Madre logró la captura de un argentino extraditado por pornografía a Colima

Colima, México, Avanzada (28/01/2026).- La captura y reciente extradición a Colima de un argentino acusado de diversos delitos, entre ellos pornografía, tiene como antecedente la batalla por la justicia que durante varios años enarboló la madre de una adolescente que, de acuerdo con la investigación iniciada desde 2011, fue víctima de abuso sexual, turismo sexual y pornografía por parte del detenido. 

En la denuncia presentada hace 15 años ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la mujer presentó evidencias de que su menor hija —entonces de 14 años— desde 2010 había sido seducida a través de las redes sociales por el hombre del país sudamericano, que tenía alrededor de 50 años, quien le enviaba material pornográfico a la víctima.

Desde que interpuso la denuncia, la mujer —quien era trabajadora precisamente de esa corporación—, enfrentó la inacción y la indiferencia de las autoridades, que trataron de desalentarla y no tomaron medidas para proteger a la menor, lo que facilitó que el acusado viajara a Colima y tuviera relaciones sexuales con la víctima. 

Ante la pasividad de la PGJE, la madre se vio obligada arealizar diversas gestiones, así como promover juicios de amparo y una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Colima (CDHEC) para tratar de empujar a la procuraduría a cumplir con su trabajo.

Lo anterior provocó su despido injustificado por parte de la entonces procuradora Yolanda Verduzco Guzmán, aunque después de un juicio laboral que se prolongó por más de cuatro años logró su reinstalación, pero a pesar de haber ingresado a la PGJE desde el año 2000 y ya estaría en la antesala de su jubilación, la ahora Fiscalía General del Estado (FGE) únicamente le reconoce los seis años transcurridos desde su reinstalación.

Hace tres años, la Interpol detuvo al acusado en Buenos Aires, Argentina, con base en la ficha roja emitida por las autoridades, después de un amparo presentado con ese fin por la madre de la menor. Después de interponer varios recursos para tratar de impedir su extradición a Colima, el presunto delincuente argentino perdió, aunque el poder judicial de ese país sólo concedió la extradición para que se le juzgue por el delito de pornografía, pues el de abuso sexual ya prescribió y el de turismo sexual no existe en su sistema jurídico.

Los antecedentes del caso se narran en un reportaje publicado por el autor de estas líneas en la edición 2286 de la revista “Proceso”, del 23 de agosto de 2020, que por el interés generado ahora se transcribe de manera íntegra: 

 

UN CASO DE JUSTICIA OMISA

COLIMA, COL.- Alberta tiene la certeza de que aquel argentino cincuentón, con el que forcejeó y al que hizo huir el 5 de marzo de 2012 en el municipio conurbado de Villa de Álvarez, es un tratante de mujeres que viajó a esta entidad con la intención de llevarse del país a Constanza, su única hija.

Ese día, recuerda, de manera providencial sorprendió al hombre con la adolescente en una tienda y, sin pensarlo, se le dejó ir; lo sujetó de ambos brazos y pidió ayuda a clientes y trabajadores para retenerlo. Nadie intervino, lo que aprovechó el sujeto para zafarse y escapar.

Todavía alterada, la mujer tomó a la menor de la mano y no la soltó durante todo el trayecto a su casa. La agarraba fuerte, como si alguien se la fuera a arrebatar. “Fue como si la hubiera rescatado de un secuestro”, evoca.

Un año antes Alberta había descubierto que su hija Constanza, entonces estudiante de secundaria, mantenía una relación sentimental vía internet con ese individuo, llamado Guillermo L., quien la contactó por vez primera a finales de 2010 a través de la red social Facebook, cuando la joven tenía 14 años.

Además de seducirla a distancia y propiciar conversaciones de contenido sexual, el hombre nacido en 1962 le enviaba enlaces a videos pornográficos, algunos con escenas de varones adultos y mujeres muy jóvenes.

En cuanto supo lo que estaba ocurriendo, Alberta —madre soltera que desde 2000 laboraba como secretaria en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), hoy Fiscalía General del Estado (FGE)— reunió evidencias y el 25 de marzo de 2011 presentó una denuncia ante la Mesa 12 del Ministerio Público (MP), registrada bajo el acta 265/2011.

Por su cuenta, con apoyo de amistades, la mujer hizo revisar a escondidas de Constanza los registros de su teléfono celular y su computadora portátil, de donde obtuvo transcripciones de diálogos, ligas de videos, fotografías y algunos datos personales del argentino, así como indicios de que éste había convencido a la adolescente de desnudarse algunas veces frente a la cámara.

Alberta —nombre ficticio, igual que el de Constanza, para proteger la identidad de ambas— entregó los elementos de prueba al MP, pero le decepcionó la respuesta de la entonces titular de la Mesa 12, Alma Patricia Morfín Reyes.

“Me comentó que estaba exagerando las cosas, pues Argentina está muy lejos y ella dudaba que este señor algún día viniera a verse con mi hija; dijo que me preocupara si estuviera cerca de aquí o en la misma ciudad, porque entonces sí habría riesgo”, narra.

Pero según pruebas documentales integradas después al expediente del caso, en el transcurso del año posterior a la fecha de la denuncia en su contra, Guillermo L. viajó a Colima dos veces y tuvo relaciones sexuales con la menor, sin que la PGJE hubiese tomado alguna medida para detectar el ingreso del acusado al país ni registrado algún avance en las investigaciones.

La primera ocasión que vino fue en 2011 y, aunque estuvo casi un mes en la ciudad —del 7 de agosto al 2 de septiembre—, prácticamente nadie se enteró. En diciembre de ese mismo año, sin saber todavía que ya había estado en Colima, Alberta tuvo conocimiento de un mensaje enviado por el hombre al teléfono de Constanza en el que “le decía que no podía esperar a que cumpliera 18 años para venir por ella, que estuviera preparada porque le enviaría dinero y le diría cómo y dónde se encontrarían”.

UN DELITO QUE NO SE INVESTIGA

La mujer acudió a la agencia del MP para aportar ese indicio y pedir que avanzaran las investigaciones, pero según la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) la representante social no realizó ninguna diligencia para proteger a la muchacha, lo que permitió al acusado viajar otra vez a Colima, con ingreso a México el 21 de febrero de 2012, de donde planeaba salir el 19 de marzo siguiente. El incidente con Alberta lo obligó a irse precipitadamente del país.

Aunque con el tiempo Constanza olvidó su relación con el argentino, a casi una década del inicio de este caso su madre no ha dejado de luchar en busca de justicia, remando contracorriente y empujando a las instituciones con los recursos jurídicos a su alcance, desde juicios de amparo hasta quejas ante organismos de derechos humanos.

En su momento, Alberta pidió ayuda: envió una carta a Margarita Zavala, esposa del entonces presidente, Felipe Calderón; buscó apoyo de la presidenta del DIF estatal, Alma Delia Arreola, esposa del entonces gobernador, Mario Anguiano Moreno; solicitó la intervención de la diputada federal Rosi Orozco, activista en casos de trata de personas, además de enviar un escrito al actual gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez. En ninguno de los casos obtuvo respuesta favorable. 

“Para mí es una bendición que ese hombre no haya podido llevarse a mi hija. Si Dios me dio la oportunidad de que ella no se fuera, cuando hay otros papás o mamás que desafortunadamente no vuelven a ver a sus hijos, ¿por qué me voy a quedar con los brazos cruzados?”, plantea.

Para el presidente de la CDHEC, Sabino Hermilo Flores Arias, el de Constanza puede ser “un caso de trata que resultó frustrado gracias a la intervención de su mamá”, pues “de no haber actuado se estarían lamentando otros hechos”.

El funcionario estima que la conducta de Guillermo L. es el modus operandi de algunos tratantes de mujeres, quienes mediante el uso del engaño y la seducción aprovechan la inexperiencia de menores de edad para engancharlas fácilmente a través de las redes sociales.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas no Localizadas reporta un total de 385 víctimas femeninas en Colima, que representan 31.3 por ciento de las 1,237 personas de ambos sexos en esa condición, pero la proporción de mujeres desaparecidas se eleva a 54.8 por ciento en el segmento de 12 a 19 años de edad.

La mayoría desapareció en el periodo de los últimos cinco años. El municipio con el mayor número de desaparecidas es Manzanillo, con 108, seguido de la capital del estado, con 86, y Tecomán, con 71 casos.

Aunque activistas y defensores de derechos humanos consideran que en muchas de las desapariciones de mujeres jóvenes podría estar presente el delito de trata para fines de explotación sexual, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) sólo dan cuenta de dos carpetas de investigación abiertas en Colima por ese delito en los últimos seis años —una en enero de 2017 y la otra en mayo de 2019—, presuntamente relacionadas con asuntos laborales.

Eva Verduzco de la Cruz, fundadora de la Red Desaparecidos en Colima A.C., advierte que a pesar de las evidencias, la trata de mujeres es un tema del que no se habla en Colima, un problema que está invisibilizado.

“Creemos que las autoridades no le dan importancia o no quieren que se ventile la trata de mujeres, pero es un problema mayor de lo que se puede pensar; muchas veces ni las familias quieren hablar de esto”.

—¿Se investiga en Colima con seriedad la hipótesis de que en los casos de jóvenes desaparecidas pueda haber trata?

—No. No se investiga de esa manera. Sabemos que lo toman como simples desapariciones o casos que pudieran estar relacionados con el narcotráfico, pero de trata no se habla.

Verduzco de la Cruz señala que actualmente la red atiende la desaparición de una presunta víctima de trata, pero pese a haber propuesto esa línea de investigación en la FGE no han tenido respuesta.

UNA LUCHA DE DIEZ AÑOS

Alberta, de 45 años, ha dedicado los últimos diez a enfrentar y a tratar de hacer funcionar la maquinaria de procuración y administración de justicia, en busca de que se aplique la ley en el caso de Constanza.

En medio de esto, a finales de 2012 fue despedida de su trabajo como secretaria en la PGJE, meses después de que encaró a la entonces procuradora, Yolanda Verduzco Guzmán, y le pidió justicia para su hija.

El argumento de su despido fue que había reprobado el examen de control de confianza, pero a través de un juicio que se prolongó más de cuatro años recuperó su empleo en la ahora FGE, aunque fue ubicada en una categoría laboral inferior y hasta la fecha no le han sido cubiertos los salarios caídos.

La denuncia contra Guillermo L. fue presentada el 25 de marzo de 2011, pero tuvieron que pasar poco más de dos años para que el MP elevara el acta a averiguación previa y consignara al acusado por los delitos de estupro y corrupción y explotación de personas, luego de que el Juez Primero de Distrito le ordenó pronunciarse sobre ese caso al resolver el juicio de amparo 1877/2012 promovido por Alberta.

La primera orden de aprehensión contra Guillermo L. fue dictada por el juez tercero penal el 15 de abril de 2013, por los delitos consignados. Una segunda orden de aprehensión fue emitida por pornografía y turismo sexual el 13 de junio de 2014, luego de que la Procuraduría General de la República se declaró incompetente a una denuncia y envió el caso al MP del fuero común, que realizó la nueva consignación.

Sin embargo, frente al incumplimiento de las órdenes de aprehensión, Alberta se vio precisada a promover otro juicio de amparo, registrado bajo el expediente 625/2015 del Juzgado Segundo de Distrito por la “omisión y negligencia” de la PGJE, que no había solicitado a la Interpol la emisión de la ficha roja y el apoyo para la búsqueda, detención y extradición del acusado, pues “se ha abandonado la investigación y enjuiciamiento del mencionado responsable, sin posibilidad de que se llegue a la sanción del mismo”.

El amparo le fue concedido a la mujer el 28 de septiembre de 2015, pero la sentencia no se cumplió en tiempo y forma por parte de la PGJE, que tenía como plazo hasta el 11 de noviembre siguiente, por lo que interpuso un incidente de inejecución de sentencia, que no fue atendido por la autoridad responsable sino hasta diciembre.

En agosto de 2013, mientras tanto, la madre de Constanza presentó una queja ante la CDHEC contra la exprocuradora Verduzco Guzmán y contra la entonces titular de la Mesa 12 del MP, Morfín Reyes, por los daños ocasionados a ella y su hija por la inactividad procesal de la denuncia, así como las omisiones y negligencia en el cumplimiento de su trabajo.

Durante el desahogo de la queja, Morfín Reyes rindió su informe, en el que dijo haber recibido instrucciones directas de la entonces procuradora para apoyar a Alberta en lo que necesitara y “se le atendió debidamente”.

Argumentó que Verduzco, el personal adscrito a la procuraduría y ella misma “en ningún momento hemos violado los derechos humanos” de la quejosa y su menor hija, pues “en todo momento actuamos conforme a derecho, siguiendo los lineamientos legales correspondientes, cuidando y salvaguardando la integridad física de la menor ofendida, brindándole un trato digno” tanto a ella como a su madre.

Casi dos años después de presentar la queja, el 23 de junio de 2015, Alberta interpuso un recurso de inconformidad ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) porque su homóloga estatal no había emitido una resolución.

El 11 de febrero de 2016 la CDHEC envió a la PGJE la recomendación 01/2016, en la que señaló que hubo violaciones a los derechos humanos de la agraviada “como lo es la legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia, derivadas de la omisión, dilación e irregular integración de la investigación ministerial y posterior ejecución de las órdenes de aprehensión dictadas por el juez penal de la causa, en la que incurrieron servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima”.

Inicialmente, la CDHEC recomendó atender la reparación del daño de las víctimas, la capacitación al personal de la PGJE y el cumplimiento de las órdenes de aprehensión, pero omitió instruir un procedimiento administrativo contra los funcionarios responsables.

Esto último, entre otras cosas, motivó un recurso de impugnación de Alberta ante la CNDH, tras considerar que la recomendación fue “insuficiente, parcial, sin ajustarse a los parámetros exigidos para una resolución de dicha naturaleza”.

Meses después, el organismo nacional desechó el recurso, luego de que la CDHEC le notificó la reapertura del expediente para solicitar a la PGJE la instauración de un proceso administrativo y averiguación previa contra la agente del MP responsable de la investigación e integración del acta 265/2011, así como realizar los trámites para inscribir a la agraviada y a la quejosa en el Registro Estatal de Víctimas.

El titular de la CDHEC, Sabino Flores, informó en entrevista que recibió algunas evidencias del cumplimiento de la recomendación, pero no le notificaron los resultados del procedimiento administrativo y penal contra la autoridad responsable.

El corresponsal solicitó una entrevista con el fiscal general del estado, Gabriel Verduzco Rodríguez, sobre las razones del incumplimiento de las órdenes de aprehensión y el estado de la recomendación de la CDHEC, entre otros puntos, pero no hubo respuesta.

Convencida de que en México ya agotó las instancias posibles en busca de justicia para su hija, Alberta dice esperar que el Papa Francisco se entere de su caso y acaricia el deseo de un día exponer el asunto en la Organización de las Naciones Unidas.

“Si ya no voy a tener acceso a la justicia, si a ese fulano no lo van a detener, si no les van a hacer nada a los funcionarios que hicieron mal su trabajo, a mí me queda la palabra y no tienen por qué quitarme ese derecho. Pienso que, como ciudadana, como víctima de mi sistema de justicia penal, al menos tengo derecho a decirlo”, remata.