el Gobierno de Colima ejerció parte de los créditos por 740 millones de pesos en diciembre pasado, según el Registro Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios Vigente de la Secretaría de Hacienda, hasta el momento, ni los diputados ni los colimenses saben cómo se invirtió el recurso y el gobierno no ha transparentado la ejecución del mismo