Colima, México, Avanzada (11/06/2026).- Mientras el discurso oficial insiste en la transparencia y el combate a la corrupción, la información patrimonial del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Bryant Alejandro García Ramírez, permanece fuera del alcance de la ciudadanía.
Una revisión realizada por Avanzada no permitió localizar una versión pública de su declaración patrimonial, de intereses o fiscal, documentos que constituyen uno de los principales mecanismos para que la sociedad conozca la evolución del patrimonio de quienes ejercen funciones públicas y administran recursos del Estado.
La búsqueda incluyó el portal institucional de la Fiscalía General del Estado, donde únicamente se encuentra disponible el perfil curricular del funcionario, en el que se informa que es licenciado en Derecho por la Universidad de Colima, maestro en Nuevo Sistema de Justicia Penal y Derechos Humanos, exabogado litigante y con experiencia en dependencias estatales y federales. Sin embargo, no existe un apartado que permita consultar su patrimonio, bienes, ingresos, inversiones o posibles conflictos de interés.
La revisión también abarcó el micrositio “3 de 3” de la Contraloría General del Estado, donde se publican las declaraciones patrimoniales de integrantes del gabinete estatal y el nombre del fiscal tampoco aparece en ese listado, debido a que la Fiscalía es un organismo constitucional autónomo y no forma parte del Poder Ejecutivo, situación que en los hechos genera un vacío en la publicidad de esa información.
Bryant Alejandro García Ramírez fue designado por el Congreso del Estado en septiembre de 2021 para desempeñarse como Fiscal General por un periodo de seis años, tras una propuesta enviada por el entonces gobernador Ignacio Peralta Sánchez. En su dictamen, los diputados destacaron su trayectoria en la administración pública y su experiencia como litigante y docente universitario.
El caso adquiere una relevancia adicional porque la Fiscalía General del Estado es una de las instituciones con mayor autonomía constitucional y concentra funciones esenciales para la procuración de justicia, el combate a la corrupción y la investigación de delitos de alto impacto, pero el patrimonio de su máximo responsable permanece fuera del escrutinio público.
La inexistencia de una versión pública localizable no significa necesariamente que el funcionario haya incumplido con la obligación de presentar su declaración patrimonial ante la autoridad competente; sin embargo, evidencia un problema de transparencia institucional debido a que, la ciudadanía no dispone de elementos para verificar la evolución patrimonial de uno de los servidores públicos con mayor poder e influencia dentro del sistema de justicia colimense.
Sobre las declaraciones patrimoniales FUNDAR, organización que se dedica a la investigación y la rendición de cuentas, sostiene que la publicidad de las declaraciones patrimoniales fortalece la confianza pública, facilita la detección de posibles conflictos de interés y constituye una medida preventiva contra actos de corrupción.