Exgobernador no está vinculado por adeudo a Pensiones; sería un “teatro acordado”: Sindicato

Colima, México, Avanzada (26/05/2026).- El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Martín Flores Castañeda, expresó su preocupación de que el proceso relacionado con el presunto adeudo de cuotas retenidas a trabajadores durante la administración del exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez sea únicamente un “teatro” o un asunto previamente acordado, y demandó a las autoridades actuar con rigor para evitar la impunidad.

En declaraciones a medios de comunicación, el dirigente sindical señaló que le preocupa que el caso no avance de manera sólida respecto al presunto adeudo de 310 millones de pesos correspondientes a cuotas retenidas a trabajadores y no entregadas al sistema de pensiones.

“En el caso de Peralta Sánchez me preocupa que sea solamente teatro, que sea faramalla, que sea teatro y quizá acordado”, expresó.

Flores Castañeda sostuvo que el exmandatario estatal no está vinculado a proceso por el tema del adeudo de cuotas al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima (IPECOL), sino por un préstamo de 70 millones de pesos que, afirmó, ya fue cubierto.

“Está vinculado por 70 millones de un préstamo que ya lo pagaron y que ahí no causó un daño porque se pagó (…) El que no es defendible es el que se quedó con 310 millones de pesos. Esos no los pagó”, afirmó.

El líder sindical señaló que ese recurso pertenecía al IPECOL, por lo que cuestionó quién debe asumir la responsabilidad por el manejo del dinero destinado al sistema de pensiones de los trabajadores.

Asimismo, advirtió sobre la posibilidad de que el proceso judicial carezca de sustento suficiente para no solo vincular a proceso al exgobernador, sino también avanzar hacia medidas cautelares, sanciones y una eventual reparación del daño.

“No vaya a ser nada más un montaje, un asunto que no está tan sólido, no para nada más vincularlo a proceso, sino para generar la prisión preventiva y la reparación del daño hasta la sentencia”, indicó.

Flores Castañeda consideró que el perjuicio económico no se limita a los 310 millones de pesos, sino que también incluye otros compromisos financieros heredados a la actual administración estatal, cuyos costos —dijo— no deben recaer sobre los trabajadores.

En ese sentido, pidió a las autoridades actuar “con todo el rigor de la ley” y garantizar que haya justicia en el caso.

“Cero impunidad”, enfatizó al señalar que la Fiscalía Anticorrupción, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Congreso del Estado deben asumir responsabilidades en el tema.

Finalmente, cuestionó que las instituciones no actúen conforme a derecho y criticó lo que consideró un trato diferenciado en la impartición de justicia.