Natalia de Marinis<\/p>\n\n\n\n
El desplazamiento forzado interno en M\u00e9xico ha alcanzado cifras r\u00e9cord, impulsado por la violencia armada, el uso de tecnolog\u00edas b\u00e9licas como drones y minas. Pese a algunos avances a nivel estatal y esfuerzos de la sociedad civil, persisten vac\u00edos legales y estructurales que dejan a las v\u00edctimas en total desprotecci\u00f3n.<\/em><\/p>\n\n\n\n Natalia De Marinis\/CIESAS CDMX<\/strong><\/p>\n\n\n\n En los \u00faltimos meses, diversos episodios de violencia -particularmente en Michoac\u00e1n y Chihuahua- han devuelto al debate p\u00fablico una realidad largamente invisibilizada y que evidencia una profunda deuda del Estado: el desplazamiento forzado interno de personas, obligadas a huir de sus comunidades ante incursiones criminales y una violencia generalizada sobre sus territorios.<\/p>\n\n\n\n Desplazamientos forzados recientes en la regi\u00f3n de Tierra Caliente, en Apatzing\u00e1n, Michoac\u00e1n, y en comunidades warij\u00f3 y pima de la sierra Tarahumara, en Chihuahua, han estado marcados por la implementaci\u00f3n de tecnolog\u00edas de guerra destinadas a infundir terror. Una de ellas, que comenz\u00f3 a registrarse hace algunos a\u00f1os, es el uso de drones con explosivos \u2013 conocidos por la poblaci\u00f3n como \u201cdronazos\u201d<\/em>\u2013 que impactan directamente sobre las viviendas. Si bien el uso de drones para labores de vigilancia y transporte ya se hab\u00eda registrado desde hace m\u00e1s de una d\u00e9cada, el uso de la sofisticaci\u00f3n tecnol\u00f3gica para los ataques a\u00e9reos es algo m\u00e1s reciente. Otra pr\u00e1ctica algo m\u00e1s extendida es la colocaci\u00f3n de minas antipersona en caminos y alrededores.<\/p>\n\n\n\n Estas tecnolog\u00edas no s\u00f3lo representan una amenaza directa contra la vida humana, sino que atentan contra la existencia misma en los territorios: definen l\u00edneas mortales, controlan los movimientos y erosionan las formas de habitar, convirti\u00e9ndolos en zonas susceptibles de despojo, codiciadas por intereses mineros, el control de rutas estrat\u00e9gicas y otros fines.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan el m\u00e1s reciente informe sobre el deslazamiento forzado interno realizado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana<\/a>: \u201cTraves\u00edas forzadas. Desplazamiento interno en M\u00e9xico 2024\u201d, publicado en 2025, 2024 ha registrado las cifras m\u00e1s altas de desplazamiento forzado interno en la historia reciente del pa\u00eds. El n\u00famero de personas desplazadas pas\u00f3 de 12 mil 623 en 2023 a 28 mil 900 en 2024, es decir, m\u00e1s del doble en apenas un a\u00f1o. La estimaci\u00f3n asciende entonces a cerca de 390 mil personas que han tenido que abandonar sus hogares debido a la violencia y a los conflictos. Los estados m\u00e1s afectados en los \u00faltimos a\u00f1os, por la magnitud de los fen\u00f3menos masivos de desplazamiento, son Chiapas, Oaxaca y Michoac\u00e1n. Si a estos casos se suman los desplazamientos individuales \u2013 conocidos como \u201cgota a gota\u201d<\/em> por su car\u00e1cter individual, silencioso, pero constante \u2013, los cuales, por lo general, no forman parte de los registros, la crisis humanitaria por desplazamiento forzado interno es a\u00fan m\u00e1s grande. <\/p>\n\n\n\n Ante este panorama, desde diferentes sectores han urgido a fortalecer el marco legal federal, ya que la ausencia de una ley general para atender el desplazamiento forzado interno ha generado esfuerzos fragmentados y ha impedido la unificaci\u00f3n de registros y protocolos de atenci\u00f3n. Los avances legislativos y otras acciones institucionales a nivel estatal han configurado esfuerzos relevantes, aunque todav\u00eda insuficientes, para atender a la poblaci\u00f3n desplazada. Un ejemplo de estas limitaciones es que la Ley para la Prevenci\u00f3n y Atenci\u00f3n del Desplazamiento Interno en Chiapas, de 2012, y la Ley para Prevenir el Desplazamiento Interno en Guerrero, aprobada en 2014, carecen de reglas de operaci\u00f3n, lo que ha obstaculizado su puesta en pr\u00e1ctica. En contraste, la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en Sinaloa (2020) ha significado un avance m\u00e1s ambicioso, al colocar la reparaci\u00f3n en el centro de su dise\u00f1o. No obstante, las debilidades institucionales, el sub ejercicio presupuestal y otros factores han evidenciado importantes restricciones en su implementaci\u00f3n. En s\u00edntesis, aunque se han logrado algunos avances en legislaciones estatales -Chiapas (2012), Guerrero (2014), Sinaloa (2020) y Zacatecas (2022)-, la carencia de mecanismos unificados y consolidados a nivel nacional, dificulta que las v\u00edctimas de desplazamiento cuenten con informaci\u00f3n clara y accesible que les permita reconocerse como tales y acceder a la protecci\u00f3n que requieren. <\/p>\n\n\n\n En esta tarea, las organizaciones de la sociedad civil y actores de la academia han desempe\u00f1ado un papel clave, documentando casos, acompa\u00f1ando a comunidades desplazadas y generando propuestas de pol\u00edtica p\u00fablica con enfoque de derechos humanos. Desde 2013, y hasta 2021, la Comisi\u00f3n Mexicana de Defensa y Promoci\u00f3n de los Derechos Humanos (CMDPDH) desarroll\u00f3 un sistema de documentaci\u00f3n[1], basado principalmente en fuentes hemerogr\u00e1ficas, que ha permitido dimensionar el fen\u00f3meno. Si bien el desplazamiento forzado interno no era un fen\u00f3meno nuevo en el pa\u00eds \u2013siendo Chiapas, durante los noventa, uno de los estados que enfrent\u00f3 un proceso de desplazamiento masivo de poblaci\u00f3n ind\u00edgena a ra\u00edz de la militarizaci\u00f3n y los conflictos territoriales\u2013, fue desde el a\u00f1o 2007, con la llamada \u201cguerra contra el narcotr\u00e1fico\u201d, que el desplazamiento se expandi\u00f3 como una forma de control poblacional y de territorios. Durante ocho a\u00f1os, la CMDPDH document\u00f3 y present\u00f3 informes anuales sobre episodios masivos de desplazamiento, sistematizando informaci\u00f3n y generando an\u00e1lisis que interseccionaron el g\u00e9nero y la pertenencia \u00e9tnica en las causas de la violencia, adem\u00e1s de realizar an\u00e1lisis territoriales a partir de diversas metodolog\u00edas.<\/p>\n\n\n\n A partir de 2018, se han generado tambi\u00e9n algunos esfuerzos institucionales como los diagn\u00f3sticos realizados por el Consejo Nacional de Poblaci\u00f3n (CONAPO)[2] que utilizaron diferentes registros oficiales como los arrojados por el Censo de Poblaci\u00f3n y Vivienda del INEGI y la Encuesta Nacional de Victimizaci\u00f3n y Percepci\u00f3n sobre Seguridad P\u00fablica (ENVIPE), as\u00ed como los datos generados por la academia y la sociedad civil. Tambi\u00e9n se destaca la existencia de otras fuentes, como las del Internal Displacement Monitoring Centre <\/em>(IDMC)[3], organizaci\u00f3n internacional que ha contribuido con datos y an\u00e1lisis sobre el caso mexicano. A ello se suman los aportes de observatorios regionales, como el Observatorio de Seguridad Humana de Apatzing\u00e1n, que han generado investigaciones situadas y colaborativas desde el acompa\u00f1amiento a v\u00edctimas, diagn\u00f3sticos y herramientas metodol\u00f3gicas para comprender las din\u00e1micas del desplazamiento y sus impactos diferenciados en comunidades y territorios. M\u00e1s all\u00e1 de estos esfuerzos, la cuantificaci\u00f3n del desplazamiento sigue siendo un desaf\u00edo debido a las propias caracter\u00edsticas del fen\u00f3meno, que involucra desplazamientos y retornos intermitentes, una larga historia de movilidad interna en M\u00e9xico, as\u00ed como el miedo y el silencio de las v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n Documentaci\u00f3n y luchas judiciales alrededor del desplazamiento forzado interno<\/strong><\/p>\n\n\n\n Este a\u00f1o, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana public\u00f3 un informe que retoma los esfuerzos del registro que se vinieron realizando desde la CMDPDH hasta 2021, con una metodolog\u00eda renovada. Bas\u00e1ndose en el registro hemerogr\u00e1fico, testimonial y de observadores regionales, proponen una triangulaci\u00f3n de datos que les permite validar los n\u00fameros arrojados por la prensa, constatando los casos con organizaciones civiles y validaci\u00f3n de las autoridades. El informe \u201cTraves\u00edas forzadas. Desplazamiento interno en M\u00e9xico en 2024<\/em>\u201d, coordinado por Eugenia Morales Viana y Renata Valdiloo Polo, constituye un nuevo esfuerzo por empujar una agenda pendiente en el pa\u00eds y visibilizar los casos de desplazamiento. <\/p>\n\n\n\n Un aporte central de este informe, es la sistematizaci\u00f3n y el seguimiento de los avances legislativos por estado, informaci\u00f3n que hasta ahora no exist\u00eda de manera concentrada. A estos escasos avances normativos, las autoras suman el registro de sentencias judiciales que, ante la ausencia de un reconocimiento nacional del desplazamiento forzado interno, han sido determinantes para la implementaci\u00f3n de medidas de asistencia humanitaria y de restituci\u00f3n de derechos.<\/p>\n\n\n\n Entre los casos destacados se encuentran los amparos presentados por la Comunidad rar\u00e1muris de Coloradas de la Virgen (Chihuahua), la Comunidad triqui de Tierra Blanca Copala (Oaxaca) y las comunidades rar\u00e1muri de El Manzano y Monterde (Chihuahua). Estos procesos han sentado precedentes en los que el Poder Judicial reconoce los derechos colectivos de comunidades ind\u00edgenas v\u00edctimas de desplazamiento interno y establece obligaciones para el Estado en materia de prevenci\u00f3n, protecci\u00f3n y reparaci\u00f3n. El informe tambi\u00e9n resalta un cuarto caso: el Amparo en Revisi\u00f3n 425\/2024, conocido como Amparo por Omisiones Legislativas y Administrativas (Caso de la Ley General y \u00d3rgano sobre Desplazamiento)<\/em>, impulsado por una organizaci\u00f3n civil para combatir la omisi\u00f3n del Congreso y del Ejecutivo.<\/p>\n\n\n\n Estos logros, que han permitido judicializar violencias hist\u00f3ricamente negadas y generar antecedentes clave para la garant\u00eda de derechos, s\u00f3lo son posibles cuando las personas desplazadas cuentan con el acompa\u00f1amiento de organizaciones capaces de construir, impulsar y sostener estas agendas. En la mayor\u00eda de los casos, miles de personas enfrentan el desplazamiento en soledad, sin apoyo ni posibilidades de acceder a protecci\u00f3n efectiva.<\/p>\n\n\n\n Otro aporte relevante del informe es la incorporaci\u00f3n de testimonios provenientes de diversas regiones del pa\u00eds, recabados por personas que acompa\u00f1an a colectivos, organizaciones y v\u00edctimas. Estos relatos ofrecen una mirada regional compleja, que permite entender el desplazamiento como un fen\u00f3meno no homog\u00e9neo, marcado por causas diversas, trayectorias m\u00faltiples y destinos, muchas veces temporales, que moldean la experiencia de quienes huyen. Tambi\u00e9n advierten que las violencias no se limitan a los lugares de origen: en los sitios de destino, estas se viven de manera diferenciada seg\u00fan la vulnerabilidad de las personas desplazadas.<\/p>\n\n\n\n Estos informes ponen en evidencia la profunda deuda que el Estado tiene con la poblaci\u00f3n desplazada, tanto en el reconocimiento de su condici\u00f3n de v\u00edctimas como en la urgente necesidad de desestandarizar la categor\u00eda de \u201cpersona desplazada\u201d, una demanda que hemos sostenido desde distintos procesos de acompa\u00f1amiento y documentaci\u00f3n. La violencia y el desarraigo impactan de manera especialmente grave a mujeres, personas ind\u00edgenas, campesinas, afrodescendientes y otros grupos hist\u00f3ricamente marginados, quienes padecen formas espec\u00edficas de violencia en los lugares de origen, tr\u00e1nsito y destino. Para muchas comunidades, la discriminaci\u00f3n, el racismo y la violencia institucional se profundizan por su hist\u00f3rica exclusi\u00f3n y su desigual integraci\u00f3n a la naci\u00f3n. Las mujeres, en particular, se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad que las expone a nuevas violencias durante el desplazamiento; mientras que quienes huyen de conflictos hist\u00f3ricos en sus territorios cargan con el estigma y la desconfianza de la sociedad en los lugares de llegada. En contraste con la idea extendida de que huir implica quedar \u201ca salvo\u201d, la experiencia de numerosas poblaciones muestra que en los destinos persisten los riesgos y distintas formas de violencia.<\/p>\n\n\n\n Desestandarizar la categor\u00eda de persona desplazada tambi\u00e9n implica descentrar la mirada de lo humano, incluyendo la dimensi\u00f3n territorial: el desplazamiento transforma los espacios, provoca el despoblamiento de amplias zonas, fractura los tejidos comunitarios y abre paso al avance de enclaves de alta rentabilidad econ\u00f3mica -megaproyectos, industrias extractivas o actividades il\u00edcitas- que se asientan sobre territorios vaciados por la violencia. Abordar el fen\u00f3meno desde esta perspectiva m\u00e1s amplia permitir\u00eda comprenderlo no s\u00f3lo como una tragedia humanitaria, sino tambi\u00e9n como un proceso de reordenamiento territorial que redistribuye el poder, el control de los recursos y el acceso a la tierra. <\/p>\n\n\n\n Las nuevas violencias no se reducen \u00fanicamente a la incorporaci\u00f3n de tecnolog\u00edas de guerra, sino que constituyen un signo evidente de las profundas reconfiguraciones territoriales en curso. Estas transformaciones abren nuevas preguntas en torno al fen\u00f3meno del desplazamiento, no s\u00f3lo respecto a sus causas inmediatas, sino tambi\u00e9n sobre sus m\u00faltiples efectos en la vida en los territorios, la reproducci\u00f3n y profundizaci\u00f3n de desigualdades hist\u00f3ricas, as\u00ed como sobre las capacidades de resistencia y reconfiguraci\u00f3n comunitaria frente a los embates de la expansi\u00f3n del capitalismo por despojo y la reterritorializaci\u00f3n forzada.<\/p>\n\n\n\n Natalia de Marinis es Profesora investigadora del CIESAS-sede CDMX. Coordinadora del Laboratorio de Antropolog\u00eda de las Justicias y las Violencias, un programa especial del CIESAS dedicado a la documentaci\u00f3n y an\u00e1lisis de las violencias desde el acompa\u00f1amiento a colectivos de v\u00edctimas y otros actores involucrados en el campo de la justicia y la reparaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El Grupo de Investigaciones en Antropolog\u00eda Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producci\u00f3n de conocimiento social y pol\u00edticamente relevante en torno a la desaparici\u00f3n forzada de personas en M\u00e9xico. En esta columna Con-ciencia, participan miembros del Comit\u00e9 Investigador, estudiantes asociados a los proyectos del Grupo y personas columnistas invitadas . Las responsables de la misma son Erika Liliana L\u00f3pez y Sandra Gerardo (Ver m\u00e1s: http:\/\/www.giasf.org<\/a>)<\/p>\n\n\n\n La opini\u00f3n vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posici\u00f3n de adondevanlosdesaparecidos.org o de las personas que integran el GIASF<\/p>\n\n\n\n Foto de portada: Serapaz A.C.<\/p>\n\n\n\n Referencias:<\/strong><\/p>\n\n\n\n [1] Los informes sobre Episodios masivos de desplazamiento forzado interno de la Comisi\u00f3n Mexicana de Defensa y Promoci\u00f3n de los Derechos Humanos pueden consultarse en https:\/\/desplazamiento.cmdpdh.org\/informes-anuales\/<\/a><\/p>\n\n\n\n [2] Los informes sobre Episodios masivos de desplazamiento forzado interno de la Comisi\u00f3n Mexicana de Defensa y Promoci\u00f3n de los Derechos Humanos pueden consultarse en https:\/\/desplazamiento.cmdpdh.org\/informes-anuales\/<\/a><\/p>\n\n\n\n [3] Los monitoreos del Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), est\u00e1n disponible en https:\/\/www.internal-displacement.org\/countries\/mexico\/?rtbref=rtb_rktiduonq5jx7bcxp79r_1714305801038<\/a><\/p>\n