Dulce Huerta y su corrupción institucionalizada

Columna

El Puercoespín 

El Código de Ética del Estado de Colima define corrupcióncomo: el abuso de cualquier posición de poder, público o privado, con el objetivo de generar una ventaja indebida a costa del bienestar colectivo o individual; y a la honradez como: las personas servidoras públicas se conducen con rectitud, sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscan o aceptan compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, debido a que están conscientes que ello compromete el ejercicio de sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio.

Por cierto, dicho código de Ética del Estado de Colima fue publicado el 25 de junio de 2022 siendo secretaria General de Gobierno Lupe Maravilla mejor conocida como Guadalupe Solís, miembro del mismo equipo de Indira, de Dulce y de Eduardo Jurado entre otros.

Corrupción y honradez no aplican para Dulce Huerta Araiza como funcionaria pública que es.

Vayamos por el principio. Dulce Huerta es una violadora sistemática de todas las normas que le pongan enfrente, según el artículo 8o. de los estatutos del partido Morena “Los órganos de dirección ejecutiva de morena no deberán incluir autoridades, funcionarias o funcionarios o integrantes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de ningún nivel de gobierno.”

A Dulce Huerta le importa un bledo el articulo octavo de los estatutos del partido pues ella es diputada local y presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena.

Según el artículo 12o. “Quien aspire a competir por un cargo de elección municipal, estatal o federal deberá separarse con la anticipación que señale la ley del cargo de dirección ejecutiva que ostente en Morena.” Dulce Huerta no lo hizo. Pero violar los reglamentos y sus estatutos es su pasamiento favorito.

Los considerandos del código de Ética del Estado de Colima señala que de manera similar, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en sus artículos 6, 7 y 16 dispone que será obligación de los entes públicos crear y mantener condiciones que permitan la actuación ética y responsable de cada persona servidora pública, por lo que el personal que labore en el servicio público deberá observar el Código de Ética que emitan las Secretarías o los Órganos Internos de Control, conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupción para que, en su actuación, impere una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño. De igual forma, en términos del artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, se constriñe a los entes públicos a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público. Ahora bien, el artículo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima establece que los recursos económicos de los que disponga los poderes del Estado, los Municipios, los órganos autónomos previstos por la Constitución, los organismos descentralizados contemplados en las leyes, empresas de participación pública, fideicomisos públicos del Estado y Municipios, así como los que están a cargo de cualquier persona física o moral, pública o privada, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.

Y finalmente en el mismo orden de ideas, el Plan Estatal 2021-2027, en su eje 5 “Gobierno Honesto y Transparente” establece que el objetivo de este gobierno es mejorar la política, a través del cambio de conciencias en las personas servidoras públicas, dotándoles de valores y compromiso ético, desarrollando programas de capacitación permanente, evaluado con instrumentos que permitan medir el desempeño en su responsabilidad.

Pero Dulce Huerta ningún estatuto, reglamento, ley, reglamento o decálogo la detiene, ella sigue adelante violando cuanto precepto de le ponga enfrente.

En el Decálogo parra Autoridades Emanadas de Morena en su punto cinco establece: “La corrupción no se tolera y se cuenta con mecanismos eficaces para evitarla y castigarla. No hay cabida para el nepotismo, amiguismo, influyentismo, sectarismo ni para los aviadores”.

Particularmente destaca la diputada local Dulce Huerta Araiza en el nepotismo. Ella debería combatirlo desde el partido —pues son los promotores del Decálogo—, pero, contrariamente, lo fomenta y tiene a dos de sus familiares más cercanos trabajando gracias a su puesto en el Congreso y el partido. El esposo de Dulce Huerta, Néstor Javier Alcaraz Salazar, labora como director del Centro Estatal de Información del C5i con un salario de 39,771 pesos, y su hermana, Elisa Elizabeth Huerta Araiza, trabaja en la SEP como secretaria técnica con un salario de 23,807 pesos.

Está claro que en Morena podrán hacer reglamentos, leyes o códigos, pero igual seguirán violándolos porque su prioridad es colocar en el gobierno a sus amigos, compadres y familiares. Dulce Huerta es el mejor ejemplo de violentadora de toda norma que pretenda eliminar, acotar o limitar la corrupción.

Por cierto, solo los maestros pueden cobrar legalmente en su plaza laboral y como representante popular. Dulce Huerta cobra en el partido y en el Congreso.

En pocas palabras Dulce Huerta es la nueva líder de una pléyade de jóvenes cuadros sicofantes que se están corrompiendo con el objetivo de escalar rápido en la pirámide del poder.

Morena y su ejército de sicofantes debería de verse en el espejo del PAN de que la corrupción los llevó fuera del poder, al desprestigio y a la incredulidad, a la nada. 

Dulce Huerta es la versión vulgar de “Sicofantes uníos para tomar el poder”.

*Fotografía tomada de la red social de la diputada Dulce Huerta Araiza.