Ciudad de México, Avanzada (28/05/2026).- Greenpeace México presentó denuncias ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) y Petróleos Mexicanos (Pemex) por el derrame de hidrocarburos ocurrido en el Golfo de México a principios de febrero de 2026, además de exigir acciones urgentes para proteger a las comunidades afectadas y restaurar los ecosistemas dañados.
La organización ambiental informó que el pasado 4 de mayo interpuso una denuncia popular ante la ASEA para que se investiguen los posibles impactos ambientales, sociales y de salud ocasionados por el derrame en comunidades costeras del litoral del Golfo de México.
Asimismo, el 27 de mayo presentó una denuncia por responsabilidad administrativa ante la Unidad de Responsabilidades de Pemex, con el objetivo de que se investiguen posibles actos y omisiones relacionados con el manejo de la emergencia ambiental y el presunto ocultamiento de información.
Greenpeace solicitó a las autoridades identificar a las personas responsables de la contaminación, garantizar la recuperación integral de ecosistemas marinos y costeros afectados, asegurar el manejo adecuado de residuos contaminantes y establecer mecanismos eficaces de alerta y protección para la población expuesta.
La organización señaló que organizaciones civiles y habitantes de la región documentaron la presencia de chapopote en más de mil 100 kilómetros de costas, desde Tabasco hasta Tamaulipas. De acuerdo con monitoreos y análisis satelitales difundidos públicamente, desde el 1 de marzo comenzaron a registrarse afectaciones en la línea costera entre Pajapan, Veracruz, y Paraíso, Tabasco, extendiéndose posteriormente al resto de las costas veracruzanas y tamaulipecas.
Según Greenpeace, los daños alcanzaron ecosistemas considerados estratégicos, entre ellos manglares y el Corredor Arrecifal del Golfo de México.
Las denuncias también retoman declaraciones realizadas por Pemex el pasado 16 de abril, cuando la empresa reconoció públicamente que servidores públicos ocultaron información relacionada con el derrame mientras comunidades enteras enfrentaban las consecuencias de la contaminación.
Entre los hechos admitidos por la petrolera se encuentran la pérdida de integridad mecánica y la reparación de un oleoducto que no fueron reportadas, el ocultamiento de información sobre agua oleosa recuperada y la demora de ocho días para cerrar completamente la válvula principal tras detectarse el derrame.
En la denuncia administrativa, Greenpeace pidió investigar posibles responsabilidades del entonces director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, así como de otros funcionarios que pudieran haber participado en decisiones u omisiones relacionadas con la atención de la emergencia y el flujo de información hacia los altos mandos de la empresa.
La organización también solicitó que Pemex, la ASEA, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y demás autoridades competentes transparenten toda la información relacionada con el derrame ocurrido entre febrero y abril de este año.
Además, Greenpeace pidió que se determinen responsabilidades administrativas, se impongan las sanciones correspondientes conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y se implementen medidas para garantizar la no repetición de hechos similares, así como la reparación integral del daño ambiental.
“Las comunidades costeras tienen derecho a saber qué ocurrió, cuáles son los riesgos y qué medidas se implementarán para garantizar su seguridad y la restauración ambiental. La opacidad y la demora en la respuesta institucional agrava los impactos ambientales y sociales de este tipo de emergencias”, señaló la organización.
Greenpeace expresó además preocupación por testimonios recabados en comunidades afectadas que apuntan a la falta de alertas oportunas, escasa información sobre riesgos de exposición a hidrocarburos, deficiencias en la entrega de equipo de protección personal y falta de claridad sobre el manejo final de residuos contaminantes.
La organización advirtió también posibles desigualdades en la atención institucional, pues distintas comunidades denunciaron que las labores de limpieza se concentraron principalmente en zonas turísticas y de fácil acceso, mientras localidades rurales e indígenas habrían recibido respuestas tardías o insuficientes.
“La protección ambiental y la atención a emergencias no puede depender de la visibilidad turística o económica de una región. Todas las comunidades tienen derecho a una respuesta efectiva, transparente y con enfoque de justicia ambiental”, agregó Greenpeace México.
Finalmente, la organización reiteró la necesidad de implementar mecanismos efectivos de alerta temprana, protocolos claros de prevención y medidas de protección a la salud de la población.
“El Golfo de México es una región de enorme riqueza ecológica y sustento para miles de personas. La restauración ambiental, la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para evitar que este tipo de hechos se repitan”, concluyó.