Congreso debe confirmar destino de 622 MDP que Bancomer prestó al gobierno

Colima, México, Avanzada (25/05/2020).- El abogado fiscalista, Humberto Arias Guillen consideró que el Congreso local debe analizar el supuesto refinanciamiento que realizó el gobierno del Estado con Bancomer por 622 millones de pesos, porque existen dudas sobre el destino del recurso.

El abogado señaló que el contrato -que firmó el gobierno estatal con Bancomer el pasado 8 de octubre de 2019- establece en sus cláusulas que se realizó una apertura de crédito hasta por 622  millones de pesos y la administración estatal tenía 60 días para ejercer ese dinero y no un refinanciamiento como lo manejó la administración estatal.

En entrevista con La Mejor F.M Noticias, el  mismo litigante refirió que en la cláusula segunda del contrato con Bancomer, se menciona que el destino o el objeto del crédito es un refinanciamiento (el pago parcial o total de otro crédito).

Sin embargo, dijo que los legisladores locales tendrían que investigar si se llevó a cabo el refinanciamiento o si el dinero que otorgó Bancomer se utilizó para otra cosa.

Recordó que ya existen antecedentes con un crédito anterior, donde el Gobierno Estatal desvío 200 millones de pesos, que le había autorizado el Congreso para comprar reserva territorial, “no digo yo esos señalamientos, lo hizo el propio OSAFIG”.

Arias Guillen expuso que  el contrato que celebró el Gobierno estatal  con Bancomer,  el 8 de octubre de 2019,   establecía un plazo de 60 días para la ejecución de los 622 millones de pesos, “se tendría que decir, en qué momento se dispuso de esos recursos y en segundo, acreditar la fecha en la que solventó el adeudo total que tenía con el banco Interacciones”.

El abogado fiscalista expresó que mientras no se aclaren los dos puntos anteriores, no se pueden tener elementos base que permitan saber si se cumplió con el objeto del crédito con Bancomer, “es  la única manera de acreditar que no hubo desvió de recursos”.

Insistió que los diputados y el OSAFIG tendrían que estar interesados en aclarar la información, y también, documentar si el gobierno tendría que haber pedido la autorización del Congreso para la contratación de este crédito.