En Colima, las tragedias se acumulan

Colima, México, Avanzada (12/02/2026).- En Colima se mata en voz baja. No hay estruendo que dure más de un par de días, no hay luto que se prolongue más allá del ciclo de noticias. Los nombres aparecen, ocupan unas horas la conversación pública, y luego se disuelven en la corriente espesa de la costumbre.

El 16 de enero una familia fue asesinada a balazos cerca de su domicilio. Entre las víctimas había una bebé de un año. Una niña que apenas comenzaba a caminar en el mundo terminó convertida en cifra. La escena ocurrió en una calle transitada, como tantas otras. No hubo declaración de emergencia, ni anuncio de golpe estratégico, ni explicación amplia. El hecho se archivó en la larga lista de ejecuciones que han ido moldeando la vida cotidiana del estado.

Quince días después, el 31 de enero, la violencia tocó a la familia de un integrante del gabinete federal. Eugenia Delgado y su hija Sheila, tía y prima de Mario Delgado, ex dirigente nacional de Morena y actual Secretario de Educación Pública, fueron asesinadas a tiros en el interior de su domicilio.

Esa misma noche, Delgado escribió en su cuenta de X sobre su “profunda consternación, indignación y tristeza”. Recordó a su tía Queña como la mujer que le preparaba el pastel de cumpleaños durante la infancia, la que se ganaba la vida vendiendo comida colimense y repostería. “Ya está con mis abuelos y con mi padre”, escribió.

La semana pasada fue localizado sin vida el profesor Juan José Hernández Ayala, coordinador académico del Bachillerato 20 de la Universidad de Colima. Tenía reporte de desaparición desde el 3 de febrero. Su cuerpo, con heridas de arma de fuego, fue hallado en una brecha cercana al lienzo charro de Tecomán. Sus familiares habían denunciado ante la Fiscalía.

En el mismo municipio, en la comunidad de Cerro de Ortega, aparecieron los cuerpos de dos hombres asesinados. En esa zona, fuerzas estatales rescataron a una persona privada de la libertad. Episodios que, puestos uno tras otro, dibujan algo más que hechos aislados.

El 10 de febrero, tras casi tres semanas de búsqueda, fue encontrado sin vida el ingeniero civil Juan Pablo Vera Martínez, de 32 años. Había desaparecido el 20 de enero en El Trapiche. Su cuerpo fue entregado a la familia. La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Colima lamentó la muerte del joven. Vera era hijo de un funcionario educativo federal en la entidad.

Lo que sigue a cada asesinato es una coreografía conocida: mensajes de pésame en redes sociales cuando la víctima es conocida o pertenece a una institución; fotografías compartidas; exigencias de justicia que se diluyen con el paso de los días. Del lado oficial, nada o muy poco.

Tras el asesinato de los familiares de Mario Delgado, medios nacionales hablaron la semana pasada de una “guerra silenciosa” en Colima. Silenciosa porque la violencia ocurre en casas, en brechas, en comunidades, lejos de los reflectores del gobierno federal y de la opinión nacional.

En Colima pueden matar a una bebé, a la familia de un Secretario de Estado, a un profesor universitario o a un ingeniero joven, y el efecto institucional es el mismo: un expediente más. El dolor se privatiza. La indignación se fragmenta. La autoridad administra el silencio.