Expansión portuaria colapsaría economías locales y la soberanía alimentaria

Colima, México, Avanzada (11/01/2026).- Organizaciones comunitarias y cooperativas pesqueras y salineras de Colima denunciaron ante diversas instancias una serie de violaciones a derechos humanos, omisiones institucionales y riesgos ambientales irreversibles derivados del proyecto de expansión portuaria en el Vaso II de la Laguna de Cuyutlán, un ecosistema costero de alto valor ecológico y social reconocido internacionalmente como Humedal Ramsar.

La asociación civil Defensores del Medio Ambiente y Recursos del Mañana (Demarem), junto con la Sociedad Cooperativa de Salineros de Colima y la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera “Pescadores del Pacífico Cuyutlán”, presentó cuatro escritos formales dirigidos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) —para su notificación a la Convención Ramsar— y Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

En dichos documentos, entregados el pasado 7 de enero, las organizaciones solicitan medidas urgentes de protección, la suspensión de los procedimientos administrativos relacionados con el proyecto portuario y la salvaguarda inmediata del ecosistema lagunar y de las comunidades que dependen directamente de él.

La Laguna de Cuyutlán no sólo es un cuerpo de agua costero, advierten las organizaciones, sino un sistema ecológico estratégico para la biodiversidad, la mitigación del cambio climático y la economía local, pues los vasos III y IV están inscritos como Sitio Ramsar desde 1985, debido a su función como áreas de crianza, refugio y alimentación de peces, crustáceos y aves migratorias.

De acuerdo con los escritos, el proyecto de expansión portuaria contempla dragados masivos, rellenos, construcción de plataformas y el traslado de infraestructura industrial, acciones que podrían alterar de manera irreversible el flujo hidrológico del sistema lagunar, provocar la destrucción de manglares y elevar el riesgo de contaminación por hidrocarburos, particularmente por el manejo de combustibles asociados a actividades de Pemex.

Las organizaciones firmantes sostienen que el proyecto vulnera múltiples derechos humanos reconocidos en la Constitución mexicana y en tratados internacionales, entre ellos el derecho a un medio ambiente sano; el derecho a la alimentación y a una subsistencia digna de las comunidades pesqueras y salineras; el derecho al trabajo y a la libre elección de un medio de vida; así como los derechos culturales y al patrimonio biocultural.

En este último punto, subrayan que la producción artesanal de sal en Cuyutlán es una actividad con más de 500 años de historia, cuya continuidad depende directamente de la salud del ecosistema lagunar.

La alteración del sistema, alertan, podría significar el colapso de las economías locales, la pérdida de soberanía alimentaria y la desaparición de prácticas culturales ancestrales.

En los escritos también se atribuye responsabilidad directa a diversas autoridades, entre ellas Semarnat, la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Manzanillo, la Conanp y el Gobierno del Estado de Colima, por autorizar, promover o bien omitir acciones de protección ambiental.

Las organizaciones acusan a estas instancias de incumplir el principio precautorio, la prohibición de afectación a manglares y las obligaciones internacionales adquiridas por México en el marco de la Convención Ramsar.

De manera particular, cuestionan que el proyecto esté siendo evaluado mediante una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de carácter regional que, aseguran, minimiza los riesgos, pese a tratarse de un ecosistema frágil y de alto valor ecológico.

Entre las principales demandas planteadas se encuentra la suspensión inmediata del procedimiento de evaluación ambiental del proyecto portuario, la notificación formal e inmediata a la Secretaría de la Convención Ramsar sobre la amenaza al sitio y la solicitud de una Misión de Asesoramiento Ramsar para evaluar en campo el riesgo ecológico.

Asimismo, las organizaciones solicitan la declaratoria urgente de Área Natural Protegida para los vasos III y IV de la Laguna de Cuyutlán y la emisión de medidas cautelares por parte de las comisiones de derechos humanos, con el fin de evitar daños irreversibles.

Demarem y las cooperativas firmantes señalaron que la defensa de la Laguna de Cuyutlán es también una defensa de la vida, la cultura y el futuro de Colima, por lo que en ese sentido hicieron un llamado a los medios de comunicación, a la sociedad civil y a la comunidad internacional para visibilizar el conflicto socioambiental antes de que el daño sea irreversible.

“No se puede hablar de desarrollo cuando éste destruye los ecosistemas que sostienen la vida y condena a comunidades enteras a perder su historia y su sustento”, advirtieron en su pronunciamiento.

* Imagen tomada de la Red social de la Sociedad Cooperativa de Salineros de Colima.