Avanzada (28/05/2026).- Los senadores estadounidenses John Cornyn, republicano por Texas, y Jacky Rosen, demócrata por Nevada, presentaron una iniciativa bipartidista denominada Stop Fueling Cartel Violence Act (Ley para detener el financiamiento de la violencia de los cárteles), con el objetivo de combatir el robo y contrabando de hidrocarburos, actividad conocida en México como “huachicol”.
La propuesta legislativa surge ante el crecimiento del tráfico ilegal de combustible como una de las principales fuentes de financiamiento no relacionadas con drogas para organizaciones criminales transnacionales, particularmente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con el planteamiento presentado en el Senado estadounidense, la iniciativa busca reforzar la estrategia de seguridad y coordinación binacional para combatir el denominado “huachicol transnacional”, fenómeno que ha escalado de la ordeña de ductos de Pemex al tráfico internacional de petróleo crudo y combustibles robados.
Entre los principales puntos de la propuesta se encuentra la obligación al Departamento de Defensa de Estados Unidos de entregar informes detallados al Congreso sobre las acciones y estrategias implementadas para combatir el contrabando de hidrocarburos operado por los cárteles.
Asimismo, plantea fortalecer el intercambio de inteligencia entre las fuerzas armadas y agencias civiles estadounidenses como la DEA, el FBI y el Departamento del Tesoro, con el propósito de desmantelar las estructuras financieras de las Organizaciones Criminales Transnacionales (TCO, por sus siglas en inglés).
La iniciativa también impulsa mecanismos de cooperación internacional con países aliados, especialmente México, para rastrear las cadenas de suministro de combustible robado y asegurar los procesos de distribución.
Según reportes previos de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) y de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las organizaciones criminales han sofisticado sus métodos de operación.
Las investigaciones señalan que los cárteles roban petróleo y combustibles en México y posteriormente los introducen ilegalmente a territorio estadounidense, ocultándolos o etiquetándolos falsamente como “aceite de desecho” o residuos peligrosos para evadir controles aduanales.
Una vez en Estados Unidos, el combustible es vendido a precios reducidos a importadores y refinadoras presuntamente vinculadas a las redes criminales. Posteriormente, las ganancias son enviadas de regreso a México mediante esquemas de lavado de dinero, recursos que presuntamente financian la compra de armas y operaciones ligadas al narcotráfico, incluido el tráfico de fentanilo.
Los legisladores estadounidenses advirtieron que el robo y contrabando de hidrocarburos dejó de ser un problema local de delincuencia en México para convertirse en una amenaza directa a la seguridad nacional, energética y económica de Estados Unidos.
Además, señalaron que las rutas de tráfico de combustible también han provocado un incremento de extorsiones, violencia armada y enfrentamientos en comunidades fronterizas.