Colima, México, Avanzada (27/03/2021).- El gobernador, Ignacio Peralta Sánchez firmó “El Acuerdo por la Democracia” que promovió el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador para evitar que los gobernantes se involucren en el proceso electoral y eviten apoyar a algún candidato, además, tendrán que denunciar cualquier sospecha sobre uso de dinero proveniente del crimen organizado dentro de las campañas políticas.
Aunque el gobernador no ha emitido mayores comentarios sobre el Acuerdo y aunque ha dicho que será respetuoso del proceso electoral, son conocidos sus lazos amistosos, políticos o laborales con la mayoría de los candidatos y las candidatas a la gubernatura, especialmente con Indira Vizcaíno Silva, Leoncio Morán Sánchez, Virgilio Mendoza Amezcua y Mely Romero Celis.
En Colima, aunque el artículo 59 fracción V de la Constitución Política Colimense prohíbe la intervención del gobernador en las elecciones, ya sea por sí o por medio de otras autoridades o agentes, en las últimas dos décadas se anularon dos elecciones constitucionales para la gubernatura.
La primera elección anulada fue el 29 de octubre de 2003, cuando la mayoría de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocaron el triunfo del priista, Gustavo Vázquez Montes tras acreditar que el gobernador, Fernando Moreno Peña intervino de manera indebida en el proceso electoral para favorecer al candidato de su partido.
Aunque en su resolutivo los magistrados discutieron las intervenciones del Ejecutivo del Estado en el proceso electoral, desde el Gobierno del Estado y a través del sistema priista, se impulsó una campaña de desprestigio y persecución política en contra de la magistrada del Tribunal Electoral del Estado (TEE) Adriana Ruiz Visfocri, a quien responsabilizaron de la anulación de la elección, a pesar de que los magistrados del TEPJF concluyeron que el gobernador colimense no sólo violó el artículo 59 de la Constitución de la entidad al intervenir en el proceso, también le señalaron haber usado al procurador general de Justicia del estado y a elementos policiacos quienes persiguieron a militantes de partidos opositores al PRI.
La segunda anulación por la gubernatura sucedió 12 años después, el 22 de octubre de 2015, cuando los magistrados del TEPJF anularon la elección por la intervención del gobernador Mario Anguiano Moreno a través del secretario de Desarrollo Social, Rigoberto Salazar, quien fue evidenciado en un audio donde le solicitaba a una trabajadora “que jalara” a favor del candidato priista, por instrucciones del gobernador.
Peralta Sánchez ratificó su triunfo en una elección extraordinaria que se llevó a cabo el 18 de enero de 2016.