Colima, México, Avanzada (07/06/2023).- Mientras la gobernadora Indira Vizcaíno Silva declaró que heredó de su antecesor, Ignacio Peralta Sánchez pasivos por once mil millones de pesos, el informe financiero elaborado por el gobierno contradice sus afirmaciones.
En octubre de 2021, a un mes de tomar posesión del gobierno, Vizcaíno Silva dijo que su equipo de transición detectó un adeudo de aproximadamente 11 mil millones de pesos.
Sin embargo, el informe trimestral más reciente del gobierno del Estado reporta una deuda pública y otros pasivos por 7 mil 625 millones de pesos, una cantidad importante, pero no corresponde con los once mil millones de pesos que mencionó la mandataria estatal.
En deudas por pagar a corto plazo, el gobierno reporta pasivos por mil 980 millones de pesos y en el 2022 fueron 3 mil 466 millones de pesos. En el documento no se especifica el movimiento financiero que realizó el gobierno para disminuir los pasivos a corto plazo entre 2022 y 2023.
En el apartado total de deuda pública y otros pasivos aparece la cantidad de 7 mil 625 millones 965 mil 646 pesos, casi 3 mil 400 millones de pesos menos de adeudo de lo que había comentado la mandataria estatal que heredaría de su antecesor.
En la página 38 del informe trimestral se menciona que la deuda pública directa del gobierno del Estado al cierre del primer trimestre de 2023 es de 3 mil 620 millones de pesos, más una deuda pública indirecta de 97 millones de pesos, obligaciones bancarias a corto plazo por 548 millones de pesos. Además, de pasivos con el Instituto de Pensiones por casi mil 500 millones de pesos, aunque este último punto no aparece desglosado en el informe.
La Ley General de Contabilidad Gubernamental señala en su artículo 85 que se sancionará administrativamente a los servidores públicos en los términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas aplicables en cualquiera de los siguientes supuestos:
II. Cuando de manera dolosa:
a) Omitan o alteren los documentos o registros que integran la contabilidad con la finalidad de desvirtuar la veracidad de la información financiera, o
b) Incumplan con la obligación de difundir la información financiera en los términos a que se refiere la presente Ley;
IV. Cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tengan conocimiento de la alteración o falsedad de la documentación o de la información que tenga como consecuencia daños a la hacienda pública o al patrimonio de cualquier ente público y, estando dentro de sus atribuciones, no lo eviten o no lo hagan del conocimiento a su superior jerárquico o autoridad competente.
*Fotografía tomada de la red social de la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva.