Manzanillo, México, Avanzada (17/02/2021).- El exdelegado de la comunidad de Campos, David Díaz Valdez, quien desde septiembre del año pasado se encuentra preso en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Manzanillo, expresó su temor de ser asesinado dentro del penal e hizo responsable de su vida al gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez.
“No olvidemos que el gobernador y sus oscuros intereses tiene metidas las manos en la empresa por la que fuimos despojados en Campos en la zona de Tepalcates, apresúrense a rescatarme, porque ya fui amenazado”, pidió el activista preso a través de un audio que envió desde el penal.
Díaz Valdez, quien en 2019 fue electo delegado de la comunidad de Campos en Manzanillo, fue detenido hace cinco meses en el marco de un conflicto con el gobierno del estado y la Secretaría de Salud y Bienestar Social, con quienes disputó la posesión de una ambulancia que daba servicio a la comunidad, pero fue demandado y desde entonces vinculado a proceso por una juez de control.
“Hago responsable de mi vida aquí dentro de este penal de máxima seguridad de Chandiablo de lo que me pueda ocurrir, al gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, al procurador o fiscal de Colima y los ministerios públicos que llevan las dos carpetas de investigación y a las dos juezas y al magistrado, Sergio Marcelino Bravo Sandoval, ya que por sus intereses oscuros me tienen preso sin justificación alguna”, señaló.
Así también, aclaró: “Yo no tengo conflicto alguno con ningún reo peligroso aquí dentro por el cual me puedan matar y tampoco he intentado suicidarme o quitarme la vida aquí dentro de este penal, si llegara a morir aquí el Estado es el responsable”.
La semana anterior, la diputada federal Claudia Yáñez Centeno ofreció una rueda de prensa en la Ciudad de México en la que expuso la situación de David Díaz. Sus declaraciones fueron retomadas en el siguiente comunicado:
La diputada federal Claudia Yáñez Centeno denunció que, en el estado de Colima, “el aparato del poder tiene arbitrariamente retenido y encarcelado a un líder social campesino, convertido injustamente en preso político por intereses oscuros del gobernador Ignacio Peralta Sánchez y de la secretaría estatal de Salud, Leticia Delgado Carrillo, hermana del Presidente Nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo”.
Explicó, en rueda de prensa en Palacio Legislativo de la Ciudad de México, que se trata de “un hecho que ha conmocionado a la sociedad colimense, pues hace más de 5 meses detuvieron de manera injusta y arbitraria a David Díaz Valdez, quien es un luchador y defensor de los derechos humanos de campesinos, convirtiéndolo en un preso político”.
Dijo Claudia Yáñez que su pronunciamiento lo hace a nombre del pueblo de Colima, atendiendo sus demandas ciudadanas y de organizaciones sociales planteadas a la Cámara de Diputados y en forma especial por las hijas, esposa y familias que sufren por la detención prolongada, absurda y sin los elementos básicos, al tener en prisión al señor David Díaz Valdez, quien es el Delegado Municipal de Campos, en Manzanillo.
Se trata de una persona –dijo-, que es muy conocida y reconocida en su localidad, porque se ha dedicado toda su vida a llevar bienestar a los habitantes de la comunidad de Campos; consigue y distribuye despensas; gestiona y entrega materiales de construcción para quienes sufren incendios o tienen deterioradas sus viviendas; está siempre al tanto de las personas con discapacidad, y es injusto tenerlo en estatus de delincuente.
Es un gestor social nato –agregó-, que ha buscado que las tarifas de energía eléctrica y del agua disminuyan, porque a veces resultan muy onerosas e impagables por la gente que habita en Campos, la comunidad a la que se ha dedicado y entregado. Y por buscar el bienestar común está en la cárcel junto con delincuentes. El gobierno del estado debería apresar a verdaderos malhechores y no llenar la cárcel con liderazgos inocentes, remarcó.
Agregó la legisladora federal de Colima que la privación de la libertad del líder social se dio por excesos de la medida cautelar impuesta por la juez de control que lleva el caso en la carpeta 348, pues él no incurrió en delito grave suficiente como para que se haya impuesto una prisión preventiva oficiosa, lo que es totalmente doloso, de mala fe y sin apego a la ley.
Es una flagrante violación de los derechos humanos de David Díaz Valdez, quien lleva cinco meses preso, obligado a sufrir las penurias de la convivencia forzada con delincuentes confesos. Este luchador social defiende los derechos de una ambulancia que fue donada en 2013 a la Comunidad de Campos y que por intereses de la Secretaria de Salud, se ha retirado, expuso Claudia Yáñez.
Por lo anterior, exhortó al gobernador del estado de Colima para que saque las manos y se libere al líder campesino; también la Secretaría de Salud del Gobierno Estatal está interviniendo dolosamente, así como la Secretaría de Gobierno del Estado, que niegan tener el contrato de comodato de una ambulancia en pugna, cuando está comprobado que sí lo tienen, porque fue entregada en comodato, en un acto de dominio público en el año 2013 por el gobierno del estado de Colima a la comunidad de Campos, lo que en su momento fue reconocido oficialmente y publicado por la Secretaría estatal de Salud.
El hecho es que, en el marco de su liderazgo social, y en busca del bienestar de su comunidad, David Díaz Valdez trató de recuperar la ambulancia retenida, y al buscar la devolución, lo que obtuvo fue la pérdida de su libertad. Lo único que hizo fue defender los derechos de ese vehículo que fue donado en 2013 a la Comunidad de Campos y que por intereses de la Secretaria de Salud, se le retiró.
Es un acto eminentemente político según los Colegios de abogados, y es absurdo que en pleno siglo XXI en Colima tengamos a un preso político identificado como de izquierda, manifestó la diputada en presencia de los reporteros de “la fuente” de la Cámara de Diputados.
Para finalizar, dijo que, “en esto quiero llamar también la atención de la federación, porque hace unos días, Jesús Ramírez, el Vocero de la Presidencia, anunció que por primera vez, México cuenta con un sistema para evaluar el sistema penal, y recibir expedientes para revisar irregularidades en el sistema de impartición de justicia”. En Colima está haciendo falta eso, concluyó.