Scherer rompe el silencio: acusa uso político de decreto para extrabajadores de LyFC con costo de 27 mil millones

México, Avanzada (08/02/2026).— “El poder no admite cercanía sin sometimiento”. Con esa frase, Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia, resume el tono de Ni venganza ni perdón, el libro en el que ofrece un testimonio crítico sobre el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la ruptura que marcó su salida del gobierno y la persecución política que —asegura— enfrentó después.

Editado por Planeta y escrito en coautoría con el periodista Jorge Fernández Menéndez, el volumen estará disponible en librerías a partir del 11 de febrero. La revista Proceso publicó un adelanto en el que se detalla uno de los episodios más polémicos: la creación de una “compensación vitalicia por justicia social” para extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC), que —según Scherer— derivó en un esquema de operación política con un impacto fiscal estimado en casi 27 mil millones de pesos hasta el año 2086.

De acuerdo con el libro, el entonces vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, habría utilizado el decreto publicado el 25 de agosto de 2022 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) como herramienta para construir redes clientelares y operar políticamente en favor de la precandidatura de Clara Brugada a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El decreto y la fe de erratas

El decreto estableció una compensación mensual vitalicia para extrabajadores con al menos 19 años y seis meses de antigüedad que no hubieran accedido a una pensión tras la extinción de LyFC en 2009. Sin embargo, una fe de erratas publicada el 29 de agosto modificó las condiciones originales e incluyó a personas ya liquidadas conforme a la ley.

Según Scherer, esa modificación careció de sustento jurídico y financiero suficiente, violó el principio de legalidad presupuestaria y obligó a improvisar un programa sin respaldo presupuestal claro. El resultado, afirma, fue la generación de un pasivo actuarial cercano a 27 mil millones de pesos, de acuerdo con estimaciones del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).

Al cierre de 2023, el padrón sumaba 7 mil 133 beneficiarios y el gasto ejercido alcanzaba 3 mil 537 millones de pesos. Cada beneficiario recibe un pago mensual, un monto anual adicional y un seguro de vida por 350 mil pesos. Las mujeres reciben el 100% del beneficio como acción afirmativa. Gobernación coordina el programa y el Indep lo ejecuta, aunque ambas instancias han advertido sobre insuficiencia de recursos.

Origen del conflicto

La desaparición de LyFC fue decretada en octubre de 2009 por el entonces presidente Felipe Calderón, bajo el argumento de ineficiencia y altos costos para el Estado. La medida afectó a más de 45 mil trabajadores; la mayoría aceptó su liquidación, pero un grupo disidente permaneció en resistencia, fuera de la estructura formal del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Con la llegada de López Obrador a la Presidencia en 2018, el conflicto encontró un nuevo cauce. En la conferencia matutina del 13 de octubre de 2021, el mandatario encargó públicamente a Jesús Ramírez la atención del caso. A partir de ahí se desarrollaron reuniones interinstitucionales con Hacienda, Gobernación, el Indep y la Consejería Jurídica.

Scherer sostiene que el vocero presidencial utilizó esa encomienda para intervenir en la vida interna del SME, respaldar al grupo encabezado por Rosendo Flores y consolidar una estructura de apoyo político. Incluso señala que, durante actos públicos en 2024, extrabajadores beneficiados expresaron su respaldo a Clara Brugada y agradecieron la “intervención histórica” de Ramírez.

Fractura sindical y tensiones internas

El SME ha denunciado que el decreto fue negociado con personas sin representación sindical legítima y ha acusado a Ramírez y al entonces titular de la CFE, Manuel Bartlett, de intervenir para imponer liderazgos afines, vulnerando la autonomía gremial.

Para Scherer, el caso no sólo fracturó al sindicato, sino que evidenció tensiones internas en el propio movimiento obradorista, particularmente por la preferencia que —según el libro— la entonces jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum tenía por Omar García Harfuch como candidato, frente a la postulación de Brugada.

El exconsejero jurídico advierte que el programa sentó un precedente riesgoso: un grupo de extrabajadores ya indemnizados accedió a un segundo beneficio financiado con recursos públicos. Además, la falta de coordinación entre Sener, Hacienda y la Comisión Intersecretarial de Gasto Público ha impedido cerrar formalmente la liquidación de LyFC, pendiente desde 2017.

El costo de la “justicia social”

El libro dimensiona el impacto financiero comparando el pasivo con otras prioridades sociales: con 27 mil millones de pesos podrían construirse alrededor de 150 hospitales de primer nivel, otorgarse más de 1.2 millones de becas anuales o cubrir más de 600 mil pensiones para adultos mayores durante un año.

Más allá de la cifra, Scherer plantea una crítica de fondo: la utilización de la narrativa de justicia social para justificar decisiones con fines políticos. “La lealtad se volvió sospecha y la justicia, instrumento de presión”, sostiene.

En el trasfondo del libro está también la advertencia que, según el propio Scherer, le hizo el presidente López Obrador al dejar el cargo: “Te van a atacar”. Ni venganza ni perdón se presenta así como el testimonio de una ruptura en el círculo más cercano al poder y como una radiografía interna de la lógica política del sexenio anterior.

El Congreso y los órganos fiscalizadores, concluye el adelanto, deberán revisar la legalidad del decreto y evaluar un posible daño patrimonial al Estado, en un caso que reabre el debate sobre el uso de recursos públicos con fines políticos y el alcance de la llamada justicia social en la administración pública.