Colima, M\u00e9xico, Avanzada (05\/08\/2025).- A pesar de contar desde 2015 con una Ley de Extinci\u00f3n de Dominio dise\u00f1ada para debilitar las estructuras econ\u00f3micas del crimen organizado, en Colima no existe registro p\u00fablico de que se haya aplicado con \u00e9xito: no hay casos documentados, sentencias emitidas, bienes transferidos al Estado, ni recursos canalizados hacia la reparaci\u00f3n de v\u00edctimas o programas sociales.<\/p>\n\n\n\n
La ley, aprobada por el Congreso del Estado el 15 de diciembre de 2014 y con entrada en vigor al a\u00f1o siguiente, contempla una amplia gama de delitos graves como delincuencia organizada, narcotr\u00e1fico, secuestro, extorsi\u00f3n, peculado, enriquecimiento il\u00edcito y operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita. Sin embargo, a m\u00e1s de una d\u00e9cada de su promulgaci\u00f3n, sigue siendo una herramienta desaprovechada en la pr\u00e1ctica: no hay evidencia de decomisos efectivos ni de un solo procedimiento judicial concluido bajo este marco normativo.<\/p>\n\n\n\n
En un contexto de violencia creciente, donde los grupos criminales mantienen capacidad operativa, armamento, control territorial e influencia en instituciones, la inacci\u00f3n del Estado en materia de extinci\u00f3n de dominio representa una omisi\u00f3n cr\u00edtica. Mientras se fortalecen operativamente, los c\u00e1rteles tambi\u00e9n lo hacen financieramente. Sus ganancias derivadas del narcotr\u00e1fico, el robo de combustible y otras actividades il\u00edcitas no solo les permiten sostener sus estructuras, sino tambi\u00e9n corromper autoridades, reclutar sicarios, intimidar comunidades enteras y expandir su presencia.<\/p>\n\n\n\n
Quitarles el poder econ\u00f3mico \u2014m\u00e1s all\u00e1 del castigo penal\u2014 es una estrategia probada para frenar su expansi\u00f3n. As\u00ed lo demuestra el modelo estadounidense del \u201ccivil asset forfeiture\u201d, un procedimiento judicial que permite al gobierno federal incautar bienes asociados al crimen sin necesidad de una condena penal previa. A trav\u00e9s de este esquema, el Departamento de Justicia de E.U. ha logrado recuperar m\u00e1s de 12 mil millones de d\u00f3lares desde el a\u00f1o 2000, destinados a v\u00edctimas, programas de reparaci\u00f3n y fortalecimiento institucional.<\/p>\n\n\n\n
Uno de los casos m\u00e1s emblem\u00e1ticos es el del ex polic\u00eda mexicano Gilberto Lerma Plata, vinculado al C\u00e1rtel del Golfo, quien fue condenado en Texas en 2013 y obligado a pagar 10 mil millones de d\u00f3lares, monto equivalente a las ganancias estimadas de ese grupo delictivo entre 2006 y 2011. Otros casos incluyen a grandes bancos como HSBC y Wachovia, sancionados con 1.93 mil millones y 110 millones de d\u00f3lares, respectivamente, por facilitar operaciones de lavado de dinero procedente del narcotr\u00e1fico mexicano. Buena parte de esos recursos fueron confiscados y destinados a programas p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n
En contraste, Colima no ha incautado ni un peso por la v\u00eda de extinci\u00f3n de dominio. A pesar de contar con un marco legal robusto, las autoridades estatales han sido omisas en activar esta herramienta que permitir\u00eda recuperar inmuebles, veh\u00edculos, dinero en efectivo, joyas, cuentas bancarias y empresas fachada, todos ellos activos vinculados a estructuras delictivas.<\/p>\n\n\n\n
Los recursos que podr\u00edan haber sido recuperados servir\u00edan no s\u00f3lo para enfrentar la violencia, sino para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, impulsar programas sociales en comunidades afectadas y resarcir el da\u00f1o a v\u00edctimas directas. La falta de voluntad o de capacidad para aplicar la ley ha impedido que esos bienes pasen del control criminal al uso p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n
En lugar de traducirse en beneficios sociales, los activos del crimen organizado permanecen en manos privadas o son reciclados mediante esquemas de lavado, lo que perpet\u00faa el c\u00edrculo de violencia, impunidad y corrupci\u00f3n. Cada a\u00f1o que pasa sin acciones concretas en esta materia representa una p\u00e9rdida millonaria para el Estado, no s\u00f3lo en t\u00e9rminos econ\u00f3micos, sino tambi\u00e9n en la oportunidad de devolverle poder a una ciudadan\u00eda agraviada.<\/p>\n\n\n\n
Colima tiene una ley vigente y una realidad urgente. La pregunta es por qu\u00e9 no se ha hecho nada.<\/p>\n\n\n\n
*En la fotograf\u00eda, algunos de los integrantes de la Mesa de Coordinaci\u00f3n Estatal para la Construcci\u00f3n de Paz y Seguridad.<\/em><\/p>\n