{"id":98206,"date":"2025-08-27T06:34:12","date_gmt":"2025-08-27T12:34:12","guid":{"rendered":"https:\/\/diarioavanzada.com.mx\/?p=98206"},"modified":"2025-08-27T07:23:50","modified_gmt":"2025-08-27T13:23:50","slug":"la-fiscalia-anticorrupcion-como-instrumento-de-persecucion-politica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diarioavanzada.com.mx\/?p=98206","title":{"rendered":"La Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n del Estado como instrumento de persecuci\u00f3n pol\u00edtica"},"content":{"rendered":"\n

ESTRICTO DERECHO<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Esta fiscal\u00eda forma parte del Sistema Nacional Anticorrupci\u00f3n, creado por una reforma realizada a la Constituci\u00f3n federal en 2015, que buscaba que la corrupci\u00f3n disminuyera o se erradicara; sin embargo, en la pr\u00e1ctica ha servido solo para crear m\u00e1s burocracia que poco trabaja, pero bien que cobra, a cambio de servirle al gobierno para perseguir penalmente a quienes representan alguna disidencia. <\/p>\n\n\n\n

En Colima, tuvimos el primer fiscal anticorrupci\u00f3n en septiembre de 2018, del que no se recuerda algo memorable. Luego vino otro, el tristemente c\u00e9lebre Mario Ochoa, que igual pas\u00f3 con m\u00e1s pena que gloria. Como renunci\u00f3 el a\u00f1o pasado, se nombr\u00f3 a Esperanza Ram\u00edrez Vela, actual titular, que sigue la misma estela de sus antecesores. \u00bfPara qu\u00e9 ha servido durante estos siete a\u00f1os la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n? Solamente para amedrentar a quienes no se someten y, al mismo tiempo, para encubrir a quienes s\u00ed negocian con el gobierno.<\/p>\n\n\n\n

Tenemos casos notables, como el del exgobernador Mario Anguiano, quien debe m\u00e1s de 500 millones, sin que el anterior gobierno o el actual hicieran algo para recuperar ese dinero. El propio Nacho Peralta, de quien fueron empleados tanto la gobernadora como el fiscal general, se sigue paseando por Colima, aun cuando Indira Vizca\u00edno declar\u00f3 en su momento que hab\u00eda generado un da\u00f1o al erario por m\u00e1s de once mil millones de pesos. Ah\u00ed est\u00e1n sus declaraciones en medios de comunicaci\u00f3n, a los que les dijo: \u201csi hay irregularidades cuya consecuencia fuese c\u00e1rcel y a nosotros nos corresponde denunciar, haremos lo que nos toque\u201d. Hasta ahora, pareciera que lo \u00fanico que ha hecho son acuerdos inconfesables, para garantizarleimpunidad.<\/p>\n\n\n\n

Hay m\u00e1s casos, como el del actual senador Virgilio Mendoza, denunciado por irregularidades detectadas en el ayuntamiento de Manzanillo. \u00bfYa avanzaron esas denuncias? \u00bfQu\u00e9 desenlace tuvieron? Nada. Y luego, el caso m\u00e1s emblem\u00e1tico, Locho Mor\u00e1n, quien dej\u00f3 un desastre financiero en el ayuntamiento capitalino; hasta la fecha, el actual alcalde sigue pagando sus deudas quedej\u00f3. Adem\u00e1s, hay una denuncia en su contra porque,seg\u00fan declar\u00f3 el l\u00edder sindical, desvi\u00f3 m\u00e1s de 52 millones de pesos. \u00bfQu\u00e9 pas\u00f3? Nada. Con la hipocres\u00eda que lo caracteriza, Locho prefiri\u00f3 arrodillarse ante la gobernadoraa cambio de no enfrentar a la justicia.<\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, tenemos denuncias que desde el oficialismo presentaron contra Griselda Mart\u00ednez y Martha Zepeda, las cuales fueron tramitadas \u00e1gilmente y en unos meses los asuntos llegaron a los juzgados penales, donde todo se le concedi\u00f3 a la fiscal\u00eda, aunque instancias superiores evidenciaron despu\u00e9s que todo eran artima\u00f1as y las archivaron. <\/p>\n\n\n\n

\u00bfHasta cu\u00e1ndo seguir\u00e1n siendo tan sinverg\u00fcenzas? \u00bfCu\u00e1ndo concluir\u00e1n las investigaciones que hay en contra de los aliados de la gobernadora? \u00bfCu\u00e1ndo solicitar\u00e1 la fiscal anticorrupci\u00f3n que les retiren el fuero a los legisladores federales se\u00f1alados, para proceder en su contra? Ojal\u00e1 la infame fiscal anticorrupci\u00f3n pudiera explicarnos por qu\u00e9 aplica selectivamente la justicia, ya que eso tambi\u00e9n es corrupci\u00f3n y, tarde o temprano, ella, sus agentes del Ministerio P\u00fablico, el fiscal general, la gobernadora, ser\u00e1n investigados para fincarlesresponsabilidades administrativas y penales por estas graves irregularidades. <\/p>\n\n\n\n

Para no ir tan lejos, la persecuci\u00f3n pol\u00edtica m\u00e1s reciente de la fiscal\u00eda especializada ocurri\u00f3 la semana pasada, en una audiencia celebrada en Manzanillo, ante una jueza penal de ese partido judicial, donde hizo de todo para consumar una venganza m\u00e1s de Indira Vizca\u00edno en contra de quienes se atreven a cuestionar su p\u00e9simo gobierno. <\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 pas\u00f3 en este asunto? El Ayuntamiento de Manzanillo aprob\u00f3 dos puntos del orden del d\u00eda en lasesi\u00f3n extraordinaria de cabildo n\u00famero 90, celebrada el 04 de octubre de 2024, mediante los cuales adicion\u00f3 el tabulador de remuneraciones y aprob\u00f3 una transferencia presupuestal. La fiscal\u00eda y la jueza consideraron que estas determinaciones fueron il\u00edcitas, lo cual es falso. Al respecto, nuestro C\u00f3digo Penal, en el art\u00edculo 18, tercer p\u00e1rrafo, se\u00f1ala expresamente que las instituciones p\u00fablicas de la entidad, como es el caso de unayuntamiento, no pueden tener responsabilidad penal, ni se les puede imponer sanci\u00f3n alguna.<\/p>\n\n\n\n

Adicionalmente, no hay ilicitud porque el Ayuntamiento actu\u00f3 de acuerdo con las facultades que le otorgan la Constituci\u00f3n federal, la Constituci\u00f3n estatal, la ley del municipio libre, entre otras, en las que se establece que, por conducto del cabildo respectivo, puede administrar libremente su hacienda, aprobar su presupuesto de egresos (el cual incluye el tabulador de remuneraciones) con base en sus ingresos disponibles y, la m\u00e1s importantepara el caso, autorizar transferencias de partidas presupuestales.<\/p>\n\n\n\n

Si la fiscal\u00eda anticorrupci\u00f3n y la jueza penal desconocen el derecho constitucional, si no dominan el derecho administrativo, y tampoco saben de derecho municipal, y por eso consideraron que esas determinaciones las adoptaron las personas denunciadas, en ejercicio de sus cargos, pues qu\u00e9 lamentable, porque el marco jur\u00eddico vigente es claro al indicar que se trata de facultades del Ayuntamiento, no de quienes lo integran en lo individual, ni de otros funcionarios municipales, m\u00e1xime que la supuesta ilicitud de las decisiones del Ayuntamiento no le corresponde decidirla a la fiscal\u00eda anticorrupci\u00f3n, ni a la jueza penal.<\/p>\n\n\n\n

No pasa inadvertido que nuestro C\u00f3digo Penal establece, en el art\u00edculo citado, que las personas f\u00edsicas que integran una instituci\u00f3n p\u00fablica (en este caso, quienes ocupaban la titularidad de la presidencia municipal y de las regidur\u00edas) s\u00ed pueden incurrir en responsabilidad penal; empero, eso jam\u00e1s podr\u00eda ocurrir respecto de las facultades que son propias del Ayuntamiento, dado que esta disposici\u00f3n se refiere a los supuestos en los que esos servidores p\u00fablicos act\u00faan de manera individual, como podr\u00eda ocurrir trat\u00e1ndose de sobornos o amenazas, por ejemplo. <\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, cuando las personas que integran el m\u00e1ximo \u00f3rgano de gobierno del municipio se re\u00fanen en sesi\u00f3n de cabildo y ejercen las facultades que constitucional y legalmente tiene asignadas el Ayuntamiento, no podr\u00e1 hablarse de responsabilidad penal, porque se trata de larepresentaci\u00f3n del pueblo, que es quien finalmente est\u00e1 tomando esa determinaci\u00f3n por medio de quienes eligi\u00f3 para que ocuparan esos cargos, de ah\u00ed que el \u00f3rgano colegiado que conforman est\u00e9 exento de sanci\u00f3n alguna cuando adopte una decisi\u00f3n en esos t\u00e9rminos. <\/p>\n\n\n\n

Por ende, es m\u00e1s absurdo a\u00fan que la fiscal\u00eda y la jueza hayan llegado al extremo de considerar que los actos preparatorios de una sesi\u00f3n de cabildo, como la propuesta de un punto de acuerdo por parte de la comisi\u00f3n de hacienda, o la solicitud de transferencia presupuestal delentonces tesorero, son conductas que constituyen por s\u00ed solas un delito, cuando son actos que no tienen trascendencia en el \u00e1mbito jur\u00eddico y, en tanto no sean aprobadas por el Ayuntamiento, no surten efecto alguno, y si las aprueba, dejan de existir legalmente, al sersustituidas por la decisi\u00f3n adoptada por el \u00f3rgano colegiado.<\/p>\n\n\n\n

Consecuentemente, debe quedar claro que el ayuntamiento de Manzanillo ten\u00eda aprobado un tabulador salarial, dentro de su presupuesto de egresos para 2024, y como su situaci\u00f3n financiera lo permit\u00eda, adicion\u00f3 una prestaci\u00f3n de subsistencia a dicho tabulador, en beneficio de m\u00e1s de 360 trabajadores y sus familias, haciendo el ajuste respectivo al presupuesto. Eso no es delito. No obstante, en la audiencia celebrada el martes pasado se dijo que se hab\u00eda aprobado un bono, y no, nunca se aprob\u00f3 un bono y, a\u00fan en el supuesto sin conceder de que s\u00ed se hubiera aprobado, eso tampoco es delito, porque el art\u00edculo 127 Constitucional, que regula las remuneraciones de los servidores p\u00fablicos, no lo proh\u00edbe, e incluso dice que forma parte de la remuneraci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

Entonces, al sostener que se cometi\u00f3 un delito porque supuestamente se otorg\u00f3 un bono, en t\u00e9rminos de la ley de remuneraciones local, la fiscal\u00eda y la jueza fueron en contra de lo establecido en la Constituci\u00f3n Federal. De hecho, en la audiencia se solicit\u00f3 que se hiciera un control de constitucionalidad, para aclarar cu\u00e1l norma deb\u00eda prevalecer, a lo que respondi\u00f3 que como jueza del fuero com\u00fan no estaba facultada para ello, lo cual es sumamente vergonzoso, porque desde el a\u00f1o 2012 hay jurisprudencia obligatoria que le impone este deber atodos los jueces del pa\u00eds. Sin embargo, la jueza prefiri\u00f3 salirse por la tangente para, m\u00e1s adelante, decir otra barbaridad: que las determinaciones del Ayuntamiento eran il\u00edcitas porque, una vez aprobados al inicio del a\u00f1o, estos ordenamientos no pod\u00edan ser modificados, evidenciando as\u00ed, una vez m\u00e1s, su grave desconocimiento de la normatividad aplicable. <\/p>\n\n\n\n

Sobre este tema, la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria aplicable a los municipios regula c\u00f3mo deben hacerse las adecuaciones presupuestarias; se\u00f1ala que es una atribuci\u00f3n del ayuntamiento; dice que el tesorero las puede solicitar y, sobre todo, establece en qu\u00e9 casos pueden llevarse a cabo transferencias presupuestales, y uno de ellos es cuando se hicieron ahorros durante elejercicio fiscal respectivo. Todas estas disposiciones sea tendieron, porque la transferencia se hizo entre partidas del cap\u00edtulo de servicios personales, y con recursos de ese mismo cap\u00edtulo; esto es, era dinero presupuestado para que se gastara en servicios personales y en eso se erog\u00f3. No se tom\u00f3 dinero que fuera para obra p\u00fablica, no se dejaron de otorgar apoyos sociales, no se quit\u00f3 ese recurso a partidas destinadas a alumbrado p\u00fablico o a mantenimiento de jardines, ni estaba destinado paracomprar equipos de c\u00f3mputo o veh\u00edculos para la recolecci\u00f3n de basura. Nada de eso. Nunca hubo afectaci\u00f3n a la poblaci\u00f3n del municipio. El dinero siempre estuvo destinado para el cap\u00edtulo de servicios personales, o sea, para el tema de n\u00f3mina, y los ahorros hechos a lo largo del a\u00f1o se utilizaron para darle suficiencia presupuestal a esta prestaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Y todo se hizo en atenci\u00f3n al principio de libre administraci\u00f3n de la hacienda p\u00fablica municipal que, como su propia denominaci\u00f3n lo indica, implica que los ayuntamientos pueden disponer de los recursos que conforman la hacienda p\u00fablica del municipio sin estar sujetos a directrices de otras entidades o dependencias. Sin embargo, la jueza penal dijo que, en su opini\u00f3n, no hab\u00eda libre administraci\u00f3n porque eran participaciones federales, lo cual es una aberraci\u00f3n porque, primero, no eran participaciones federales, y segundo, aun suponiendo que lo hubieran sido, al ser entregadas al municipio ya forman parte de su hacienda p\u00fablica y, por ende, quedan sujetas al principio de libre administraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En cuanto al peculado, se argument\u00f3 a la jueza que, por as\u00ed decirlo el C\u00f3digo Penal, ese delito solamente se configura trat\u00e1ndose de recursos pertenecientes al estado. Y la jueza se\u00f1al\u00f3 que, en su criterio, el estado incluye alos municipios, pero no; en esta materia rige la garant\u00eda de exacta aplicaci\u00f3n de la ley penal, y si el peculadosolamente se refiere a dinero del estado, no puede asumirse algo distinto. Al respecto, se invocaron todos los art\u00edculos en los que se distingue claramente entre estado y municipios, pero fue evidente que la jueza ten\u00eda una instrucci\u00f3n muy clara: vincular a proceso a todas las personas imputadas, aun cuando ello implicara decir todos los disparates que dijo y, con ello, tirar por la borda la confianza ciudadana en las instituciones. <\/p>\n\n\n\n

Afortunadamente, esta decisi\u00f3n no es definitiva. Se puede impugnar mediante una apelaci\u00f3n o un amparo, para que un tribunal de mayor jerarqu\u00eda, con mejor criterio y m\u00e1s conocimiento jur\u00eddico y, sobre todo, que a\u00fan cuente conindependencia, objetividad e imparcialidad, pueda corregir esta atrocidad, lo cual suceder\u00e1 muy pronto. Es cuanto.<\/p>\n\n\n\n

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OTROS\u00cd 1.<\/strong> El pr\u00f3ximo lunes presenciaremos un cambio trascendental en la vida jur\u00eddica de M\u00e9xico. El Poder Judicial de la Federaci\u00f3n, como lo conocemos hasta ahora, dejar\u00e1 de existir en gran medida. Entrar\u00e1n en funciones los jueces del bienestar, que estar\u00e1n al servicio del r\u00e9gimen, alineados con el oficialismo. Un escenario nada positivo.<\/p>\n\n\n\n

OTROS\u00cd 2.<\/strong> Mi solidaridad con las regidoras Martha Zepeda y Sara Valdovinos, a quienes la jueza que las vincul\u00f3 a proceso tambi\u00e9n decidi\u00f3 separarlas de su cargo, solo porque la fiscal\u00eda as\u00ed lo quiso, para que ya no evidencien las insuperables limitaciones de Rosa Bayardo. Si la vinculaci\u00f3n a proceso fue ilegal, la suspensi\u00f3n del cargo es il\u00edcita, porque la determin\u00f3 sin datos de prueba, sin sustento legal, sin argumentos v\u00e1lidos. \u00a1Qu\u00e9 terrible es padecer a una jueza de consigna!<\/p>\n\n\n\n

OTROS\u00cd 3.<\/strong> Hablando de delitos, tambi\u00e9n la gobernadora y su secretaria de finanzas, as\u00ed como los presidentes municipales de Ixtlahuac\u00e1n y Armer\u00eda, y el propio fiscal general, entre otros, est\u00e1n cometiendo el delito de desv\u00edo de cuotas y aportaciones, al no entregar al IPECOL las cantidades que descuentan a sus trabajadores. Se est\u00e1n quedando con el dinero que cada quincena le quitan a sus subordinados, as\u00ed como le hizo Locho en su momento. Habr\u00e1 que presentar la denuncia respectiva, para ver si la fiscal anticorrupci\u00f3n act\u00faa con la misma rapidez que lo hace con los opositores al oficialismo.<\/p>\n\n\n\n

OTROS\u00cd 4.<\/strong> La jueza Brenda Ivonne Zepeda Alcaraz, quien el martes pasado se coludi\u00f3 con la fiscal\u00eda anticorrupci\u00f3n para vincular a proceso a doce personas y, adem\u00e1s, privar de su cargo a dos de ellas, pr\u00f3ximamente recibir\u00e1 la recompensa a su abyecci\u00f3n: a partir del 1\u00b0 de octubre de 2025, cuando asuma como nueva jueza del bienestar, se le autorizar\u00e1 su cambio de adscripci\u00f3n de Manzanillo a Colima. \u00bfAs\u00ed o m\u00e1s descarados?<\/p>\n\n\n\n

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