Diputada propone castigar la infidelidad con la pérdida de bienes tras el divorcio

Una diputada de Morena propuso en el Congreso de la Ciudad de México que los cónyuges que cometan infidelidad, violencia o abandono pierdan su derecho a recibir parte de los bienes comunes tras el divorcio.

Ciudad de México, Avanzada (17/10/2025).- Una iniciativa presentada ante el Congreso capitalino busca que los cónyuges que incurran en conductas como infidelidad, violencia o abandono pierdan el derecho a recibir parte de los bienes comunes al momento del divorcio.

La propuesta, impulsada por la diputada morenista Elizabeth Mateos, plantea modificar el artículo 267 del Código Civil local para que, cuando se acredite una falta grave al deber conyugal, el juez pueda ordenar que la persona responsable pierda totalmente su derecho a la liquidación de los bienes.

La medida, denominada “Traición, Cero Liquidación”, pretende corregir lo que la legisladora considera una injusticia del sistema actual, donde ambos cónyuges reciben el 50 por ciento del patrimonio sin importar si uno de ellos causó daño al otro o a la familia.

“Se busca que la ley evolucione y que exista justicia con equidad y perspectiva de género. No es justo que quien traiciona o violenta conserve los mismos derechos que quien fue víctima”, argumentó Mateos Hernández al presentar su iniciativa.

De aprobarse, el cambio aplicaría para matrimonios bajo el régimen de sociedad conyugal en casos comprobados de violencia física, psicológica o económica, infidelidad, abandono injustificado o adicciones no tratadas.

Además, el proyecto propone fortalecer la intervención del Ministerio Público y de los jueces familiares, a fin de garantizar que las víctimas de abuso dentro del matrimonio reciban una compensación justa.

Según datos del Gobierno capitalino, los divorcios en la Ciudad de México han aumentado más del 30 por ciento en la última década, mientras que la violencia de pareja afecta al 39.9 por ciento de los matrimonios.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictamen, y de aprobarse representaría una reforma histórica al Código Civil de la Ciudad de México.