¿Se investigarán los pactos que “había” entre los gobiernos y la delincuencia?

Colima, México, Avanzada (11/08/2022).- Durante la rueda de prensa ofrecida el martes 9 de manera conjunta entre la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva, y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, este último dijo que la mandataria y su equipo “están trabajando en solucionar problemas que han surgido por la corrupción y la delincuencia que existía, y los pactos que ‘había’ entre el gobierno y elementos de la delincuencia”.

La argumentación ofrecida por el diplomático norteamericano es la misma que ha sostenido la Cuarta Transformación, movimiento mediante el que llegó al poder la mandataria, quien se lo debe haber expuesto al embajador durante la reunión previa que sostuvieron en privado.

El hecho de que Salazar lo haya expresado ante los representantes de los medios de comunicación es síntoma del respaldo que está ofreciendo el representante del gobierno estadounidense a la gobernadora de Colima, estado que tiene uno de los puertos que mayor interés despiertan para Estados Unidos de América, por su posición estratégica y su infraestructura para el manejo de mercancías.

Sin embargo, a pesar de ser un asunto demasiado serio y grave hablar de pactos entre gobernantes y mafias del crimen organizado, es de esperarse que el asunto no pasará del discurso, utilizado por Indira Vizcaíno para justificar la incapacidad de su gobierno y repetido por el embajador para ofrecer su alianza con un gobierno del que espera buenos servicios para conveniencia del país del norte.

¿Acaso el gobierno de Indira Vizcaíno está dispuesta a llevar el asunto de la probable colusión de gobiernos anteriores con el narcotráfico a las instancias penales, con el propósito de que las cosas se aclaren y se haga justicia? ¿O lo único que le interese es usar el tema para desviar la atención de su ineptitud y los fracasos evidentes de su administración, que ya son claro a más de nueve meses del inicio de este sexenio?

Esta actitud del gobierno indirista hace recordar una de las primeras declaraciones periodísticas que realizó el anterior gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, al llegar al poder, cuando dijo que su gobierno no establecería pactos con el crimen organizado.

¿En razón de qué lo dijo? ¿Con esto quiso decir que los gobiernos anteriores al suyo sí tuvieron pactos con la delincuencia, pero no se atrevió a mencionarlo de manera abierta? Igual ocurrió cuando el propio Peralta Sánchez declaró que contaba con una lista de empresarios y empresas que se dedicaban al lavado de dinero. No pasó mucho tiempo para que se desdijera, pero ya estaba dicho.

No es de dudar que desde las cúpulas del poder los gobernantes, municipales, estatales o federales, establezcan acuerdos y pactos inconfesables con sectores nocivos para la sociedad. Lo que llama la atención es el manejo discursivo que hacen de ese tema y el hecho de que casi no se atreven a ir al fondo, burlando de esta manera a la sociedad, a la que utilizan en beneficio propio.

Un claro ejemplo de lo anterior ocurre durante las campañas electorales, en las que de manera abierta o soterrada surgen feroces y estridentes denuncias contra candidatos o candidatas por supuesta implicación con el crimen, pero esto se olvida de manera casi instantánea al día siguiente de la elección.

Por lo tanto, parte del cambio en la cultura política del país es la necesidad de que impere la congruencia y la responsabilidad entre los actores públicos, que lo mínimo que deberían hacer es unir el discurso a la acción, para responder de la misma manera por sus actos que por sus palabras.