Un juez determinará este lunes la situación jurídica del diputado acusado de peculado

Colima, México, Avanzada (25/03/2023).- El próximo lunes 29 de mayo, el juez determinará si vincula a proceso al exsecretario de Finanzas y actual diputado, Carlos Arturo Noriega García, acusado por la Fiscalía Anticorrupción de peculado y uso indebido del servicio público.

La vinculación a proceso es la resolución por la cual el juez decide si el imputado puede quedar en libertad o debe enfrentar un juicio penal por los hechos que se le atribuyen.

Lo anterior después de que este martes, el juez otorgó un plazo máximo de 145 horas para que la defensa del acusado termine de conocer y aportar las pruebas que considere en contra de las 5 mil fojas que integran la carpeta de investigación de la Fiscalía Anticorrupción.

El artículo 237 del Código Penal del Estado de Colima señala que el delito de peculado se castiga de cuatro a ocho años de prisión cuando el valor del detrimento patrimonial sea de hasta un importe equivalente de dos mil días de salario mínimo y de seis a doce años de prisión cuando dicho monto exceda de un importe equivalente a dos mil, pero no de cuatro mil días de salario mínimo.

De igual forma, el artículo 237 menciona que se castigará con ocho a quince años de prisión cuando el mencionado monto o daño patrimonial causado excede de un importe equivalente a cuatro mil días de salario mínimo. Además, a los responsables de este delito se les impondrá privación para ejercer funciones públicas y una multa por un importe equivalente de “trescientos a mil doscientos días de salario mínimo”.

Mientras que el artículo 234 del Código Penal expone que comete el delito de uso indebido del servicio público el funcionario que, entre otras cosas, a sabiendas de que actos de terceros pueden afectar el patrimonio o la función pública, no lo evite por los medios a su alcance. Por este hecho se impondrán de dos a siete años de prisión, multa por un importe equivalente de cincuenta a cien días de salario mínimo e inhabilitación de dos a siete años para desempeñar otra función pública.