Diputado enjuiciado por peculado llevará el proceso en libertad

Colima, México, Avanzada (30/05/2023).- Una juez local vinculó a proceso por el delito de peculado al exsecretario de Finanzas del gobierno anterior y actual diputado priista, Carlos Arturo Noriega García.

Este martes, en la sala de juicios orales, ubicada a un costado del Cereso de Colima, la juez concedió a la Fiscalía Anticorrupción un plazo de tres meses para realizar una investigación complementaria en contra del funcionario de la administración de Ignacio Peralta Sánchez y cónyuge de la alcaldesa capitalina, Margarita Moreno González.

La vinculación a proceso significa que Noriega García estará sujeto a un juicio penal por el delito de peculado, pero el proceso podrá llevarlo en libertad debido a que esta imputación no está considerada como grave en el Código Penal del Estado y por lo tanto, no se acredita la prisión preventiva oficiosa.

Noriega fue acusado de peculado por la Fiscalía Anticorrupción, por el desvío de 70 millones de pesos de las cuentas del Instituto de Pensiones para los Servidores Públicos del Estado (IPECOL).

La Fiscalía expuso que se utilizaron indebidamente 60 millones de pesos de las cuentas del IPECOL a las cuentas de la Secretaría de Finanzas y después, otros 10 millones de pesos. En este movimiento se afectaron 17 cuentas bancarias de distintas dependencias del gobierno del Estado.

Al término de la audiencia donde se vinculó a proceso al exsecretario de Finanzas, el Fiscal Anticorrupción, Mario Ochoa García declaró que la juez realizó la vinculación por el delito de peculado, pero no por el ejercicio indebido del servicio público, “se logró establecer que se cometió un ilícito penal, al haber dispuesto indebidamente de los recursos del IPECOL, mismos que se consideran recursos públicos destinados a las pensiones y prestaciones sociales”.

La juez consideró que Noriega García participó en grado de coautoría, “no como autoridad mediata que era el que nosotros estábamos argumentando”, dijo.

El Fiscal Anticorrupción solicitó un plazo de tres meses para complementar la investigación a través de más elementos de pruebas “que acrediten la plena responsabilidad del imputado”.

El artículo 237 del Código Penal del Estado de Colima señala que comete peculado el “servidor público que en provecho propio o ajeno, disponga ilícitamente de dinero, valores, fincas o cualquier otro bien que hubiese recibido por razón de su función en administración, depósito o cualquiera otra causa, se le impondrán de cuatro a ocho años de prisión cuando el valor del detrimento patrimonial sea de hasta un importe equivalente de dos mil días de salario mínimo, de seis a doce años de prisión cuando dicho monto exceda de un importe equivalente de dos mil pero no de cuatro mil días de salario mínimo, y de ocho a quince años de prisión cuando el mencionado monto o daño patrimonial causado excede de un importe equivalente a cuatro mil días de salario mínimo.